Imagen tomada este viernes de José Antonio Rovira durante la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboralGVA

La Generalitat Valenciana quiere que sus funcionarios trabajen 35 horas a la semana desde 2027

Hacienda destaca que su plan no genera «las falsas esperanzas que dio el Gobierno de Ximo Puig»

La Generalitat Valenciana va a iniciar las negociaciones en las mesas sectoriales para la futura implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración regional. La idea es que se comience a implantarse a partir del 1 de enero de 2027. Al respecto, la Consellería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Función Pública, ha reunido este viernes la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral.

El órgano lo ha presidido el conseller, José Antonio Rovira. También ha contado con la presencia del secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó; la secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares; el director general de Función Pública, Vicente Serra y la directora general de Presupuestos, Amparo Haro. En el encuentro se ha abordado como tercer punto del orden del día «instar a cada mesa sectorial a negociar la aplicación de las 35 horas en su ámbito y sus correspondientes adaptaciones en los términos del Acuerdo para la XI Legislatura».

Lo próximo es iniciar la negociación en las correspondientes mesas sectoriales de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública, ya que la Generalitat lleva meses trabajando en informes en los que se pueda determinar el coste de implantar la jornada de 35 horas semanales.

Así, Hacienda remarca que cualquier paso que se dé en este sentido «será serio y riguroso, sustentando en la posibilidad de llevarse a cabo según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos». Sobre ello, el departamento de Rovira recuerda que el anterior Gobierno valenciano «hizo una promesa en el ámbito de Sanidad imposible de ejecutar al carecer de soporte presupuestario, razón por la que la Abogacía de la Generalitat declaró nulo el acuerdo».

Hacienda también recuerda que el crédito presupuestario es de carácter limitativo y el Consell debe cumplir la Regla de Gasto establecida por el Gobierno central y por la Unión Europea, que fija los siguientes límites de crecimiento del gasto: 3,5 % en 2026; 3,4 % en 2027; y 3,2 % en 2028. En concreto, el incremento del gasto en 2026 en el Capítulo I (gastos de personal) es consecuencia directa de los acuerdos salariales estatales, que suponen un aumento acumulado del 6,5 % (2,5 % en 2025; 2,5 % consolidable en 2026; y 1,5 % adicional en 2026), con un impacto estimado de 611 millones de euros. Para 2027, se prevé además un crecimiento adicional del 5 % (4,5 % más un 0,5 %).

Igualmente, la Generalitat destaca que su plantilla de empleados ha pasado de 135.016 puestos en 2021 a 160.198 en 2025, lo que supone un incremento de 25.154 efectivos, un 18,63 %. Por lo tanto, el Capítulo I supera los 9.300 millones de euros, importe superior al 31 % del presupuesto total de la Generalitat. Además, la Conselleria de Hacienda subraya que la Comunitat está sometida a una infrafinanciación desde hace años y que la aplicación de la semana de 35 horas supone «un esfuerzo añadido más», al tiempo que se ha insistido en la necesidad de un fondo de nivelación transitorio.

Brecha salarial

Por otra parte, en la reunión se ha destacado el compromiso del Consell para combatir la brecha salarial en todos los sectores de la Administración autonómica y se ha abordado la distribución de la dotación presupuestaria del Programa Temporal de Lucha contra la Brecha Salarial y Racionalización y Mejora de la Clasificación de Puestos para los años 2025 y 2026.

En el capítulo I del presupuesto se ha dotado con 14.000.000 de euros para este programa, de los cuales 7.000.000 de euros corresponden a la anualidad 2025 y otros 7.000.000 de euros a la anualidad 2026. Atendiendo al número de personas empleadas en cada sector, corresponden hasta 5.580.000 euros a Sanidad; hasta 4.150.000 euros a Educación; hasta 520.000 euros a Justicia; y hasta 3.750.000 euros a Función Pública.