La jueza de la dana pide la imputación de Mazón sin haber citado a Sánchez y Ribera por la gestión de la riada

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa penal por la gestión política e institucional de la dana que el 29 de octubre de 2024 devastó buena parte de la provincia de Valencia dejando a su paso 230 víctimas mortales y daños materiales multimillonarios, ha elevado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) un escrito razonado en el que solicita formalmente la imputación del que durante la tragedia era el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Este hecho se da justo en el día en el que una acusación particular se ha querellado contra ella por la presunta intervención de su marido en los interrogatorios.

La causa lleva abierta más de un año y en ella, a la espera de la decisión del Tribunal, hay dos investigados, la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que era su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Desde el primer momento del procedimiento judicial, la línea seguida por Ruiz Tobarra se ha centrado en dirimir las posibles responsabilidades de la Administración autonómica, descartando que el Gobierno central hubiese tenido algún papel relevante en el desarrollo del operativo previo y durante las riadas.

Así, la instructora se ha negado en repetidas veces a elevar la condición de testigos a imputados a la delegada del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, o al máximo responsable de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región, José Ángel Núñez.

Ni Sánchez ni ministros han sido citados

En este sentido, mientras por el Juzgado número tres de la localidad valenciana de Catarroja han ido desfilando con la obligación de decir la verdad múltiples cargos de la Generalitat y hasta los presidentes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Juanfran Pérez Llorca (a horas de ser investido nuevo jefe del Consell), y del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ni ministros como Teresa Ribera, a la sazón vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Fernando Grande-Marlaska, del Interior, u Óscar Puente, de Transportes han sido llamados a declarar en los 484 días que hace que se produjeron las inundaciones. Feijóo por interesarse por la situación, sí; Sánchez y sus ministros por la prevención y la gestión, no.

Aquella imborrable jornada, Sánchez no estaba en Valencia. Ni tan siquiera en España, dado que se encontraba de viaje oficial en la India pese a las advertencias previas de Aemet de que se avecinaba un temporal especialmente grave. Tampoco la jueza ha considerado relevante cuál fue la política de movilización de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de cortes de carreteras y vías ferroviarias durante la tarde-noche del 29 de octubre.

Pero, seguramente, lo más polémico sea la desvinculación total que lleva haciendo Ruiz Tobarra en lo concerniente a la CHJ, un organismo dependiente de Transición Ecológica, cuya ministra, la citada Ribera, tampoco estaba en nuestro país, sino en Estrasburgo ultimando el examen que poco después le daría el puesto de comisaria europea.

De este modo, Polo, a pesar de peticiones para que se le investigara, tan solo ha acudido como testigo aunque su departamento es el encargado del mantenimiento de los barrancos que durante la dana acumulaban toneladas de escombros, de su limpieza y de acometer unas obras que llevan años y años esperando a ser licitadas y ejecutadas.

De hecho, el propio Polo reconoció en sede judicial que teniendo la información actualizada, no advirtió al Cecopi, en el que estaba conectado telemáticamente, del caudal que estaba habiendo en el barranco del Poyo, añadiendo que el tema más acuciante era la eventual rotura de la presa de Forata. No le dio más importancia. Todo lo contrario pese a que a las 17:40 horas dicho barranco tenía un caudal «cinco veces superior al del Ebro», tal como señaló este mismo lunes la exjefa de Meteorología de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana, en el marco de la comisión de investigación sobre la tragedia que se lleva a cabo en el Congreso de los Diputados.

Además de la querella, la medida adoptada por la jueza coincide con el segundo día de comparecencias de asociaciones de víctimas en las Cortes regionales -este martes fue el turno de los colectivos más combativos contra la Generalitat, protesta a las puertas del Parlamento autonómico culpando también a Feijóo incluida- y con la confirmación de que este domingo habrá una nueva manifestación contra el exmandatario para exigir que renuncie a su acta de diputado en el Hemiciclo valenciano, algo que por el momento PP y Vox se niegan a hacer.

Por último, la reacción de los 'populares' ante el escrito de la magistrada ha sido la de pedir calma al respecto porque Mazón no está formalmente imputado y esa es una decisión que ha de abordar el TSJCV.