Los precedentes de la Junta Electoral que sustentan la denuncia del alcalde de Elche al PSOE por un acto en la jornada de reflexión

Este sábado, el alcalde de Elche, el 'popular' Pablo Ruz, presentó una denuncia ante la Junta Electoral Central contra la agrupación local del PSOE por la celebración de un acto político en plena jornada de reflexión de las elecciones al Parlamento de Aragón. El evento, celebrado en la sede socialista, sirvió para la presentación de Héctor Díez como candidato a la Alcaldía de Elche y tuvo un contenido claramente electoral pese a coincidir con un día en el que la ley prohíbe expresamente cualquier actividad de campaña.

Según el escrito registrado, el acto sirvió para anunciar públicamente la candidatura municipal y para movilizar a la militancia, coincidiendo con el día en que la legislación electoral blinda el proceso frente a cualquier actividad de captación de voto. El alcalde solicita a la Junta Electoral Central la incoación de un expediente sancionador y la adopción de medidas cautelares, al considerar que la celebración del acto vulnera el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

No es la primera vez que el PSOE se ve envuelto en un procedimiento de estas características. La Junta Electoral Central ya sancionó en 2024 a los socialistas por la difusión de propaganda política durante una jornada de reflexión, en un caso que sentó un criterio claro sobre los límites de actuación de los partidos cuando la campaña ha concluido.

Los hechos se produjeron el 12 de mayo de 2024, jornada de reflexión de las elecciones al Parlamento de Cataluña. Ese día, la cuenta oficial del PSOE de Madrid publicó en la red social X una imagen del candidato del PSC, Salvador Illa, acompañada únicamente del texto «Salvador», un mensaje que reproducía la estética y los códigos utilizados durante la campaña electoral.

El criterio de la Junta Electoral

La publicación dio lugar a la incoación de un expediente sancionador por parte de la Junta Electoral Central, que en su resolución de 12 de diciembre de 2024 concluyó que la actuación vulneraba el artículo 53 de la LOREG. El órgano electoral subrayó que «no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado», y recalcó que esta prohibición opera con independencia de la intención alegada por la formación responsable.

La Junta rechazó los argumentos del PSOE de Madrid, que defendió que se trataba de «un gesto de cariño y afecto» y que no existía petición expresa de voto. En su análisis, el órgano arbitral consideró que la identidad entre la imagen difundida y la propaganda utilizada durante la campaña hacía que el mensaje pudiera ser calificado «objetivamente» como propaganda electoral, sin necesidad de valorar la intencionalidad.

La resolución también dejó claro que el uso de redes sociales cumple el requisito de difusión pública exigido por la jurisprudencia y que la prohibición del artículo 53 de la LOREG se aplica «también a cualquier formación política», aunque no concurra al proceso electoral afectado.

Una sanción firme

Tras descartar la existencia de delito penal, la Junta Electoral Central impuso una sanción administrativa de 250 euros a la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, como responsable de la cuenta desde la que se difundió el mensaje. La multa se fijó en el tramo inferior del baremo legal, atendiendo a la retirada inmediata de la publicación y a su impacto limitado, pero la infracción quedó plenamente acreditada.

Ese precedente vuelve ahora a situar el foco sobre la actuación del PSOE en Elche, donde la denuncia del alcalde obliga a la Junta Electoral Central a pronunciarse de nuevo sobre la celebración de actos con contenido político durante una jornada de reflexión.