Los sindicatos entran en campaña y amenazan a la Generalitat con una huelga en educación que no convocaron en los ocho años de la izquierda

Los cinco sindicatos que amenazan a la Generalitat Valenciana con una huelga indefinida en el sector de la educación barajan dos fechas como pistoletazo de salida para reclamar sus propuestas, que van desde el aumento de sueldos hasta las ratios de alumnos por profesor en las clases. De este modo, el Sindicat de Treballadors y Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y ANPE-Sindicato Independiente se debaten entre los próximos 11 o 25 de mayo para reiterar sus reivindicaciones.

Si fuera el primero, tendría cierto componente de justicia poética, ya que son exactamente los años que el colectivo lleva sin que la Administración autonómica eleve sus retribuciones. Este hecho tiene una segunda lectura: durante las dos legislaturas en el que el socialista Ximo Puig estuvo en el Palau (2015-2023) y los nacionalistas e Compromís Vicent Marzà y Raquel Tamarit fueron sus consellers de Educación, ninguno de los sindicatos convocantes tuvieron a bien salir a la calle para exigir lo que ahora, más de una década después, le exhortan al Consell del Partido Popular con Juanfran Pérez Llorca a la cabeza.

Esta circunstancia tiene mérito, ya que, aunque no fueran las cinco juntas, alguna o algunas de las organizaciones ahora tan combativas por ensalmo podrían haber llamado a la huelga en su día. Por todas o parte de sus quejas. Pero no fue así. Y no sucedió pese a que las negativas del entonces Ejecutivo valenciano, compuesto por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos (primero con apoyo solo parlamentario y luego formando parte de él) fueron constantes, tanto en lo concerniente a las ratios como en salarios, además de otros aspectos.

De la callada a «se están negociando»

De este modo, la problemática actual puesta sobre la mesa de forma tan enérgica tuvo varias formas de ser gestionada por la cartera en manos de Compromís y, en última instancia, por el propio Puig. Una de ellas fue, directamente, la callada por respuesta, método utilizado por Educación. Otra fue la de 'despejar a córner', como si el asunto no fuera competencia a debatir en una mesa del sector o que las condiciones laborales de los docentes «se están negociando», sin entrar en más detalles.

Los sindicatos insistieron. No tiraron la toalla, pero tampoco tiraron de pancarta a pesar de que la Generalitat del Botánico les dejó claro que no tenía planteado mejorar las nóminas de lo profesores, ya que, en todo caso, sería un trámite que afectaría al resto de funcionarios. Mismo saco roto, más aun cuando el mismo argumento se vuelve a repetir meses después. Incluso, llegó a basar su «no» a la subida de sueldo en «solo el profesorado del País Valenciano y País Vasco tienen diez horas lectivas, mientras que el resto de autonomías se sitúa por encima de esta cifra».

Si la pasividad sindical resulta llamativa, no menos chocante es la locuacidad y actividad del PSPV-PSOE y Compromís al respecto del paro. «La huelga de hoy expresa un malestar real en los centros educativos y demuestra que la comunidad educativa está cansada de recortes, imposiciones y falta de diálogo», señaló el 31 de marzo el portavoz de Educación de los socialistas valencianos, Miguel Soler, el mismo que fue secretario autonómico de Educación con Puig.

«Ahora han cambiado de criterio»

También exigió a la Consellería que «deje la propaganda, se siente a negociar y dé una respuesta seria a cuestiones fundamentales como la bajada de ratios, el refuerzo de plantillas, la mejora de las condiciones laborales, más recursos para los centros y la defensa de la educación pública».

Compromís, como de costumbre, no se queda atrás en su habitual estrategia de trazo grueso y apoya las movilizaciones. Ni palabra sobre la ejecutoria de Marzà durante casi ocho años y sus políticas al frente de su cartera. Es decir, socialistas y nacionalistas no han dudado en unirse a aquellos cuyas reivindicaciones ignoraban cuando estaban en el poder.

Con este contexto, Pérez Llorca ya avanzó que las negociaciones con los colectivos sindicales van a ser «muy difícil» porque los Presupuestos de la Generalitat para 2026 todavía no están aprobados y no se podría aprobar esa medida hasta entonces. Sobre el clima político y la huelga que está en el ambiente señala: «Daba la sensación de que estaba ya premeditado», recordando que durante los mandatos de socialistas, nacionalistas y comunistas «no decidieron manifestarse». «Ahora han cambiado de criterio. Yo espero que sea una coincidencia que quede un año para las elecciones», advierte el mandatario.