La Justicia estrecha el cerco sobre el residencial Les Naus: 15 imputados por el escándalo de las VPP en Alicante

El caso de las viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, ubicado en la zona de La Condomina, ha entrado en una fase crítica. La magistrada Amparo Rubio, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, ha dictado una providencia de calado en la que cita a declarar en calidad de investigados a un total de quince personas. Entre los llamados a sede judicial se encuentran destacados representantes políticos, altos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y beneficiarios de las viviendas bajo sospecha.

La instrucción, impulsada por los fiscales anticorrupción Pablo Romero y Francisco Marco, busca esclarecer una serie de irregularidades que han sacudido los cimientos de la Administración local. La causa, en la que están personados como acusación popular el PSOE, Ciudadanos y el sindicato Manos Limpias, se centra en un abanico de delitos que incluye prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias (información privilegiada) y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Los nombres propios del escándalo

La primera jornada de declaraciones clave tendrá lugar el próximo 20 de mayo. En esta tanda comparecerán figuras de alto perfil, encabezadas por la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez (PP), quien dimitió tras trascender que obtuvo un piso en la promoción que posteriormente permutó con su suegro. Junto a ella, comparecerán la jefa de Contratación municipal, María Pérez-Hickman -cuyos familiares directos resultaron adjudicatarios- y el arquitecto municipal Francisco Nieto, también beneficiario de una vivienda.

El foco judicial también recae sobre la gestión técnica y empresarial. Están citados Francisco Ordiñana, gerente de la empresa gestora de la cooperativa (Fraorgi), y Roberto Palencia, arquitecto de la Conselleria de Vivienda. Sobre este último pesa la sombra de haber validado los visados de las 140 viviendas, incluida la de su propia esposa, a pesar de las presuntas incompatibilidades.

Irregularidades bajo la lupa judicial

A partir del 5 de junio, el juzgado recibirá a una segunda tanda de diez investigados, principalmente propietarios que, según los informes de la Conselleria de Vivienda dirigidos por Susana Camarero, no cumplían los requisitos legales para acceder a una VPP. Las irregularidades detectadas por la inspección son variadas y, en algunos casos, flagrantes.

Entre los motivos de exclusión figuran la posesión de otras propiedades inmobiliarias, la falta de acreditación de ingresos o, directamente, superar los umbrales económicos permitidos por la ley para acceder a vivienda protegida.

Un caso paradigmático recogido en la instrucción es el de una adjudicataria con domicilio fiscal en Alemania, que declaró ingresos brutos superiores a los 57.000 euros sin aportar datos de su pareja. Asimismo, se investiga la situación de la tesorera del Ayuntamiento de San Juan de Alicante, Sira Pérez, quien presuntamente omitió información sobre los bienes y rentas de su cónyuge en el expediente de adjudicación.

El testimonio de los funcionarios

Antes de las declaraciones de los investigados, el 8 de mayo será el turno de los testigos. En esta fase destaca la comparecencia de Paloma Romero, jefa de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante, cuya alerta inicial sobre las posibles irregularidades fue el detonante que permitió desmadejar la trama. Junto a ella, declararán otros técnicos municipales y de la Generalitat que participaron en la elaboración de los informes de fiscalización.

El calendario judicial de los próximos meses será determinante para delimitar responsabilidades en un caso que ha puesto en entredicho la transparencia en la gestión del suelo público en Alicante. Por el momento, la magistrada no descarta ampliar la lista de imputados o los delitos imputados a medida que el volcado de datos de la Conselleria y los testimonios arrojen nueva luz sobre el proceso de adjudicación en Les Naus.