La exalcaldesa de Orihuela Carolina Gracia
La Fiscalía cerca a la exalcaldesa socialista de Orihuela: pide su investigación por revelar datos privados de un alto cargo municipal
El Ministerio Público solicita que Carolina Gracia declare como investigada tras difundir en una nota de prensa contenido secreto de un expediente al que accedió como concejal
La Justicia estrecha el cerco sobre la exalcaldesa y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia. La Fiscalía ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción Decano que la edil sea llamada a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de revelación de secretos. El caso nace de la difusión de información personal de un alto directivo del consistorio, obtenida supuestamente a través de un expediente administrativo.
Los hechos se remontan a octubre de 2025. El día 8 de ese mes, Gracia accedió al expediente de solicitud de compatibilidad de un coordinador general del área -funcionario de carrera de la Administración General del Estado en comisión de servicios- tras recibir la autorización del actual alcalde, Pepe Vegara. El técnico buscaba compaginar su labor municipal con la docencia como profesor asociado en una universidad pública. Sin embargo, apenas ocho días después, la portavoz socialista remitió una nota de prensa a los medios detallando el contenido de dicha solicitud, incluyendo información personal identificativa del afectado.
Penas de hasta cuatro años de cárcel
La gravedad de la denuncia radica en que la información difundida es de carácter reservado. Según el Ministerio Público, la conducta de Gracia podría encajar en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio.
A este respecto, la edil se enfrenta a un horizonte penal que va más allá de quedarse en una anécdota: la Fiscalía apunta a posibles penas de multa de 12 a 18 meses, prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de uno a tres años.
«Uso partidista» de la información
La denuncia que ha motivado la acción de la Fiscalía es contundente al diferenciar el derecho de fiscalización del deber de custodia. Si bien los concejales tienen derecho a acceder a los registros municipales para ejercer sus funciones, la legislación prohíbe taxativamente la cesión de estos datos a terceros o su uso con fines «mediáticos, partidistas o personales».
El escrito sostiene que el acceso de Carolina Gracia no fue «casual ni anónimo», sino un acto deliberado que conllevaba la obligación legal de guardar reserva. Al filtrar los datos a través de un comunicado oficial del grupo político, se habría producido una vulneración directa del derecho fundamental a la protección de datos del funcionario, quien ostenta un cargo de libre designación pero mantiene su condición de técnico de carrera.
«Escarnio público» y datos erróneos
Más allá de la filtración del expediente, la denuncia acusa a la portavoz socialista de construir una narrativa para generar un «escarnio público» basado en datos falsos o tergiversados. En la nota de prensa difundida se llegaba a afirmar que el afectado no era funcionario de carrera y que percibía una retribución anual de 100.000 euros, afirmaciones que el denunciante tilda de «objetivamente falsas».
Por este motivo, el proceso también insta a investigar posibles delitos de injurias y calumnias, dado que la filtración no se limitó a informar sobre la existencia de la solicitud de compatibilidad, sino que se habría utilizado para dañar el honor del trabajador municipal mediante la manipulación informativa.