El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante el cierre de la campaña del PSOE en Castilla y León
El Gobierno se gasta más dinero en comprar un aeropuerto de Brasil que en ampliar el de Valencia
La estrategia de expansión internacional del gestor aeroportuario Aena ha desatado una tormenta política y empresarial en España. Mientras el ente público, cuyo principal accionista es el Estado, destina más de 482 millones de euros a la gestión del Aeropuerto Internacional de Galeão en Brasil, las infraestructuras regionales españolas denuncian una falta de financiación crónica.
Uno de los casos más evidentes es el de la Comunidad Valenciana: el plan de inversiones estatal prevé inyectar en el aeropuerto de Manises 402,1 millones de euros para el próximo lustro, una cifra que se queda 80 millones por debajo del desembolso realizado en el país americano.
El contraste entre ambas operaciones ha encendido los ánimos en el sector aéreo. Aerolíneas de peso como Ryanair han calificado la maniobra de «broma», acusando al operador monopolístico de exprimir los aeropuertos españoles mediante el incremento de tasas para financiar sus aventuras comerciales en el extranjero, que ya abarcan países como Reino Unido, México, Colombia o Jamaica. La compañía irlandesa denuncia que el encarecimiento de los costes operativos en España -con subidas tarifarias propuestas de hasta el 21 % en el nuevo marco regulatorio- está provocando la fuga de rutas y turistas hacia destinos europeos más competitivos, dejando a las terminales regionales operando muy por debajo de su potencial.
A nivel institucional, el malestar no es menor. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031 contempla una bolsa global de casi 10.000 millones de euros para toda la red estatal, pero el reparto ha sido tachado de discriminatorio por diferentes actores políticos autonómicos.
Desde el Partido Popular en las Cortes Valencianas, su portavoz de Infraestructuras, Joserra González de Zárate,impulsó una proposición no de ley exigiendo el desbloqueo urgente de actuaciones críticas. Denuncian que las partidas favorecen desproporcionadamente a grandes nudos como Madrid-Barajas, mientras que instalaciones al límite de su capacidad, como Valencia y Alicante, quedan relegadas.
Guerra de previsiones frente al colapso
El debate central gira en torno a unas estimaciones de tráfico que el tejido económico valenciano considera completamente desfasadas. Según los cálculos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, encabezado por Óscar Puente, Manises alcanzará los 13,5 millones de viajeros en 2031, previendo un tímido crecimiento interanual del 2,4 %. Por el contrario, un informe de la Cámara de Comercio de Valencia, respaldado por la Generalitat Valenciana, advierte de que el aeropuerto superará los 17 millones de pasajeros ya en 2030, un 25 % más de lo que estima el Estado.
Imagen de archivo de un avión despegando desde el aeropuerto de Manises, Valencia
La realidad de los datos parece dar la razón a las previsiones autonómicas. Tras registrar incrementos cercanos al 9 % en 2024 y rozar el 10 % en 2025 -año en el que Valencia cerró con 11,8 millones de usuarios-, el arranque de 2026 ha vuelto a marcar cifras históricas. Ante esta situación, la consellera de Industria y Turismo, Marián Cano, ha instado formalmente al Ejecutivo central a revisar el DORA III.
Utilizando los propios argumentos del gestor aeroportuario sobre la necesidad de adaptar el tamaño de las instalaciones para no frenar la economía, el Consell advierte de que la miopía inversora estrangulará el crecimiento turístico e industrial de la región a corto plazo.
La presión autonómica no se limita a Manises. El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, que en 2025 rozó la frontera de los 20 millones de pasajeros con un repunte del 8,5 %, exige la construcción inmediata de una segunda pista para poder competir en igualdad de condiciones con instalaciones similares como Málaga. A esta demanda se suma la histórica reivindicación de una conexión ferroviaria que enlace la terminal alicantina con la red de trenes, una obra vital para garantizar la intermodalidad.
Por su parte, Aena defiende que los 402,1 millones asignados a Valencia servirán para acometer una ampliación integral del recinto. El proyecto contempla desde la creación de controles de seguridad de última generación hasta la instalación de nuevas pasarelas de embarque y la mejora de los accesos. Para sufragar este paquete, el documento remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone una subida media de 35 céntimos en las tarifas de Manises.
El pulso, que deberá resolverse antes de la aprobación definitiva del plan por el Consejo de Ministros en septiembre, evidencia la brecha entre las prioridades internacionales del Gobierno de España y las urgencias de sus infraestructuras locales.
