La jueza de la dana cita como testigo a Carlos Mazón tras rechazar el TSJ valenciano su imputación

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado citar a declarar como testigo al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

La decisión llega después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara investigar al exdirigente autonómico. La magistrada había elevado una exposición razonada solicitando su imputación, pero el alto tribunal concluyó que no existen indicios de responsabilidad penal.

En su auto, notificado este martes, la instructora asume ese criterio y señala que el TSJCV descarta su responsabilidad «en su vertiente omisiva», al no considerar que ostentara una posición de garante. Tampoco aprecia indicios delictivos en una eventual actuación activa, en relación con el envío del sistema de alertas a la población.

Declaración y entrega de mensajes

A partir de ese pronunciamiento, la jueza sostiene que no puede anticiparse la aparición de nuevos indicios penales contra Mazón durante la instrucción. Sin embargo, considera compatible esa conclusión con su citación como testigo, dentro del objetivo de reconstruir lo ocurrido durante la jornada de la emergencia.

Su declaración, así como la solicitud para que aporte voluntariamente mensajes y registros de llamadas del 29 de octubre relacionados con la dana, se realizará una vez que la resolución del TSJCV sea firme. En ese momento, el ahora diputado autonómico deberá decidir si facilita esa información al juzgado.

En la misma resolución, la magistrada acuerda también citar como testigo a quien era portavoz del Consell en aquella fecha, Ruth Merino. Además, ha requerido a varios alcaldes que entreguen los listados de sus comunicaciones -llamadas y mensajes- mantenidas ese día con autoridades y responsables del Cecopi, el órgano de coordinación de emergencias.

Nuevas diligencias y acusación popular

El impulso de la causa se completa con otras decisiones adoptadas este martes. En un segundo auto, la jueza exige a una asociación el depósito de una fianza de 6.000 euros para poder ejercer la acusación popular, que se sumaría a la acusación particular ya personada en el procedimiento.

Asimismo, en una providencia, acuerda nuevas diligencias orientadas a aclarar aspectos técnicos de la gestión de la crisis. Entre ellas, figura la citación del subdirector general de Emergencias de la Generalitat para ampliar su testimonio anterior, así como la práctica de una prueba pericial caligráfica a la exconsellera de Justicia investigada. Esta última deberá realizar un cuerpo de escritura que permita analizar un documento manuscrito incorporado a la causa.