La huelga educativa valenciana encalla por los salarios mientras los sindicatos sostenían que no era su prioridad

Sentenció en su día el consultor David Allen que «fijar prioridades presupone que hay cosas más importantes que otras». Eso sí, se preguntó: «Aunque, ¿importantes en relación a qué?», a lo que añadió un nada despreciable consejo: «Organízate con eficacia». Esta frase la pronunció en 2001, pero hay quien, más de un cuarto de siglo después, sigue sin aplicársela. Basta como ejemplo citar a los sindicatos convocantes de la huelga indefinida en el sector educativo que desde el pasado lunes se está dando en la Comunidad Valenciana.

El paro, en lo que a días lectivos se refiere, ya ha cumplido su primera semana. Pero, más allá de cifras de seguimiento proporcionadas por unos y otros, hay determinados aspectos sobre los que merece la pena hacer incisos.

El más esencial es que el grueso de las reivindicaciones por las que protestan, prácticamente todas, vienen coleando desde la época en la que Ximo Puig era presidente de la Generalitat y la cartera de Educación recayó en manos de los catalanistas Vicent Marzà primero y Raquel Tamarit después, ambos de Compromís. Eso sí, no se recuerda ni la más mínima marcha durante esos ocho años en los que la izquierda gobernaba la región.

Pero hay más. Así, cabe resaltar que los docentes secundadores, representados por STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE pusieron varios asuntos sobre la mesa para negociar con la Administración autonómica. Entre ellos estaba una subida salarial. La misma que Puig y sus socios nacionalistas y los comunistas de Unidas Podemos negaron por activa, pasiva y perifrástica en sus dos legislaturas sin manifestación siquiera alguna. Mérito. Ahora bien, no parecía que ese extremo fuese clave para llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga actual.

Del salario al valenciano

Lo dejó claro la consellera de Educación, Carmen Ortí, cuando apuntó que «todos y cada uno de los sindicatos» dijeron que lo anterior no era lo más importante. Pero parece que el contexto ha cambiado. Según ha podido saber El Debate a través de fuentes de total solvencia de la Generalitat, lo relativo al sueldo ahora es básico. No solo eso, sino que las propios colectivos así lo confirman:

«No podemos escondernos en el tema retributivo porque no podemos seguir siendo los peores pagados», afirma la portavoz de UGT. Lo propio hace su colega de Comisiones Obreras: «La propuesta retributiva es condición (sic) sine qua non». Lo contrario, agrega Xelo Valls, sería una «falta de respeto». Antes sí y ahora no. Cuestión de prioridades.

Otra de estas es la lengua. Los dos mandatos de la izquierda en el poder en materia educativa se caracterizaron por una entusiasta y sin freno imposición del valenciano en los diferentes centros de la Comunidad. Había que orillar el castellano, al más puro estilo de Cataluña, no solo durante el procés, sino también durante décadas. Ese fue el modelo del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos. También fue el que los propios ciudadanos de Castellón, Valencia y Alicante rechazaron abrumadoramente en las urnas en las elecciones de mayo de 2023. El Partido Popular y Vox abogaron por la «libertad», un derecho fundamental que ahora determinados sectores pretenden cuestionar.

Dicho de otra manera, la hoja de ruta planteada por los convocantes de la huelga, al menos algunos de ellos, consistiría en una regresión y volver a las políticas implantadas por Marzà, siempre bajo el visto bueno y el paraguas de Puig, y de su sucesora. La libre elección de la lengua en la que los padres quieran que sus hijos estudien quedaría en nada.

«Disposición a dialogar»

Había más reivindicaciones y exigencias, pero están teniendo poco eco sindical. Algunos de ellos figuran en pancartas, pero su protagonismo en la negociación no ha tenido ni mucho menos el que tuvo en los días previos al paro. En este capazo se incluyen ratios, infraestructuras o aulas para alumnado con capacidades especiales. Todo ello parece que ha sucumbido a lo escrito por Francisco de Quevedo de «poderoso caballero es Don Dinero». No rima igual, pero los sindicatos también tendrían su versión: «Poderós cavaller es Don Diners».

Unas y otras partes se han emplazado a otra reunión. Esta cita entre organizaciones convocantes y el Ejecutivo que preside el 'popular' Juanfran Pérez Llorca será este mismo lunes. El resultado de la misma, toda una incógnita.

Por su parte, fuentes de la Generalitat Valenciana consultadas por este periódico se muestran firmes: «Este Consell ha demostrado su disposición a dialogar desde el principio con los sindicatos y para poner sobre la mesa todas las cuestiones que contribuyan a mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Para la Generalitat, la prioridad son los alumnos y por eso exigimos servicios mínimos especiales para 2º de Bachillerato y la Justicia nos respaldó. La prioridad deben ser los alumnos. Los propios sindicatos han dicho que el salario no lo era. Y la libertad educativa para este Gobierno tampoco puede estar en juego. Seguimos defendiendo el diálogo, con la mano tendida y la esperanza de cerrar acuerdo», zanjan.