La Generalitat pide a la Policía Local de Alicante que compruebe quién reside en las viviendas públicas adjudicadas de manera irregular

La polémica surgida a raíz de la supuesta adjudicación irregular de varias viviendas de protección pública (VPP) en la playa de San Juan, en la provincia de Alicante, ha hecho que la Generalitat Valenciana haya pedido a la Policía Local que verifique si los beneficiarios de dichos 140 inmuebles realmente viven en ellos.

En declaraciones a los periodistas en Valencia con motivo de la presentación de una campaña del Plan de Prevención del Uso de la Pornografía entre Adolescentes, la vicepresidenta primera del Ejecutivo regional y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha señalado sobre el escándalo de estas viviendas públicas, que se ha cobrado varias dimisiones, entre ellas la de la concejala de Urbanismo de Alicante, que la Generalitat continúa la investigación del proceso de adjudicación y que se está aumentando la vigilancia.

Así, ha explicado que el pasado viernes se envió una notificación al Ayuntamiento de la ciudad para que informara de quiénes son las personas empadronadas en esas 140 viviendas del residencial Les Naus de la Playa de San Juan y también para que agentes de la Policía Local acudan al lugar y confirmen si los beneficiarios «viven o no viven» allí. Camarero ha señalado que tres de los receptores de las viviendas públicas han pedido la excepcionalidad de residir en el complejo por un traslado al extranjero, y ha añadido que el Consell quiere saber si es cierto.

«Vigilando y actuando»

Paralelamente, la Consellería ha acudido al Registro de la Propiedad para comprobar si se han registrado las personas que visaron o que solicitaron esa documentación «para hacer toda la comprobación» y saber «si quien pidió el visado es quien se ha registrado, y si quien se ha registrado es quien vive en las viviendas».

Según la dirigente, el próximo acaba el plazo legal de diez días dado a la promotora de la cooperativa para que dé la información de que dispone del proceso y el siguiente lunes el periodo dado a los adjudicatarios para comunicar los datos solicitados complementarios, por lo que en la Generalitat está «todavía esperando» que se le remita «esa información».

Por todo ello, la vicepresidenta primera ha insistido en que la Administración autonómica está «hoy vigilando y actuando» y, además, ha mejorado «las normas que existían con el Gobierno del Botánico» porque, ha recordado, a estos pisos objeto de investigación se empezaron a apuntar interesados en 2018, en uno de los bloque y en 2021 en el otro, ambos años cuando gobernaba el Consell del socialista Ximo Puig.