La Justicia avala la moratoria a nuevas viviendas turísticas en Alicante

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, plaza número 1, ha desestimado el recurso presentado por la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur) contra el acuerdo del Ayuntamiento de Alicante de 19 de diciembre de 2024. La decisión municipal suspendía la emisión de informes de compatibilidad urbanística y cualquier título habilitante para el cambio de uso destinado a implantar nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la ciudad.

Con esta resolución judicial, la moratoria sigue en vigor. El alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, asegura que «la suspensión de licencias para apartamentos turísticos se mantiene» tal y como acordó el Pleno municipal. Añade que «defendemos los intereses de los alicantinos en el Ayuntamiento y los defendemos en los tribunales cuando es necesario. Seguiremos defendiendo que queremos ordenar los apartamentos turísticos».

La sentencia considera ajustada a derecho la decisión del Consistorio. En sus fundamentos jurídicos señala que «resulta adecuadamente motivada y justificada la decisión de suspensión, siendo una decisión proporcionada en razón de los fines que -como medida cautelar- persigue; lo que hace que no quepa apreciar la existencia de discriminación alguna, ni infracción de las normas sobre libre prestación de servicios, competencia y unidad de mercado».

El juez subraya además el «interés general buscado a través de la suspensión cautelar adoptada y limitada en el tiempo, como es la protección de medio ambiente y el entorno urbano». En este sentido, advierte que «no escapa al común de los conocimientos que una saturación de VUTs en determinadas áreas o zonas del municipio comporta una serie de efectos como la saturación de visitantes que genera un detrimento en la calidad de los espacios públicos como calles peatonales, plazas, parques…, con descompensación de los estándares dotacionales».

La resolución también vincula la medida con el derecho constitucional a la vivienda. Según el magistrado, la decisión municipal «se persigue como objetivo de interés general como es el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en la medida en que un crecimiento descontrolado de VUTs genera un impacto en el mercado inmobiliario residencial, con afectación al régimen de alquileres (en particular los de larga temporada) y su oferta, con la consiguiente afectación de los precios».

Desde el punto de vista urbanístico, la sentencia añade que «desde una perspectiva urbanística, la existencia de VUT en situación irregular genera un doble problema: por un lado, altera el equilibrio del mercado, ya que estas viviendas pueden operar sin cumplir con las obligaciones fiscales y de calidad; por otro lado, su presencia en zonas residenciales puede agravar el impacto de la turistificación, sin que se adopten medidas de control efectivas».

En paralelo al proceso judicial, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el sometimiento a información pública de la Modificación Puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana. Esta modificación introduce una nueva regulación para los alojamientos turísticos en la ciudad y supone su aprobación inicial. La propuesta salió adelante con el voto favorable del grupo municipal del PP y la abstención del resto de formaciones.

La exposición pública permite mantener vigente la moratoria durante el segundo año ya previsto inicialmente, mientras continúa la tramitación hasta la aprobación definitiva de la nueva normativa. El objetivo del equipo de Gobierno (PP) es fijar límites y criterios claros para compatibilizar la actividad turística con el equilibrio residencial y urbano de Alicante.