Génova no se plantea por ahora medidas contra Mazón: «Su situación procesal es la misma que ayer»

La situación política del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se ha convertido en uno de los temas principales del debate político después de que la jueza que instruye la investigación por la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 haya elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa con tal de que se impute al exmandatario.

En este sentido, el PP nacional no se plantea tomar medidas contra Mazón tras el auto de la jueza de la magistrada porque entiende que «no hay novedades» y «su situación procesal es la misma que ayer», según han indicado fuentes de la dirección del partido.

En las filas del PP se remiten además a lo que establecen los Estatutos del partido, que recogen la pérdida de la condición de afiliado tras «ser condenado por un delito mediante sentencia judicial firme». Las normas internas del partido también contemplan la suspensión provisional de militancia de manera «automática» si en un proceso penal se ha dictado auto de apertura de juicio oral, si bien en este caso se alude expresamente a delitos relacionados con la corrupción.

Así se ha pronunciado el PP un día después de que la jueza hablase de «inactividad negligente» de Mazón durante la catástrofe que provocó 230 fallecidos. La decisión se plantea al TSJCV porque Mazón sigue siendo aforado al no haber renunciado a su escaño de diputado en Les Corts.

«No hay novedades sobre Mazón»

Tras ese auto de Nuria Ruiz Tobarra, en Génova sostienen que «no hay novedades» sobre Mazón. «La situación procesal es la misma que ayer», han señalado fuentes de la dirección del PP, que rechazan hacer elucubraciones sobre qué hará el partido en caso de que el TSJCV impute finalmente al expresidente de la Generalitat.

Sobre si el PP considera duro el auto de la jueza de la dana, el PP nacional rechaza entrar en valoraciones y expresan su respeto a las decisiones de la jueza. «No vamos a calificar decisiones judiciales», han añadido las mismas fuentes. El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ya expresó este miércoles su respeto por la decisión de la jueza de Catarroja, añadiendo que «la jueza tiene sus responsabilidades» y que el PP acepta «todas las resoluciones judiciales».

Al ser preguntado si cree que Mazón debería dejar el escaño de diputado autonómico, Feijóo abogó por «esperar tranquilamente» a la decisión del Tribunal Superior de Justicia. «Ya les advierto que yo estoy muy tranquilo», remachó.

El precedente de Rita Barberá

Fuentes del PP recuerdan que Mazón ya ha presentado su dimisión y piden no apresurarse en la toma de otras decisiones. En la mente de muchos cargos del PP resuena lo que ocurrió en 2016 con Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y exsenadora del Grupo Popular, que fue imputada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de blanqueo de dinero en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la 'Operación Taula' derivada del caso Imelsa. Otros casos de presunta corrupción afectaron a miembros del equipo de Barberá aunque varias de esas causas fueron archivadas.

Tras esa imputación, Barberá se vio sometida al señalamiento de dirigentes dentro del propio Partido Popular, en un momento en el que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigía a Mariano Rajoy apartar a la exregidora, sin esperar a la sentencia, si quería contar con el apoyo de los 'naranjas' en un segundo intento de investidura.

El 14 de septiembre de 2016, Barberá emitía un comunicado en el que manifestaba su voluntad de no dimitir del Senado y mantener su escaño, aunque pasó al Grupo Mixto, pero solicitaba formalmente su baja en el PP, después de que se lo hubiera pedido la dirección del partido. El 23 de noviembre de 2016 la que fuera alcaldesa de Valencia durante 24 años fallecía tras un infarto en un hotel de Madrid.

Estatutos del PP

Los Estatutos del PP aprobados en el pasado congreso del mes de julio señalan que se pierde la condición de afiliado del partido, entre otras cuestiones, tras «ser condenado por un delito mediante sentencia judicial firme previo informe del Comité de Derechos y Garantías y atendiendo a la gravedad del delito».

Según las citadas reglas internas, son infracciones muy graves «la condena por un delito que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos» en los presentes Estatutos.

En las mismas normas, el PP asegura que las infracciones muy graves serán sancionadas con la suspensión de afiliación por un período de tiempo entre cuatro y seis años; inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo; o expulsión del partido.

En el caso de esas infracciones graves, los Comités Autonómicos de Derechos y Garantías podrán acordar, de forma motivada, la suspensión de funciones de los expedientados que ostenten algún cargo público o cargo de responsabilidad en los órganos del partido. Los Estatutos del PP contemplan la suspensión provisional de militancia de manera «automática» cuando «un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuáles se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento en que se dicte sentencia firme por corrupción».