La Diputación de Alicante lamenta la sentencia del Tajo-Segura y reclama al Gobierno «altura de miras» para evitar la desertificación del sureste español

La vicepresidenta primera y diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha lamentado hoy la última sentencia del Tribunal Supremo que avala los caudales ecológicos para el río Tajo «ya que supone un nuevo varapalo a los intereses económicos, sociales y medioambientales de la provincia de Alicante y del conjunto del sureste español» y «ratifica la política hídrica del Gobierno de España que resulta nefasta para nuestro territorio»

En este sentido, Serna ha advertido de que el fallo «deja el trasvase Tajo-Segura al borde de la desaparición, ya que sufrirá un recorte del 50 %, condenando a miles de familias que dependen directa o indirectamente del agua trasvasada para mantener su actividad económica y preservar uno de los sectores productivos más importantes de la provincia». Por ello, ha reclamado al Gobierno «altura de miras y que abogue por el diálogo y el consenso antes de tomar decisiones que condenan a buena parte del territorio español».

La también diputada de Ciclo Hídrico ha destacado el esfuerzo hecho por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) «para tratar de frenar el atropello que supone para esta provincia reducir el trasvase». Recuerda que «desde la Diputación de Alicante, y ahora también alineados con la Generalitat Valenciana, estaremos siempre a su lado para defender sus intereses».

«Defensa del agua que merecemos»

Aunque ha admitido que desde el punto de vista jurídico «se nos han cerrado prácticamente todas las puertas, vamos a seguir defendiendo el trasvase Tajo-Segura en todos los ámbitos donde sea posible. Esta provincia no va a ceder ni un ápice en la defensa del agua que merecemos», ha apuntado.

La responsable provincial ha recordado que los regantes «llevan años advirtiendo de las consecuencias que tendría la reducción progresiva de los caudales transferidos» y ha lamentado que el Gobierno de España «continúe avanzando en una hoja de ruta que sólo nos va a traer desierto y pobreza al Levante español».

«Si el Gobierno de Pedro Sánchez consuma sus amenazas y reduce el trasvase en los términos planteados, estaremos hablando de la destrucción de miles de hectáreas de regadío y de millones de árboles que hoy sobreviven gracias al agua del trasvase, de la pérdida de más de 100.000 empleos directos e indirectos vinculados al sector y de un golpe irreparable para la economía de nuestras comarcas», ha advertido.

En este sentido, Serna ha exigido al Ejecutivo central «que abandone cualquier planteamiento ideológico en materia hídrica y adopte decisiones basadas en criterios técnicos, científicos y de solidaridad territorial porque el agua no puede convertirse en una herramienta de confrontación política».