Imagen de una asamblea de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre.
La asociación de víctimas de la dana presidida por una candidata de Compromís pide mantener las protestas contra Mazón pese al último auto de la jueza
Mariló Gradolí responsabiliza a PP y Vox de proteger «al garante de la gestión criminal de la emergencia»
Justo cuando la jueza de la dana admite que Carlos Mazón no tuvo «responsabilidad» de coordinación en la gestión de la emergencia, una asociación de víctimas presidida por una asesora de Compromís ha pedido elevar la presión contra el expresidente promoviendo «reforzar las movilizaciones e impulsar nuevas acciones».
L'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 ha celebrado una asamblea local en el Ayuntamiento socialista de Benetússer, una cita que se enmarca dentro de otros encuentros en varias localidades afectadas por la tragedia. Durante el acto, al que asistieron cerca de medio centenar de personas, se anunció que la entidad remitirá a todos los ayuntamientos, a través de distintos grupos políticos, una moción para exigir el acta de diputado del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón.
La presidenta de la asociación es Mariló Gradolí, quien llegó a ir en la lista electoral municipal de Compromís para el Ayuntamiento de Catarroja. Ella, que no es familiar directa de ninguna víctima mortal de la dana, se ha convertido en una de las figura más combativas contra la figura de Carlos Mazón y contra la gestión del Partido Popular.
La que fuera candidata de Compromís señaló en la asamblea que el futuro del colectivo a corto plazo pasa por «reforzar las movilizaciones mediante una red de alianzas e impulsar nuevas acciones».
Llama poderosamente la atención que el gran objetivo de dicho colectivo esté más guiado por el trasfondo político que por la reconsideración de las víctimas.
A ello, además, hay que sumarle que cualquier crítica administrativa se encuentra al borde de querer señalar a la Generalitat Valenciana por cuestiones que realmente corresponden al Gobierno de Pedro Sánchez, dirigente con el que sí quisieron reunirse en un cita a puerta cerrada en la sede de Delegación del Gobierno en la ciudad de Valencia, lejos de los municipios afectados por la riada.
La asociación, según han comunicado, estudiará la situación de las ayudas al alquiler vinculadas a la dana para el año 2026 y organizará un nuevo encuentro centrado en el territorio y en la tributación de las ayudas en la declaración de la renta, cuestión únicamente dependiente del Gobierno de España.
La presidenta de la Asociación, Mariló Gradolí, manifestaba durante su intervención que ven «con preocupación que no se está produciendo ningún cambio real en las políticas públicas tras lo ocurrido el 29 de octubre».
«No estamos viendo una revisión profunda de los sistemas de emergencias, ni una planificación seria de adaptación ante fenómenos extremos, ni medidas estructurales que garanticen que esto no volverá a ocurrir», ha afirmado obviando que estas cuestiones se habrían agilizado si el Gobierno de España no hubiera tardado casi 450 días en convocar la Comisión Mixta por la dana con la Generalitat Valenciana.
Como no, durante la asamblea apareció la figura de Carlos Mazón. Gradolí señaló, justo horas antes de que la jueza eximiera al expresidente, que la «protección política a Carlos Mazón, que continúa como diputado manteniendo el aforamiento, no es solo una cuestión jurídica, sino un mensaje de la protección del PP y Vox hacia el garante de la gestión criminal de la emergencia».
La reunión, que sirvió para recoger propuestas e inquietudes de las persona asistentes, forma parte de un ciclo de asambleas locales que la asociación ha iniciado para realizar un balance colectivo previo a la asamblea anual.
El objetivo es «generar espacios de escucha activa, análisis y debate para preparar y diseñar conjuntamente, con las personas socias y colaboradoras, las líneas de actuación y las próximas acciones de la asociación».
El ciclo de asambleas locales continuará próximamente en municipios como Catarroja, Massanassa o Paiporta, «reforzando la implantación local como herramienta clave para decidir la estrategia y el proyecto de trabajo colectivo, con el objetivo de verdad, justicia, memoria y seguridad para el futuro, con la voluntad de que no vuelva a repetirse una gestión tan negligente de una emergencia», según el comunicado.
