La consellera de Justicia niega haber «desmontado» el equipo de la jueza de la dana y acusa a la izquierda de buscar «un minuto de gloria»

«No hay ninguna historia rara». Así de contundente se ha expresado este lunes la consellera valenciana de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, en relación al proceso de estabilización del personal que trabaja en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, donde se investiga la gestión política de la dana del 29 de octubre de 2024.

En su comparecencia en las Cortes Valencianas, la dirigente ha negado que se haya «desmontado» el equipo de Nuria Ruiz Tobarra, al tiempo que ha defendido que este se ha llevado a cabo siguiendo criterios «objetivos». También ha reprochado a las formaciones de izquierda que intenten «sacar un minuto de gloria» con esta cuestión.

En este sentido, Martínez ha explicado que el citado proceso se ha basado en «criterios objetivos» como las plazas que llevaban allí más de tres años. «No hablamos de personas, hablamos de plazas», ha insistido. También ha asegurado que tiene «la conciencia tranquila» y ha defendido que es «muy transparente». «Si algo me motivó a dar el paso y venir aquí fue precisamente lo que pasó», ha desvelado, en alusión a su incorporación al Consell tras la riada.

«En ninguna cabeza cabe, y menos en la mía, que yo intente perjudicar una situación ante la mayor catástrofe que ha sufrido esta Comunidad, no tendría ningún sentido», ha agregado la consellera, que ha mostrado «respeto a todos los jueces y magistrados y, por supuesto, a la magistrada de la dana y sus funcionarios». También ha sacado pecho de que el Consell ha garantizado a la magistrada «los refuerzos que había pedido». «La que más interés tiene de que acabe pronto la instrucción soy yo», ha afirmado.

Dicho esto, ha acusado al PSPV-PSOE y Compromís de «faltar el respeto a los más de 5.000 funcionarios de Justicia que tienen la formación, la dedicación y las capacidades necesarias para desarrollar la labor en esta y en cualquier otra causa» y ha asegurado que estas formaciones «no son quienes para juzgar si el trabajo de un funcionario o de otro va a suponer una dilación o alteración de ninguna instrucción». «Todos son excepcionales en el trabajo que llevan a cabo», ha defendido.

«No sobrepasar la ley»

Además, ha advertido de que, si estas plazas no se hubieran convertido en estructurales, por «poco que se alargue la instrucción, ese personal estaría superando el límite que fija la ley para el personal interino», y ha remarcado que su «línea roja» es precisamente «no sobrepasar la ley». «Si me sugieren que tengo que incumplirla para mantener a gente que no puede estar más de tres años, están muy equivocados, no lo voy a hacer ni aquí ni en ningún otro sitio», ha garantizado.

Respecto al proceso de estabilización, Martínez ha resaltado que la cobertura de plazas se ha hecho «conforme a la normativa y a lo que las fuerzas sindicales pidieron: primero una comisión de servicios, luego una bolsa de interinos y, después, se sacan a concurso». «Esa es la manera en la que en mesa sectorial se acordó», ha apuntado.

La jueza solo ha pedido dos plazas

De hecho, ha desvelado que, una vez resuelta la convocatoria de la comisión de servicios, de los cuatro puestos de refuerzo que tenía Ruiz Tobarra, uno ha sido solicitado por comisión de servicios por otra persona y, de los tres restantes que quedarían a la «libre elección» de la jueza, hasta el momento «solo ha reclamado dos». «No sabemos si el otro lo reclamará o no», ha deslizado.

La consellera ha animado a la oposición a ser «más constructivos y a dejar de utilizar y manipular todo esto», lo que provoca «incrementar el dolor a personas que ya han sufrido mucho» como las víctimas de la dana, ha lamentado, y ha remarcado que el proceso ha sido «transparente desde el primer momento». «Insisten en sacar rédito, pero no hay ninguna historia rara», ha afeado al PSPV-PSOE y Compromís.

Ley de Eficiencia

Por otro lado, sobre la ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un año después de su entrada en vigor, ha denunciado la «falta de recursos» del Gobierno central, al que ha acusado de «negar los recursos adicionales necesarios para llevar a cabo esta transformación», y ha reivindicado el «esfuerzo» realizado por su departamento para implantar la nueva organización judicial que impone.

La titular de Justicia ha denunciado que la ley «está generando más retrasos, mayor inseguridad jurídica y nuevas barreras en la tutela judicial efectiva, además de un descontento generalizado tanto en operadores jurídicos como en funcionarios».

También ha reprochado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que anunciara «que la Justicia iba a acometer el mayor proceso de modernización en décadas» pero omitiera «que la fiesta la acabaríamos pagando los valencianos con los recursos limitados que tenemos fruto de la infrafinanciación que padecemos».

«Palos en las ruedas»

Entre los grupos, en declaraciones previas a los medios, Ernest Blanch (PSPV-PSOE) ha sostenido que el Consell tiene una «alarma roja» en el juzgado de Catarroja, donde se investiga «el caso más sensible de toda la Justicia valenciana», y ha advertido a la consellera de Justicia de que «los actores judiciales le han pedido que sean las mismas personas las que continúen la instrucción», por lo que, «si las cambia, está intencionadamente poniendo palos en las ruedas» a la misma. «Todos sabemos cómo se las gastan en el PP», ha deslizado.

A su juicio, si ha habido «urgencia y necesidad para colocar a la mujer» del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, «en algún sitio, aquí tendría que sentarse hacer una reflexión clara». Ha apuntado que en otras comunidades autónomas «se han adoptado medidas de extraordinaria necesidad» ante «macrocausas», por lo que en este caso «nadie entiende que no quieran hacerlo». «Alguien está con el gatito acariciando y dando instrucciones, no sabemos si es Mazón o si es Pérez Llorca», ha añadido.

Mientras, Jesús Pla (Compromís) ha calificado de «absolutamente incomprensible» la decisión de la consellera de «retirar cuatro de los cinco refuerzos» del juzgado de Catarroja y ha avisado de que la misma «no se entiende si la voluntad de la actual Consell no es obstaculizar y obstruir la instrucción». También ha apuntado que todavía faltan «más de 100 testimonios por declarar» ante la jueza de la dana y el Gobierno valenciano «lo deja en un refuerzo».

«Aunque la consellera dice que los refuerzos van a continuar, lo que no dice es que no van a continuar las mismas personas que están instruyendo la causa. Es decir, será, en el mejor de los casos, comenzar de nuevo con la experiencia acumulada que tenía la gente que estaba trabajando desde marzo de 2025», ha apostillado.

«Las mismas plazas»

Sin embargo, Laura Chulià (PP) ha señalado que la «realidad» es que una parte de las plazas del juzgado de Catarroja forman parte de las 200 que pasan a ser estructurales y dejan de ser temporales. «En realidad, el refuerzo lo único que hace es que deja de ser temporal para convertirse en fijo y, por tanto, obviamente las plazas van a seguir siendo numéricamente las mismas», ha incidido.

Y David Muñoz (Vox) ha apuntado que, si en Catarroja «va a haber el mismo personal que hasta ahora, no hay ningún tipo de recorte». «La cuestión es si tienen que ser las mismas personas, los mismos funcionarios, o no», ha apuntado, aunque ha considerado que cualquier profesional de la Administración de Justicia «puede llevar a cabo la tramitación de cualquier procedimiento, por mucha complejidad que tenga, y lo puede hacer de forma excelente». «Ninguna sombra de sospecha sobre todos ellos», ha añadido.