Imagen de un puesto de fruta del Mercado Central de Alicante
El recorte del trasvase Tajo-Segura amenaza 100.000 empleos y 4.000 millones de euros en pleno año electoral
La aplicación de las nuevas normas de explotación en 2027 augura una nueva guerra política entre las regiones implicadas
La abundancia de agua en buena parte de España contrasta con un conflicto que no deja de crecer. Con los embalses del país por encima del 83 % de su capacidad y la cuenca del Tajo en torno al 81 %, el debate sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura se recrudece justo cuando se acerca un ciclo electoral decisivo. En ese contexto, el recorte previsto para 2027 amenaza con golpear de lleno a uno de los principales motores agrícolas del país: más de 100.000 empleos y cerca de 4.000 millones de euros de actividad económica, de acuerdo con el informe elaborado por PricewaterhouseCoopers, quedan en el aire mientras crece la tensión política entre territorios.
La fotografía hídrica actual acentúa la controversia. Mientras la cuenca del Tajo almacena cerca de 8.972 hectómetros cúbicos (81,15 % de su capacidad), la del Segura apenas alcanza los 584 hectómetros (51,23 %), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica a fecha 16 de marzo. La diferencia supera los 8.300 hectómetros cúbicos y refleja un desequilibrio estructural que está en el origen del trasvase y, también, del conflicto político que lo rodea desde hace décadas.
En paralelo, los embalses de cabecera -Entrepeñas y Buendía- presentan niveles que no se veían desde hace años, con más de 1.600 hectómetros cúbicos almacenados. Este escenario ha permitido autorizar trasvases automáticos en nivel 1, con envíos de hasta 60 hectómetros cúbicos mensuales. Sin embargo, lejos de apaciguar el debate, la mejora de las reservas ha intensificado la disputa sobre el futuro del sistema.
Un impacto económico de gran alcance
El foco de la preocupación está en las consecuencias del recorte previsto en la planificación hidrológica. El informe 'Impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura en España (2024)', elaborado por PricewaterhouseCoopers a petición del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, cifra en 3.912 millones de euros la actividad económica asociada al agua trasvasada. Esto representa el 0,25 % del PIB nacional.
El mismo estudio calcula que esta actividad sostiene 102.894 empleos a tiempo completo, el 0,48 % del total nacional. Además, subraya el efecto tractor del sector: por cada euro generado directamente en la agricultura vinculada al trasvase, se producen 2,5 euros en el conjunto de la economía.
Imagen de archivo de varios almendros secos en la provincia de Alicante
El sureste concentra buena parte de esta actividad. Las frutas y hortalizas cultivadas en Alicante, Murcia y Almería representan 6,4 de cada 10 euros de la producción agrícola nacional en este segmento, con un marcado carácter exportador. Siete de cada diez productos regados con agua del trasvase se destinan a mercados internacionales.
Reducir a la mitad los recursos hídricos, como prevén las nuevas reglas, implicaría un ajuste similar en estas magnitudes. Traducido: menos producción, menor peso económico y un impacto directo en el empleo.
La alternativa de la desalación
El Gobierno de Pedro Sánchez plantea la desalación como principal alternativa. Sin embargo, el propio informe cuestiona su capacidad para sustituir al trasvase en las condiciones actuales.
La planificación contempla aportar unos 38 hectómetros cúbicos anuales de agua desalada frente a los 318 que dejarían de llegar. A esto se suman otros factores: el mayor coste del agua, el incremento del consumo energético y las limitaciones técnicas para determinados cultivos.
Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la desaladora de Torrevieja
Desde el sector se añade otro elemento: el retraso en inversiones comprometidas. Los regantes denuncian que proyectos clave, como las conexiones entre desaladoras, la instalación de energías renovables para abaratar costes o la modernización de regadíos, avanzan a un ritmo insuficiente.
Más presión si se limitan otros recursos
El escenario podría complicarse aún más si se suma la reducción prevista en el uso de aguas subterráneas. En ese caso, el impacto económico adicional se estima en 826 millones de euros, con la posible pérdida de unos 25.000 empleos.
Para los agricultores del sureste, el problema no es solo de cantidad, sino de viabilidad. La disponibilidad de agua condiciona qué se puede cultivar, en qué volumen y con qué rentabilidad.
Tensión política y frente judicial
El debate técnico convive con una creciente confrontación institucional. Castilla-La Mancha ha intensificado su presión para acelerar la aplicación de las nuevas reglas del trasvase. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha planteado incluso la vía judicial ante el retraso del Gobierno central.
Desde su Ejecutivo se insiste en que los niveles actuales de los embalses no deben llevar a una explotación intensiva del recurso y se defiende una gestión más restrictiva.
En el lado opuesto, las comunidades receptoras advierten del impacto económico del recorte. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha subrayado que el trasvase trasciende al sector agrícola y afecta al conjunto de la economía española.
La Generalitat Valenciana ha reclamado, por su parte, que cualquier decisión se adopte con criterios técnicos y seguridad jurídica. Además, exige la ejecución de infraestructuras pendientes y defiende un modelo que combine trasvases, reutilización y desalación como complemento.
El factor electoral
El calendario político añade presión a un debate ya de por sí complejo. En 2027 coincidirán elecciones municipales, autonómicas y generales, y el agua amenaza con convertirse en uno de los temas centrales de la campaña.
En territorios como la Comunidad Valenciana y Murcia, donde el trasvase es clave para la economía, el recorte podría tener un alto coste electoral para la izquierda. El Gobierno central es consciente de este riesgo, lo que explica en parte la gestión de los tiempos en la aplicación de las nuevas normas.
Al mismo tiempo, el enfrentamiento entre territorios y dentro de los propios partidos añade un componente político adicional. La pugna por el agua no es solo una cuestión de recursos, sino también de poder y de influencia electoral.
Un conflicto que persiste
El trasvase Tajo-Segura vuelve así al primer plano en un momento de máximos históricos de reservas hídricas en España. La paradoja es evidente: hay más agua que en años anteriores, pero el conflicto es más intenso.
La decisión que se adopte en 2027 no solo marcará el futuro del regadío en el sureste. También condicionará el equilibrio territorial, la política hidráulica del país y, previsiblemente, el resultado de unas elecciones en las que el agua volverá a ser protagonista.
