La Generalitat Valenciana garantiza que la jueza de la dana dispondrá del «mismo número de funcionarios» durante la instrucción

La consellera valenciana de Justicia, Nuria Martínez, ha visitado el Tribunal de Instancia de Catarroja, donde se ha reunido con su presidente, David Castellá Fernández, para trasladarle personalmente el compromiso de la Generalitat para garantizar que la jueza que instruye la causa de la dana del 29 de octubre de 2024 continuará contando con el mismo número de funcionarios tras el proceso de estabilización, algo que ya habían asegurado tanto ella como Juanfran Pérez Llorca días atrás.

En este sentido, la titular de Justicia ha asegurado que «en el caso de Catarroja no va a producirse la situación de que se quede una silla vacía durante el proceso de estabilización. La magistrada va a contar en todo momento con las personas necesarias para que le den cobertura y pueda seguir avanzando con la instrucción porque lo que queremos es que ella cuente con todos los medios precisos».

Asimismo, la dirigente se ha interesado por las necesidades materiales que pudiera tener el juzgado instructor con el fin de poder cubrirlas lo más pronto posible de acuerdo a sus competencias y tras recibir comunicación formal por parte del Letrado de Administración de Justicia (LAJ).

De este modo, Martínez le ha explicado con detalle el proceso de estabilización gracias a la cual 200 de los 438 de los refuerzos judiciales actuales distribuidos por los 36 partidos judiciales de la Comunidad Valenciana pasarán a ser estructurales a partir del 1 de julio de este año.

«Por tanto, con esta estabilización de las plazas consolidamos un modelo de Administración de Justicia más moderno, ágil y eficiente, orientado a prestar un mejor servicio a la ciudadanía», ha remarcado la consellera.

Martínez le ha explicado al presidente del Tribunal de Instancia de Catarroja que el proceso de estabilización de la plantilla de Justicia responde al cumplimiento de la normativa vigente, a una prioridad de reducir la temporalidad que padece la propia Administración, y también a su compromiso de dotar de mayor estabilidad a las plantillas y mejorar las condiciones laborales del personal al servicio de la Justicia, además de ser una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales.

La consellera ha asegurado en el encuentro que la transición se gestionará de manera ordenada, y garantizando la continuidad del servicio y minimizando cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía.

Además, ha explicado que la identificación de las 200 plazas se ha realizado atendiendo a un criterio objetivo de antigüedad, dando prioridad a aquellos puestos que requieren de una consolidación definitiva por haberse ido perpetuando renovación tras renovación.

17 millones de euros en diez años

En los últimos diez años se ha pasado de contar con 38 refuerzos en 2015, a los que se destinaba 1,45 millones de euros a contar con 438 refuerzos en 2025, a los que se destinaron 17 millones de euros. «Un escenario insostenible que derivaba en una anomalía del sistema público de Justicia», ha asegurado la consellera.

Es más, en las dos legislaturas del Botánico, el número de refuerzos prácticamente se multiplicó por diez al pasar de los 38 de 2015 a 350 en 2023, momento en que la Conselleróa de Justicia destinada casi 14 millones de euros a refuerzos, diez veces más que a inicios de la primera legislatura.

La Administración de Justicia ha recurrido desde 2015 a la figura del personal de refuerzo para atender necesidades coyunturales, como sobrecargas de trabajo, acumulación de asuntos, marco causas o implantación de nuevas tecnologías. Sin embargo, la persistencia y reiteración de estos refuerzos evidencia que muchas de estas necesidades son estructurales y permanentes, lo que exige una reconversión de estos puestos en plazas estables.

A día de hoy, los órganos judiciales superan ampliamente los módulos de entrada fijados por el Consejo General del Poder Judicial, lo que denota una sobrecarga estructural. En este contexto, los puestos de refuerzo, inicialmente concebidos como soluciones temporales, se han convertido en instrumentos permanentes para sostener el funcionamiento de los juzgados y tribunales.