La crisis de la vivienda dispara los juicios por estafas en los alquileres pero con peticiones de cárcel dispares

La crisis de la vivienda ha disparado en los último meses las causas judiciales relacionadas con fraudes en los alquileres de pisos y ha destapado la disparidad de criterios a la hora de pedir penas de cárcel por este tipo de delitos.

Al respecto, este martes 21 de abril la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante alberga dos juicios señalados de forma consecutiva relacionados con una presunta estafa.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en uno de ellos piden tres años y cuatro meses de prisión por un delito de estafa para un hombre al que la Fiscalía acusa de «engañar a una pareja en el proceso de alquiler de un piso en Alicante». De acuerdo con las mismas fuentes oficiales, «procesado y víctimas firmaron un contrato de arrendamiento de la vivienda, que era supuestamente propiedad del acusado». Al respecto, «la pareja le ingresó en su cuenta bancaria más de 600 euros como reserva del piso y gastos de gestión».

Sin embargo, según el Ministerio Público, «el acusado no era el propietario de la vivienda ni podía disponer de ella y tampoco devolvió el dinero cuando los perjudicados se lo reclamaron».

El mismo día la misma sección de la Audiencia Provincial juzga a otro hombre acusado de «engañar a una mujer a la que cobró 1.200 euros en concepto de alquiler de un piso en Alicante que había ofertado en una plataforma inmobiliaria, pese a que no era su propietario y no podía alquilarlo».

Según el Tribunal Superior de Justicia, «los hechos sucedieron en febrero de 2024 cuando la víctima, que había contestado al anuncio del encausado y había visitado el inmueble, le dio 1.200 euros».

De acuerdo con las mismas fuentes, «cuando, días después, acudió a la vivienda con sus cosas y la intención de instalarse, comprobó que en ella vivía otra persona y que el procesado, al que ya no pudo localizar, no era el dueño ni podía disponer de la casa». El Ministerio Público pide en este caso de forma inicial un año y ocho meses de prisión para el acusado por un delito de estafa.