Morant pide ahora el apoyo de Vox para revertir el decreto de viviendas protegidas tras meses reclamando su expulsión de las instituciones

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha pedido públicamente a Vox que apoye un cambio en el decreto de 2024 que regula las viviendas de protección pública (VPP) en la Comunidad Valenciana. Lo hace tras la polémica por las adjudicaciones en la promoción Les Naus, en la Playa de San Juan (Alicante), donde, según afirma, de las 140 viviendas «al menos once» presentan hasta ahora «sospecha de adjudicación».

La apelación resulta llamativa por el contraste con su posición hasta la fecha. En mayo de 2025, Morant alertaba de la «nostalgia franquista que tiene la ultraderecha» y sostenía que el expresidente Carlos Mazón «se ha vendido a Vox». Entonces reclamaba que el PP debía «expulsar a la ultraderecha de las instituciones». Ahora, en cambio, emplaza a ese mismo partido a facilitar la reversión de una norma que salió adelante con sus votos.

Este jueves, en declaraciones a los medios en la sede socialista de Alicante, Morant ha cargado contra la formación de Santiago Abascal por estar «hipócritamente poniéndose del lado de la defensa de lo público» cuando, a su juicio, «fue Vox con el PP» quienes «cambiaron las normas precisamente para permitir la perversión». «Quiero poner a Vox delante del espejo», ha afirmado.

El cambio normativo y sus efectos

El decreto de 2024, aprobado por el PP con el apoyo de Vox y rechazado por los socialistas, modificó los requisitos de acceso a las VPP. Según explica Morant, con la normativa vigente ya no es necesario estar inscrito como demandante y «puedes cobrar hasta 3.000 euros al mes» y optar a una de estas viviendas.

Para la dirigente socialista, esa reforma «ha convertido en legal lo que es absolutamente ilegal». En ese contexto, ha lanzado un mensaje directo a los de Abascal: «A la gente de Vox yo le digo que, si quieren demostrar que efectivamente no son cómplices de que volvamos al pelotazo urbanístico en la Comunitat Valenciana, lo que tienen que hacer es impulsar, o si lo impulsamos nosotros, que volvamos a la norma anterior».

La petición se produce en plena investigación judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha incoado diligencias previas tras la denuncia presentada por Manos Limpias contra nueve personas, entre ellas la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez, una exdirectora general y otros empleados municipales.

«¿Alguien cree que es casualidad que justamente conformen esa cooperativa y sean adjudicatarios una concejal, el técnico municipal, el jefe de gabinete de una consellera?», plantea Morant, quien considera que desde el PP «se aprovechan del dinero público» y «de la vivienda pública».

De la descalificación al llamamiento

El giro discursivo es evidente. En Alcoy, en mayo, Morant sostenía que mantener acuerdos con Vox suponía «retroceder años y años» y criticaba que el PP no rompiera con la formación de Abascal. «Lo que tiene que hacer el Partido Popular es expulsar a la ultraderecha de las instituciones», dijo entonces.

Menos de un año después, la líder del PSPV necesita que esos mismos diputados apoyen la vuelta al marco anterior para deshacer una reforma que considera lesiva. La presión política se combina con la vía judicial: el PSPV pedirá personarse en la causa abierta en Alicante y exige la apertura de «un expediente de devolución de estas adjudicaciones, que son, desde luego, el producto de todo un sistema que ha sido corrompido».

«Nosotros entendemos que aquí ha habido delito y, si hay delito, dentro de la persecución del delito está resarcir a la administración pública, que devuelvan lo que han conseguido a través de esta actividad delictiva», ha afirmado. Y añadie: «No hace falta que llegue la justicia a una condena para que la política actúe».

En las Cortes Valencianas, el grupo socialista ha solicitado una comisión de investigación para que comparezcan el actual presidente, el expresidente Carlos Mazón, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y también Vox, por su papel en la modificación normativa.

La estrategia deja a Morant en una posición incómoda: después de reclamar el aislamiento institucional de la formación de Abascal y advertir de su «nostalgia franquista», ahora le pide que sea decisiva para remar a favor de su estrategia de oposición.