María José Catalá pasa al ataque contra Óscar Puente por su «desprecio institucional» a Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de seis iniciativas parlamentarias firmadas por la diputada por Valencia del Grupo Parlamentario Popular, Alma Alfonso, para poner fin al «bloqueo injustificado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene sobre la prolongación sur del túnel de Serrería».

Según señalan fuentes 'populares' la actitud omisiva de Óscar Puente afecta a «una infraestructura estratégica para la conexión ferroviaria del puerto de Valencia y para el desarrollo urbanístico de la fachada marítima de la ciudad y la finalización del jardín del Turia».

El paquete parlamentario está compuesto por dos solicitudes de documentación —dirigidas al Ministro de Transportes y al presidente de ADIF— y por cuatro baterías de preguntas escritas al Gobierno, que cercan al Ministerio de forma simultánea en cuatro frentes: «la situación contractual y económica del Estudio Informativo el uso contradictorio del Estudio de Viabilidad de 2015, el incumplimiento de las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el desprecio ministerial al Ayuntamiento de Valencia».

«Valencia lleva más de cuatro años esperando a que el Gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre por qué tiene secuestrado un estudio informativo ejecutado al 76 %, que se pagó con dinero público y que es imprescindible para el futuro de nuestra ciudad», ha afirmado Catalá.

La alcaldesa ha insistido en que «si el Ministerio no responde al Ayuntamiento, si no responde al Consejo de Transparencia y si no responde a los ciudadanos, responderá al Congreso de los Diputados. Y lo hará ahora en seis frentes a la vez: por la suspensión, por el dinero, por el Estudio de Viabilidad, por la transparencia y por el desprecio al Ayuntamiento. Un Gobierno que se esconde de los controles democráticos es un Gobierno que tiene algo que ocultar».

Cuatro años de silencio sobre un estudio pagado al 76 %

Según el PP, «el contrato fue formalizado el 30 de enero de 2020, con un plazo de 24 meses. A dos meses escasos de su conclusión, el 30 de noviembre de 2021, fue suspendido mediante Orden de la Secretaría de Estado de Transportes. En ese momento se habían abonado 193.387,57 euros correspondientes a 17 certificaciones mensuales». Ante esta situación, desde el grupo municipal denuncian que «han transcurrido cuatro años y medio sin que el Ministerio haya adoptado decisión alguna sobre reanudación, modificación o resolución del contrato».

La batería de preguntas escritas sobre el Estudio Informativo exige ahora al Gobierno explicaciones por escrito, con fechas y actos administrativos concretos, sobre la situación actual del expediente, la valoración económica y contractual formalizada conforme al artículo 208 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y si existe previsión de dictar orden de reanudación en el ejercicio 2026.

El 14 de junio de 2023, el Director General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria afirmaba que el contrato seguía suspendido por «la necesidad de coordinar los resultados del trabajo con otros organismos». Apenas cuatro meses después, el 2 de octubre de 2023, el mismo órgano afirmó exactamente lo contrario: «no consta en este expediente peticiones de informe a otros organismos que estén ligados directamente a la suspensión del contrato». O existen esos organismos, o no existen. No caben ambas respuestas simultáneamente. La batería de preguntas sobre transparencia exige al Gobierno explicar esas contradicciones materiales entre las respuestas ministeriales.

La excusa desmontada por el propio Pliego del Ministerio

Uno de los argumentos repetidos por el Ministerio ha sido que la prolongación sur del túnel de Serrería «no puede abordarse mientras no concluyan las obras del túnel pasante», al entender que su ejecución cortaría el Corredor Mediterráneo. Se trata de una afirmación que, cuando se confronta con la propia documentación contractual del Ministerio, se revela como una «excusa técnicamente insostenible», según señala el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

El Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato para la redacción del Estudio Informativo —es decir, el documento contractual redactado por el propio Ministerio y aceptado por la adjudicataria— estableció con toda claridad que «se deberán analizar las situaciones provisionales durante la ejecución de la obra, tanto viarias como ferroviarias para la construcción de las distintas alternativas. Este análisis será de mayor detalle en lo relativo a las afecciones a la línea ferroviaria existente, de manera que se minimice la afección al servicio ferroviario; se procurará que permanezca en funcionamiento en todo momento». Es decir, el análisis detallado de las afecciones provisionales al tráfico ferroviario durante la ejecución de las obras era una prestación contractual expresa del adjudicatario, una obligación que GEOCONTROL, S.A. estaba ejecutando con toda normalidad hasta que el Ministerio suspendió abruptamente el contrato a dos meses de su finalización.

