El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivoAyuntamiento de Alicante

Barcala reafirma su compromiso de seguir trabajando por Alicante y descarta centrarse en «especulaciones»

El alcalde defiende su gestión, anuncia medidas contundentes en el caso de las viviendas protegidas y asegura que no permitirá irregularidades «caiga quien caiga»

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reiterado este miércoles que su prioridad ha sido y es la gestión municipal, no las peticiones de dimisión formuladas por los grupos de la oposición a raíz de la polémica sobre las viviendas de protección pública. «Yo estoy en trabajar por y para Alicante», ha afirmado ante los medios, insistiendo en que su foco está en sacar adelante el presupuesto y los proyectos estratégicos de la ciudad.

Preguntado en varias ocasiones por su continuidad, Barcala ha evitado entrar en ese debate y subraya que está centrado en «poner en marcha el presupuesto» y en impulsar los asuntos que, a su juicio, importan a los alicantinos. Ha recalcado que la ciudad «tiene que estar moviéndose constantemente» y que esa ha sido su línea de actuación.

El primer edil ha reconocido que el caso de las VPO le preocupa «una barbaridad» y que le afecta tanto en el plano personal como en el político. En estas dos últimas semanas, ha explicado, el equipo de Gobierno ha adoptado medidas para afrontar la situación y trasladar un mensaje claro de firmeza.

Medidas «con absoluta dureza»

Barcala ha asegurado que el Ayuntamiento ha activado todos los mecanismos a su alcance para evitar que cualquier actuación irregular quede impune. «Lo que se haya hecho de forma irregular no va a quedar impune en absoluto», ha señalado. También ha garantizado que quienes no tengan derecho a acceder a una vivienda protegida no la conservarán.

El alcalde 'popular' ha defendido que el Consistorio cumplió con su papel al poner a disposición el suelo mediante licitación pública y tramitar la correspondiente licencia de obras. La gestión de la cooperativa, precisa, ha correspondido a su entidad gestora, mientras que la supervisión de los expedientes y del cumplimiento de los requisitos ha recaído en la Generalitat. «Los papeles están muy claros y muy distribuidos», ha remarcado.

Asimismo, ha recordado que en el último pleno extraordinario se ha acordado la creación de una comisión no permanente para abordar este asunto. El Grupo Popular ya ha designado a sus representantes, tanto para la presidencia como para las vocalías, tras el requerimiento efectuado por la Secretaría General.

Código ético y nuevas restricciones

En el plano interno, Barcala ha anunciado que la decisión de prohibir a sus concejales, asesores y cargos de confianza optar a viviendas de protección pública. Ha explicado que el equipo de Gobierno ha suscrito un código ético y que ahora lo ha llevado «un punto más allá». Quien no esté dispuesto a cumplirlo, ha advertido, no podrá continuar como edil o cargo de confianza del Partido Popular en el Ayuntamiento.

El alcalde también ha impulsado que la investigación siga su curso tanto en el ámbito autonómico como en el judicial. Ha defendido que no se permitirá que ninguna conducta que pueda ser sancionable, ni penal ni administrativamente, quede sin consecuencias.

Respaldo de Pérez Llorca

En cuanto al contexto político, Barcala rechaza entrar en hipótesis sobre apoyos o escenarios futuros. «No voy a entrar en especulaciones», ha repetido al ser preguntado por la estabilidad del Gobierno municipal en la recta final del mandato. Sí ha confirmado que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, le ha trasladado su respaldo públicamente en un acto celebrado en Orihuela.

El alcalde ha insistido en que encara esta etapa con la voluntad de resolver el problema generado y de garantizar que el objetivo social de la vivienda protegida se cumpla. «Estoy centrado en gestionar y en dar soluciones», ha concluido, reafirmando que su compromiso ha estado y sigue estando en trabajar por Alicante.