PP y Vox pactan la nueva Renta Valenciana de Inclusión: prohibición del burka y exclusión de okupas condenados

El Partido Popular y Vox han pactado en las Cortes Valencianas el contenido de la nueva ley de Renta Valenciana de Inclusión (RVI), un acuerdo que se ha materializado con la aprobación de las enmiendas del texto. Entre los aspectos que se incluyen en la norma autonómica, aparecen claves como la prohibición del burka o dejar fuera de tener derecho a beneficiarse los okupas que hayan sido condenados.

En cuanto al primer asunto, la redacción no incluye mención expresa, aunque si se puede hacer una extrapolación que apuntaría a ello, ya que el Plan de Atención Individual de Inclusión (PAI) establece que se renuncia a «cualquier práctica que, entre otras, atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres».

La similitud no es casual, ya que fue Vox quien días atrás llevó al Congreso de los Diputados una propuesta para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, una medida que el PP votó a favor pero que terminó sin salir adelante por el rechazo del bloque de investidura.

«Igualdad entre hombres y mujeres»

La sintonía entre los 'populares' y Vox para aprobar las nuevas condiciones de la Renta Valenciana de Inclusión ha derivado en negociaciones entre los representantes de ambas formaciones. Así, otra de las novedades es que se «incluirán e implementarán, mediante la persona profesional de referencia, en su caso, aquellas que garanticen la alfabetización y el aprendizaje del idioma, la participación social, cultural y comunitaria, promoviendo la convivencia desde el respeto a los valores democráticos, constitucionales y estatutarios y a los derechos fundamentales, que facilite la inclusión y el acceso al empleo, y que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres».

Del mismo modo, el texto que ha visto luz verde establece como infracción «muy grave» la «situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante por parte de personas beneficiarias de la RVI». Por otro lado, el interesado tendrá derecho a ayudas siempre que ha estado empadronado en algún municipio de la Comunidad al menos con 15 meses de antelación a la fecha de petición o cinco años entre los diez justo antes a la solicitud, bien sea de manera continuada o interrumpida.

Los acuerdos entre PP y Vox sobre las enmiendas no ha sentado bien en la bancada de la izquierda. Aunque se han aprobado dos aportaciones de Compromís y una del PSPV-PSOE, las críticas de nacionalistas y socialistas han reprochado que se trata de «trilerismo político» y de haber «mentido», acusando al PP se ha terminado «vendiendo a la extrema derecha».