Imagen de la alcaldesa de Valencia María José Catalá durante la reunión mantenida este martes con los servicios de Padrón y Servicios Sociales del Ayuntamiento

Imagen de la alcaldesa de Valencia María José Catalá durante la reunión mantenida este martes con los servicios de Padrón y Servicios Sociales del AyuntamientoEFE

Catalá carga contra la «chapuza» regularización masiva de inmigrantes de Pedro Sánchez: «Esto es una vergüenza»

La alcaldesa de Valencia anuncia un refuerzo de personal que costará «un millón de euros al año» y lamenta que el Gobierno «pidiera ayuda cuando ya estábamos colapsados»

María José Catalá ha arremetido con suma dureza contra el proceso de la regularización masiva de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha descargado sobre los ayuntamientos. Tras varios días de colas infinitas frente a las oficinas municipales, la alcaldesa de Valencia ha anunciado un refuerzo de personal que costará «un millón de euros al año» y ha pedido al Gobierno que asuma su coste y resuelva todas las dudas generadas.

Bien podría parecer que el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo fácil publicar un Real Decreto con una medida que realmente deben cumplir los ayuntamientos. Catalá ha desvelado que en la última reunión de marzo del CNAL (Comisión Nacional de Administración Local) «el ministro presente no habló de este plan de regularización. Nadie dijo nada. No hemos recibido ninguna información ni ha habido la correspondiente organización para una situación tan excepcional como esta».

Justamente a esa cuestión se ha referido con mayor ahínco la alcaldesa de Valencia, que en una comparecencia ha reiterado que por parte del Gobierno de España ha faltado y falta «información», entre otras muchas críticas.

Catalá ha admitido el «colapso» en las oficinas municipales, ya que «esta avalancha está afectando a cualquier otro ciudadano que acude a realizar un trámite ordinario».

La gran piedra en este proceso es el «informe de vulnerabilidad» que deben firmar los Servicios Sociales municipales. «Miren, nos estamos encontrando con gente con la que no es posible comunicarse ni en castellano ni en inglés y a los que hay que firmarles un informe de vulnerabilidad, porque así se lo exige el proceso, a través de un personal que no tiene ni acceso a sus datos personales ni conoce su situación como para constatar oficialmente dicha situación», ha explicado la primera edil 'popular'.

Con un tono y semblante serio, la alcaldesa no ha negado la realidad que se registran en las oficinas del Ayuntamiento de Valencia. «Podríamos haber delegado el trámite a una oficina en otro punto de la ciudad, pero no lo consideramos así», ha puntualizado para explicar el porqué de las colas en pleno centro de la capital del Turia.

«El proceso es una vergüenza, la situación generada a los ayuntamientos es inadmisible, esto es impresentable», ha declarado María José Catalá con respecto al procedimiento municipal que implica el Real Decreto de regularización masiva de inmigrantes. «Esta norma de Pedro Sánchez descarga sobre los consistorios unas funciones dudosas que generan el colapso monumental que hay. Esto es una chapuza», ha sentenciado.

Para explicar lo que a su juicio es una falta de «organización», Catalá ha relatado que «el viernes, pasadas ya las 17 horas, todos los alcaldes recibimos una carta de la Secretaria de Estado de Inmigraciones pidiendo ayuda. Es impresentable que se nos pida colaboración sin desarrollar un plan ni informar previamente y más cuando ya estaba el caos generado, porque aquí en Valencia el colapso comenzó el jueves».

Es por ello que la alcaldesa ha anunciado «un refuerzo tanto en los Servicios Sociales como en el padrón», para que los trámites ordinarios puedan seguir en su justa medida y también para desatascar las solicitudes que llegan en masa.

Eso sí, este despliegue consistorial no será gratuito y tampoco se va a pasar por alto: «Hemos calculado que los refuerzos van a suponer un coste de un millón de euros al año, pero ese dinero lo vamos a volcar al Gobierno, se lo vamos a reclamar como lealtad financiera, como ocurre con las comunidades autónomas, porque no puede ser que sean los ayuntamientos los que deben sostener esta sobrecarga impuesta por el Real Decreto de Pedro Sánchez».

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