Imagen de archivo de Diana Morant en el Congreso de los Diputados
El Supremo ya tiene la querella del conseller valenciano de Sanidad contra Diana Morant
La ministra y líder del PSPV-PSOE acusó a Marciano Gómez de «lucrarse» con la privatización del sector en la región
Malas noticias para Diana Morant después de que el conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, haya presentado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) una querella contra la socialista después de que ésta le acusara directamente de «lucrarse» con la supuesta privatización de la sanidad en la región.
En concreto, la frase que ha provocado que el dirigente mueva ficha fue «en la Comunidad Valenciana mientras se recorta en sanidad se está duplicando la inversión en la sanidad privada», a lo que añadió que «tenemos un conseller de Sanidad que se está lucrando con la privatización de la sanidad, aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud»
Lo dicho por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV-PSOE, Gómez lo calificó como «inadmisible» y lamentó que una integrante del Ejecutivo central «mienta y difame sin ningún tipo de pudor ni consecuencia». Seguidamente, le exhortó que ««si tiene alguna prueba de lo que está diciendo, que vaya al Juzgado». "Como no la tiene, voy a ir yo», avisó. Y ha cumplido.
No acudió al acto de conciliación
A lo largo de todo el tiempo transcurrido Morant no se ha arrepentido y ni siquiera ha matizado lo expresado. La muestra más evidente de ello es que tampoco acudió al acto de conciliación que la ley establece tras la presentación de una demanda en aras de que el eventual acusado se pueda retractar. No se le vio por el Juzgado número 11 de Valencia el 2 de abril.
Y no fue por falta de avisos, ya que sabía que la «incomparecencia injustificada, la negativa a conciliar o la ausencia de retractación serán interpretadas como ratificación de las imputaciones y determinarán el ejercicio inmediato de acciones penales, con solicitud expresa de las máximas responsabilidades legalmente previstas».
De haber acudido, la también candidata socialista a la presidencia de la Generalitat tendría que haber reconocido «expresa e inequívocamente la falsedad de las imputaciones realizada»«, tal como le reclamaba el conseller. Además, debería haberse retractado «públicamente, mediante declaración clara, expresa y sin ambigüedades, difundida por los mismos medios y con una repercusión equivalente a la de las manifestaciones calumniosas».
Sin inmunidad parlamentaria
Otro aspecto nada baladí es la indemnización, puesto que Gómez pide que ésta ascienda de manera provisional a 30.000 euros, «sin perjuicio de su ulterior concreción en sede judicial». Ahora será el TS el que deberá resolver el caso, en cuya documentación se señala que las manifestaciones de Morant «encajan plenamente en el delito de calumnias, previsto y penado en los artículos 208 y siguientes del Código Penal, concurriendo además el elemento de publicidad, lo que determina una especial gravedad de la conducta».
Por último, cabe subrayar que la ministra está aforada ante el Tribunal Supremo. Pero lo está por el hecho, precisamente, de ese cargo y no por el de diputada, puesto que en su día renunció al acta que consiguió siendo número uno por Valencia al Congreso en la misma lista en que José Luis Ábalos era el dos. Es decir, no goza de inmunidad parlamentaria.
