Mazón recurre la última decisión de la jueza de la dana e insiste en personarse en la causa o que se anulen las diligencias contra él

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia después de la decisión de la jueza que instruye la causa penal sobre la dana del 29 de octubre de 2024 de impedirle personarse en el caso una vez el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) rechazara la petición de la magistrada para imputar al exmandatario por la gestión de las riadas.

Según ha podido saber El Debate, el escrito del exjefe del Consell se fundamenta en cinco argumentos en aras de poder acceder a la documentación de la que consta el procedimiento o, en su defecto, que se anulen todas las diligencias que han sido o están siendo dirigidas contra él. En uno de esos puntos, la defensa de Mazón, ejercida por Ignacio Gally, califica de «anomalía procesal» la decisión de Nuria Ruiz Tobarra de elevar la causa en marzo y no «al término de la instrucción», tal como señaló el TSJCV «en su auto de 23 de diciembre de 2024».

«Pero lo que es más grave es que este criterio contradice también al de la propia instructora, pues ella misma lo había esgrimido en un auto del 5 de mayo de 2025. En él, la instructora afirmó expresamente que, siguiendo la doctrina del TSJ, sólo elevaría la exposición razonada al término de la instrucción. Esa anomalía ha provocado que el TSJ se haya pronunciado de una manera absolutamente contundente respecto a la falta de responsabilidad penal del señor Mazón», recuerda el abogado.

«Indefensión procesal absoluta»

En este sentido, y dado que la propia jueza no ha descartado volver a elevar el sumario tras diversas testificales, el letrado insiste en la necesidad de tener acceso a la información: «El auto del TSJV no hace que todo lo que se haya practicado contra el señor Mazón hasta ahora desaparezca, es perfectamente posible que la declaración de un escolta (por poner un ejemplo) pueda volver a ser utilizado por la instructora para una segunda exposición razonada. La única forma de combatir la nulidad de la declaración es a través de la personación».

El segundo argumento esgrimido para revocar la postura adoptada por la instructora hace hincapié en el término «anomalía» por no seguir «ni siquiera su propio criterio» y cuya consecuencia es la de que «se haya dejado al señor Mazón en una situación de indefensión procesal absoluta, en la que se han practicado diligencias de investigación contra él en las que no ha tenido oportunidad procesal de defenderse y que podrían ser utilizadas contra él en el futuro».

Como ejemplo, la defensa apunta a que se hayan mantenido las declaraciones de Paco González y Maite Gómez, ambos del equipo de comunicación del expresidente, «a los que se interrogó en sede judicial después de elevar la exposición razonada y, por ende, sin que existiera ya la posibilidad de que el señor Mazón se personara en el Juzgado de Instrucción y pudiera impugnar el contenido de las mismas».

«Limbo procesal inaudito»

En opinión de Gally, «esas declaraciones tienen plena validez y siguen insertas en el procedimiento, por lo que no se puede descartar que la instructora pretenda construir una segunda exposición razonada sustentada en esas declaraciones realizadas en un limbo procesal inaudito que es claramente anulable». «La única forma de poder impugnarlas es a través de la personación en el procedimiento», remarca de nuevo.

La tercera razón que cimenta el recurso de Mazón es que «ha perdido la oportunidad de personarse para impugnar las diligencias de investigación que se han practicado contra él mientras la instrucción siga viva». «Es una realidad procesal que la instructora podría reinterpretar algunas diligencias que ha practicado en el pasado para intentar elevar una exposición razonada nueva, algo que expresamente dice que no descarta. Y algunas de esas diligencias se cometieron, en nuestra opinión, en un claro abuso del mandato de la Audiencia Provincial que sólo autorizó a preguntar por lo que se pudiera haber oído de las conversaciones con la señora Pradas o de los comentarios a raíz de ellas», afirma la defensa.

En este punto, subraya que «todas las testificales en las que se han permitido preguntas sobre si se puso o no el jersey en el restaurante, sobre la comanda del Ventorro o permitir que se inquiera a Alberto Núñez Feijóo por Marcial Dorado son claramente anulables». Misma tesis: «La única forma de solicitar esa anulación es a través de la personación, en tanto en cuanto la instructora no descarta utilizar esas testificales en el futuro (que siguen formando parte del procedimiento con plena vigencia) para elevar una nueva exposición razonada».

Gally asevera en el documento consultado por este periódico que el derecho de Mazón a personarse «comenzó con la primera diligencia que se practicó que pudiera afectarle y ya no se extingue hasta que termine la instrucción por completo porque cualquier prueba, desde la primera que se realizó (incluyendo las que ya se han presentado ante el TSJ, que podrían reinterpretarse) hasta la última que se practique, es susceptible de convertirse en un argumento para solicitar de nuevo su investigación».

Dos únicas alternativas

Para la representación letrada del exmandatario, la «realidad material» es que, aunque la magistrada lo niegue, «se investigando al señor Mazón, al que en la exposición razonada definió como el principal responsable de una «grosera negligencia» que acabó con la vida de 230 personas». «Es tan evidente que lo hace que en el mismo auto en el que le cita como testigo pide a su vez que testifique Ruth Merino, entonces portavoz del Gobierno, para que cuente al Tribunal, expresamente según el auto, qué información manejaba el señor Mazón a las 13:30 horas o quién le transmitía esos datos», añade la exposición presentada ante la Audiencia Provincial de Valencia.

Es por eso que el letrado denuncia que se «sigue pidiendo a los testigos que aporten sus conversaciones con él y se ha pedido una prórroga de la instrucción (posterior al auto del TSJ) en el que se pide ampliar seis meses la instrucción para conocer el contenido de sus comunicaciones».

El escrito únicamente maneja dos «alternativas». «O se anulan todas las diligencias de investigación que han afectado al señor Mazón a lo largo de la instrucción hasta ahora (que sería la única garantía de que no se pueden volver a utilizar), y entonces se rechaza su personación porque ya es efectivamente un mero testigo al que no puede afectar la causa en este estadio procesal; o se permite su personación para que pueda ejercitar su derecho a la defensa frente a las diligencias que se llevan practicando sobre él desde hace más de un año y que podrían volver a ser utilizadas, y reinterpretadas, en cualquier momento».

Como conclusión, establece que esta «situación procesal inédita no se habría producido si la instructora hubiera elevado la exposición razonada cuando le indicó el TSJV y cuando ella misma manifestó que, siguiendo la doctrina, lo haría».