«Si el Ministerio hubiera dejado finalizar el contrato en sus plazos originales, el Estudio Informativo habría incorporado, por mandato contractual expreso, el análisis técnico de cómo minimizar la afección al servicio ferroviario durante la ejecución de las obras, incluyendo las posibles soluciones de desvío provisional, fases constructivas y compatibilidad con el tráfico del Corredor Mediterráneo. Dicho de otra manera: la pregunta técnica que el Ministerio utiliza hoy como excusa para bloquear la obra —cómo ejecutarla sin cortar el Corredor Mediterráneo— era precisamente la pregunta que el Ministerio había contratado responder y cuya respuesta estaba a dos meses de entrega cuando se decidió suspender el contrato sin ninguna explicación», señalan desde el PP.

«La excusa del túnel pasante es una falacia administrativa», ha explicado la alcaldesa. «El Ministerio nos dice hoy que no puede abordar la obra porque cortaría el Corredor Mediterráneo, cuando el análisis detallado de cómo evitar esa afección era justamente el contenido técnico que el contrato obligaba a elaborar al adjudicatario. O el Ministerio suspendió el contrato por motivos que no han querido explicar, y ahora pretende justificar esa suspensión mediante una afirmación técnica que habría sido respondida por el propio contrato si lo hubieran dejado terminar. Es una cadena de incoherencias administrativas que solo se explica por una razón: que alguien, en algún despacho del Ministerio, tomó la decisión de enterrar esta obra por motivos que no son los técnicos que ahora invocan».

Las preguntas escritas registradas reclaman también, de forma expresa, el calendario concreto del Ministerio para la aprobación y sometimiento a información pública del Estudio Informativo.

Filtración ministerial

En junio de 2024, el Ministerio filtró la existencia de un supuesto informe técnico según el cual la Alternativa 3 defendida por el Ayuntamiento de Valencia «estrangularía» los accesos ferroviarios del Puerto. En abril de 2025, volvió a filtrar que las obras «no se pueden abordar mientras no estén concluidas las obras del túnel pasante». Pero cuando se han pedido esos informes por los cauces oficiales de Transparencia, la respuesta ha sido el silencio o fórmulas genéricas del tipo «no se ha generado ninguna documentación nueva del expediente».

La batería de preguntas sobre el Estudio de Viabilidad desmonta el relato ministerial: exige al Gobierno sobre qué base documental afirmó el Ministerio que la Alternativa 3 «estrangularía» los accesos ferroviarios del Puerto, reclamando identificación del informe, fecha, órgano autor y copia del documento. ADIF ha reconocido por escrito, en sus alegaciones de 9 de febrero de 2026 ante el Consejo de Transparencia, que no existe informe técnico, informe jurídico, acto administrativo ni decisión formal alguna que declare obsoleto el Estudio de 2015 ni que ordene su no utilización. Toda la tesis ministerial se ha construido, por escrito y en sede administrativa, sobre la nada.

«Un Gobierno que filtra a los medios supuestas conclusiones técnicas para condicionar el debate público, pero que cuando se le piden esos informes por los cauces oficiales dice que no existen, está haciendo un uso fraudulento de la transparencia», ha denunciado la alcaldesa. «O los informes existen, y entonces deben entregarse sin excusas, o no existen, y entonces el Ministerio ha estado mintiendo sistemáticamente a los valencianos. Las dos hipótesis son graves. Y ahora esa disyuntiva tendrá que responderla por escrito ante el Congreso, con firmas y con fechas».

