El descontrol de la inmigración irregular en Alicante: la provincia registra una brecha de 71.000 extranjeros ilegales

Alicante se ha consolidado como la tercera provincia de España con mayor volumen de población extranjera, un crecimiento exponencial impulsado por los flujos migratorios que ya sitúa el número de foráneos por encima de los 530.000 residentes, según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este notable peso demográfico ha elevado la población total del territorio por encima de los 2.075.000 habitantes. Sin embargo, tras la frialdad de estas cifras se esconde una realidad que cuestiona la eficacia de las políticas de control: una inmensa bolsa de inmigración irregular que burla los registros de residencia legal del Gobierno.

La magnitud de este desajuste administrativo es incuestionable si se analizan los datos de la población extracomunitaria (aquella procedente de fuera de la Unión Europea, excluyendo por sus condiciones especiales a británicos y refugiados ucranianos). Mientras que el censo del INE registra a casi 250.000 personas en este grupo, los datos de regularización que maneja la Moncloa reducen la cifra de extranjeros con permiso de residencia en vigor a tan solo 178.000. El resultado es una brecha de 71.000 personas que carecen de autorización legal para residir en España, instaladas en un limbo de irregularidad frente a la oficina de extranjería.

Este contingente de más de 71.000 inmigrantes en situación irregular genera una evidente distorsión socioeconómica fruto de la falta de previsión institucional. Al carecer de papeles y de permisos de residencia indefinida, estos ciudadanos tienen prohibido por ley firmar contratos de trabajo o ser dados de alta en la Seguridad Social. No obstante, el marco normativo actual les permite empadronarse y disfrutar de acceso pleno a la sanidad pública, ayudas sociales y a la escolarización de sus hijos, lo que evidencia una flagrante contradicción de la política migratoria, que ofrece cobertura asistencial a personas a las que, formalmente, mantiene excluidas del sistema laboral.

El colapso del sistema de asilo

El desfase entre el padrón y la legalidad vigente es especialmente visible entre los ciudadanos procedentes de Sudamérica, quienes utilizan de forma recurrente la solicitud de asilo político, una herramienta que a menudo deriva en un salvoconducto temporal ante la lentitud de resolución del Estado. El ejemplo de Colombia es paradigmático: mientras el INE contabiliza 51.224 colombianos residiendo en la provincia, el Gobierno central solo reconoce como legales a 18.930.

Esto demuestra que decenas de miles de ellos permanecen en el territorio una vez que sus peticiones de protección han caducado o han sido denegadas de forma definitiva. Una situación idéntica sufren los ciudadanos venezolanos, donde de los 14.384 residentes censados, apenas poco más de la mitad cuenta con los papeles en regla.

La inmigración irregular procedente del norte de África también engrosa este limbo estadístico, reflejando el embudo burocrático de las oficinas estatales. Según el Observatorio Permanente de Inmigración (OPI), los marroquíes representan la segunda nacionalidad extracomunitaria con más presencia en Alicante. El Ministerio registra a 43.490 de ellos con permiso de residencia, pero el censo del INE eleva la cifra real a 49.700; una diferencia de 6.259 marroquíes en situación irregular. En el caso de Argelia, la tesitura es similar, sumando otros 7.982 ciudadanos sin la documentación en regla.

El «arraigo» o cómo premiar la ilegalidad

Expertos legales en materia de extranjería confirman que el nuevo Reglamento de Extranjería se ha convertido en un potente incentivo para la inmigración ilegal a través de la figura del «arraigo». Esta vía permite a cualquier extranjero que haya accedido de forma irregular -ya sea rebasando el tiempo de un visado de turista o eludiendo los puestos fronterizos- obtener la residencia temporal si demuestra haber permanecido oculto o en situación ilegal en el país durante un periodo de dos años, tejiendo supuestos vínculos laborales, sociales o familiares. Al cierre de los últimos datos, un total de 20.311 personas en Alicante obtuvieron su permiso mediante esta fórmula, lo que para los críticos de este modelo supone premiar el incumplimiento de la ley penalizando a quienes intentan emigrar por los cauces legales.

Paralelamente, las autorizaciones de residencia legal totalizaron 220.405 al cierre de los últimos registros, un incremento del 8,37 % respecto al periodo anterior. La escalada en la última mitad de la década es todavía más drástica: desde el año de la pandemia, la cifra de extracomunitarios con permiso se ha duplicado, anotando una subida del 92 % en cinco años y un 113 % en la última década.

A nivel nacional, el escenario no es menos complejo. España roza ya los 3,5 millones de ciudadanos en régimen de extranjería (un 9 % más en solo un año). En esta clasificación de presión migratoria, Madrid y Barcelona lideran la tabla con más de 570.000 cada una, seguidas de Valencia con 226.000. Alicante se sitúa inmediatamente después, consolidada en la cuarta posición nacional y superando holgadamente a otras provincias de alta intensidad migratoria como Murcia, Málaga o Almería, confirmando que la provincia alicantina es uno de los epicentros de la crisis de control fronterizo y administrativo que afronta el país.