Los usuarios del Trasvase Tajo-Segura afectados por el recorte del Gobierno podrán pedir una indemnización

El catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés Molina Giménez, ha señalado este lunes en la Asamblea Regional de Murcia que, en el caso de que la reducción de caudales provoque perjuicios económicos, los usuarios del Trasvase Tajo-Segura podrían acudir a la vía legal.

En este sentido, ha explicado que «en el escenario posible de que se generen daños y perjuicios a los usuarios del Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de los caudales ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la Administración indemnizaciones», al tiempo que ha precisado que dicha opción estaría sujeta a que «se produzcan daños o perjuicio patrimonial como consecuencia de la reducción en los caudales aportados».

Así lo ha planteado durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, donde ha advertido de la «importante inseguridad jurídica» que, a su juicio, han padecido históricamente los usuarios de esta infraestructura y ha sostenido que el trasvase atraviesa ahora un proceso de «desnaturalización por vía reglamentaria».

Molina ha estructurado su intervención en cinco bloques, centrados en la evolución jurídica del acueducto, los caudales ecológicos en la demarcación del Tajo, la falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura, la futura regla de explotación y la eventual responsabilidad patrimonial de la Administración.

En primer lugar, ha recordado que el Trasvase Tajo-Segura tiene como principales referencias normativas las leyes de 1971 y 1980 y ha estado sometido «siempre a tensiones de carácter político entre los territorios». A su juicio, esa situación se agravó especialmente entre 2005 y 2010, con iniciativas como la conocida «cláusula Narbona» o la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que contemplaba la caducidad del trasvase.

Frente a ello, ha situado el Memorándum de 2013 como el instrumento que permitió estabilizar parcialmente el marco legal, al propiciar una nueva regulación a través de la Ley de Evaluación Ambiental y de la regla de explotación.

La reducción del peso real del acueducto se está produciendo por tres vías. La primera sería la interpretación del nivel 3 de explotación, que entre 2018 y 2024 habría provocado «al menos 27 recortes de la cantidad máxima trasvasable», generando, según los cálculos del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, «una deuda hídrica para la cuenca del Segura en el entorno de los 192 hectómetros cúbicos». La segunda sería la futura modificación de la regla de explotación. Y la tercera, la más importante en su opinión, sería la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo.

«Merma de 105 hectómetros cúbicos»

Sobre este último punto, Molina ha afirmado que ese incremento supondrá «a partir de 2027 una merma de 105 hectómetros cúbicos anuales para regadío como media», con una pérdida estimada del «16 % del regadío de la cuenca», unas 27.400 hectáreas afectadas, un impacto económico de «5.300 millones de euros de 2021» y la pérdida de «unos 15.400 trabajadores directos que dependen del Trasvase Tajo-Segura».

El catedrático también ha querido aclarar que las sentencias del Tribunal Supremo de 2019 no obligaban a fijar una cuantía concreta para esos caudales. «Lo que no podía hacer de ninguna manera el tribunal es fijar los caudales», ha señalado, al tiempo que ha cuestionado que los nuevos caudales ecológicos tengan respaldo técnico suficiente.

A ello ha sumado un problema de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura. Molina ha recordado que la elevación de los caudales ecológicos iba ligada a una serie de medidas compensatorias, como la ampliación y optimización de la desalación o las interconexiones necesarias para llevar esa agua a las zonas regables, pero ha denunciado que, a día de hoy, esas infraestructuras «no se han realizado». Por ello, ha advertido de una «contradicción interna» dentro del propio real decreto que aprueba los planes hidrológicos, ya que «uno se cumple y el otro no».

En relación con la futura regla de explotación, ha evitado entrar en excesivos detalles al encontrarse aún en tramitación, aunque sí ha reclamado que, cuando se apruebe, se analice con detalle «el impacto que pueden tener esas soluciones en la demarcación del Segura».

Al abordar la eventual responsabilidad patrimonial de la Administración, Molina ha explicado que existen precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre reclamaciones ligadas a la fijación de caudales ecológicos y ha sostenido que, si la aplicación de esos nuevos caudales causa daños efectivos, los usuarios del trasvase podrán pedir una compensación económica. «En el escenario posible de que se generen daños y perjuicios a los usuarios del Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de los caudales ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la Administración indemnizaciones», ha afirmado.

Para sostener esta tesis, ha invocado tanto el texto refundido de la Ley de Aguas como la Ley del Plan Hidrológico Nacional, además de varias sentencias del Supremo que, según ha explicado, equiparan la posición de los usuarios del trasvase a la de otros usuarios del agua aunque no tengan formalmente la condición de concesionarios. «Los usuarios creo que merecen que sus derechos sean respetados, ya que han confiado legítimamente», ha subrayado.

Posiciones políticas

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE Fernando Moreno ha reconocido compartir «muchas» de las reflexiones jurídicas expuestas por Molina, aunque ha defendido que los poderes públicos deben actuar conforme a las resoluciones judiciales y al marco legal vigente. Moreno ha preguntado qué margen de maniobra existe para complementar el trasvase con otros recursos, como la desalación, la reutilización o los recursos propios de la cuenca, y ha defendido que la hoja de ruta socialista pasa por considerar el acueducto como «irrenunciable», pero acompañado de recursos complementarios.

Desde Vox, Antonio Martínez ha alabado la «serenidad académica» del compareciente y ha asegurado que su intervención debería convertirse en «el catecismo sobre el trasvase» para todos los representantes políticos del Sureste. El diputado ha compartido la tesis de que el acueducto es «irrenunciable» e «insustituible» para la economía y el medio ambiente del sureste y le ha pedido una estrategia jurídica y política para afrontar el cuarto ciclo de planificación hidrológica y el conjunto de amenazas que, a su juicio, pesan sobre el regadío levantino.

Por parte del Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, ha introducido una visión más crítica con el modelo actual y ha insistido en que el debate no puede desligarse de la caída de aportaciones en cabecera, del crecimiento del regadío y de los impactos ambientales del modelo agrointensivo. En este sentido, ha preguntado si no será necesario «redimensionar» el sistema en función de la disponibilidad real de recursos y de sus efectos ecológicos.

El diputado del PP Jesús Cano, por su parte, ha agradecido una intervención que ha considerado «enriquecedora» y ha subrayado varias de sus conclusiones, entre ellas que las sentencias del Supremo no fijaron la cuantía concreta de los caudales ecológicos y que los usuarios del trasvase han actuado confiando en un marco legal que ahora, a su juicio, se está alterando. Cano ha pedido al compareciente que profundizara en la falta de coherencia entre los planes del Tajo y del Segura y en las oportunidades que podría ofrecer el futuro marco europeo de resiliencia hídrica.