El carácter estratégico del contrato: 441.787 euros en el Estudio de Viabilidad y 193.387 euros más en el Estudio Informativo

Las iniciativas parlamentarias ponen también el foco en la dimensión económica del bloqueo administrativo. Los valencianos han financiado ya, a través de sus impuestos, dos contratos consecutivos del Ministerio y de ADIF Alta Velocidad relativos a la prolongación sur del túnel de Serrería. El primero, el Estudio de Viabilidad técnico-económica adjudicado por ADIF Alta Velocidad en 2014 y entregado en diciembre de 2015, por un valor de 441.787,50 euros. El segundo, el Estudio Informativo contratado por el Ministerio de Transportes a GEOCONTROL, S.A. en 2020, del que se han abonado 193.387,57 euros correspondientes al 76 % de ejecución alcanzado antes de la suspensión de noviembre de 2021.

En total, más de 635.000 euros de dinero público invertidos en dos fases sucesivas del mismo proyecto técnico que, sin embargo, permanecen hoy sin dar resultado tangible alguno para la ciudad. El Estudio de Viabilidad de 2015 ADIF ha pretendido que es «auxiliar o de apoyo», «obsoleto» y «no utilizado», pese a haber sido financiado con fondos públicos y custodiado en los archivos de la entidad durante más de una década; el Consejo de Transparencia ya ha ordenado su entrega íntegra y ADIF no ha ejecutado esa resolución firme. El Estudio Informativo de 2020 está ejecutado al 76 % y abonado al adjudicatario, pero permanece suspendido desde 2021 sin que se haya aclarado ni si se reanudará, ni si se modificará, ni si se resolverá y se dará por perdida la inversión.

Las preguntas parlamentarias exigen además al Ministerio que identifique qué alternativa técnica considera actualmente preferente y sobre la base de qué análisis técnico-económico documentado, fechado y firmado por órgano competente adopta dicha posición. Si no existe ningún expediente para sustituir al Estudio de 2015, el argumento de la «obsolescencia» se cae por su propio peso.

«Estamos ante un problema de gestión pública de primera magnitud», ha afirmado la alcaldesa. «No se trata sólo de un problema de transparencia, que también. Se trata de 635.000 euros de dinero público de todos los españoles que están hoy en un limbo administrativo. Dinero que se ha gastado en elaborar documentos técnicos que el propio Ministerio ahora pretende que no sirven, que no se pueden entregar, o que están a medias y no se sabe cuándo se terminarán. A eso le llamo yo despilfarro institucional. Y a los valencianos y a todos los españoles nos merecemos una explicación detallada de por qué nuestro dinero acaba en este tipo de agujeros negros administrativos».

Batería de preguntas

La batería de preguntas sobre coordinación con el Ayuntamiento exige al Ministerio explicar cómo puede sostener que no había recibido documentación municipal desde junio de 2024 cuando el propio Ayuntamiento remitió, el 11 de septiembre de 2024, informes del Servicio del Ciclo Integral del Agua, del Servicio de Movilidad y del Servicio de Asesoramiento Urbanístico, así como el tratamiento administrativo dado a esos informes y su incorporación al expediente 2019F463O430.

A ello se suma el incumplimiento de dos resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La R CTBG 2026-0359, de 26 de marzo, declaró que la respuesta genérica del Ministerio «no resulta conforme al derecho de acceso a la información pública» e instaba a facilitar la documentación de diez de los catorce puntos solicitados. La R CTBG 2026-0376, de 30 de marzo, ordenó a ADIF entregar íntegramente el Estudio de Viabilidad de 2015, rechazando los argumentos sobre su supuesto carácter «auxiliar» u «obsoleto».

«Esto no es un retraso administrativo: es un desprecio institucional», ha afirmado Catalá. «El Ministerio incumple simultáneamente con el Ayuntamiento de Valencia, con el Consejo de Transparencia y con los ciudadanos. Un triple incumplimiento que solo se explica por una estrategia deliberada de opacidad. Y ante esa estrategia, no queda más opción que activar el control parlamentario directo, en todos los frentes a la vez».

«No le pedimos un favor: le pedimos que cumpla la ley. Y si no lo hace por las buenas, lo hará respondiendo a los diputados del Congreso, en seis frentes a la vez. Estamos hablando del futuro ferroviario del Puerto, del futuro urbanístico de la fachada marítima, del futuro del Grao. Estamos hablando de la ciudad que queremos ser, y no vamos a aceptar que esas decisiones se tomen, o se dejen de tomar, en un cajón ministerial al que ningún ciudadano, ningún ayuntamiento y ningún consejo de transparencia tiene acceso», ha concluido la alcaldesa.