La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez
Del modelo Ayuso a Toni Pérez y Marta Barrachina: las mayorías absolutas del PP que le liberan de los pactos con Vox
Este sábado 23 de mayo el calendario político activa una cuenta atrás inexorable: queda exactamente un año para las elecciones municipales y autonómicas. En este escenario de precampaña latente, el Partido Popular busca fijar su estrategia tras el revés estratégico sufrido en Andalucía, donde la pérdida de la mayoría absoluta de Juanma Moreno obliga a los 'populares' a explorar fórmulas de acuerdo con Vox.
Con este panorama, el modelo de gestión sin ataduras de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid se consolida como el gran espejo en el que mirarse, un patrón de autosuficiencia que en la Comunidad Valenciana ya aplican con éxito Toni Pérez y Marta Barrachina al frente de las diputaciones de Alicante y Castellón.
El eco de las urnas andaluzas ha encendido las alarmas en el tablero valenciano, especialmente en las filas del PSPV-PSOE. El severo hundimiento de la candidatura de la ministra María Jesús Montero, que firmó el peor resultado histórico de las siglas socialistas en Andalucía con apenas 28 escaños, prolonga la crisis que ya sufrió Pilar Alegría en Aragón. Esta erosión de los perfiles ministeriales procedentes del núcleo duro de Pedro Sánchez proyecta una sombra de duda sobre el futuro electoral de Diana Morant de cara a la cita con las urnas, en un momento en que las encuestas espolean a Compromís tras el regreso de Mónica Oltra.
Frente a las turbulencias de la izquierda y la necesidad de pactos en otras regiones, el PP valenciano exhibe sus plazas fuertes provinciales como ejemplos de estabilidad orgánica. Las diputaciones de Alicante y Castellón se han convertido en los principales baluartes de gobiernos en solitario dentro de la región, demostrando que la marca es capaz de fagocitar el espacio del centro-derecha y neutralizar la dependencia de la formación de Santiago Abascal mediante mayorías nítidas logradas en el ámbito local.
El espejo madrileño
La holgada pero insuficiente victoria del PP en Andalucía, donde se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta con 53 diputados, ha forzado un cambio de perspectiva en las estrategias de campaña. Ya no basta con ganar; el objetivo prioritario es gobernar sin hipotecas. En este contexto, los 70 diputados obtenidos por Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid representan el ideal político al que aspira la formación: una gestión libre de las exigencias programáticas de Vox que permite aplicar de forma directa los principios fiscales y sociales del partido.
El oasis provincial: Alicante y Castellón
En la Comunidad Valenciana, este modelo de concentración de voto en torno a las siglas del PP tiene sus nombres propios en Toni Pérez y Marta Barrachina. En la Diputación de Alicante, Pérez lidera una corporación provincial con 17 diputados (uno más de los necesarios para la mayoría absoluta), mejorando los registros anteriores que obligaron en su día a coaligarse con Ciudadanos. Con un respaldo del 38,95 % de los sufragios, los 'populares' alicantinos han demostrado la viabilidad de un proyecto monocolor en el sur de la región, revalidando alcaldías clave como Benidorm, Orihuela o Torrevieja.
Imagen de archivo de Marta Barrachina, Carlos Mazón, Vicent Mompó y Toni Pérez
Una dinámica idéntica se respira en el norte de la autonomía. Marta Barrachina reconquistó la Diputación de Castellón de manera arrolladora al sumar 14 actas, arrebatando el gobierno provincial al bloque socialista. Los más de 111.000 votos obtenidos por Barrachina no solo certificaron una mayoría absoluta incontestable, sino que relegaron a Vox a una posición minoritaria con un único representante, permitiendo al PP desplegar una hoja de ruta centrada en la gestión provincial sin necesidad de negociar cada partida presupuestaria en coalición.
La excepción de Valencia
La cruz de esta moneda se localiza en la Diputación de Valencia, donde la aritmética electoral no otorgó el mismo colchón al bloque de centro-derecha. El 'popular' Vicent Mompó se vio obligado a explorar vías alternativas para garantizar la gobernabilidad de la institución. En lugar de incorporar a Vox a las tareas ejecutivas, Mompó optó por sellar un pacto de estabilidad con Ens Uneix, la formación municipalista de la Vall d'Albaida liderada por Jorge Rodríguez.
Este acuerdo supuso la entrega de la vicepresidencia primera a Natàlia Enguix y la gestión de cinco áreas estratégicas a la plataforma localista, además de un compromiso de inversión de 15 millones de euros para su comarca. Aunque este movimiento logró mantener a Vox fuera del Ejecutivo provincial, evidencia la fragilidad de los gobiernos que carecen de una mayoría absoluta nítida y el alto precio político que exige la fragmentación del voto en determinadas circunscripciones.
La quimera de los 50 escaños de Camps
Este debate sobre la fórmula de gobernabilidad óptima ha espoleado las ambiciones internas en el seno del PPCV. El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha irrumpido en la escena orgánica reclamando el liderato del partido bajo el lema «Mayoría absoluta. Lo hicimos, lo haremos». Camps defiende que la Comunidad Valenciana debe aspirar obligatoriamente al modelo de Ayuso para blindar las instituciones, asegurando que su proyecto es capaz de alcanzar los 50 escaños necesarios para gobernar la Generalitat en solitario.
Imagen de Francisco Camps
Sin embargo, la crudeza de la demoscopia aleja significativamente este escenario de los planes de la actual dirección de Juanfran Pérez Llorca. Los sondeos actuales sitúan al Partido Popular en el entorno de los 37 diputados, una cifra manifiestamente lejana de la barrera de los 50 escaños que exige el parlamento autonómico para prescindir de aliados. Así, a un año de las elecciones, mientras el proyecto autonómico debe lidiar con la realidad de un mapa electoral fragmentado, las diputaciones de Alicante y Castellón permanecen como los espejos locales donde el PP respira aliviado, a cubierto de las exigencias del bloque de su derecha.
La dana y la sombra judicial de Ferraz
A doce meses exactos de la cita con las urnas, el verdadero enigma para los estrategas de ambos bloques radica en qué balance de daños inclinará de forma definitiva la balanza de la opinión pública valenciana. Está por ver si sobre los electores pesará más el desgaste político por la gestión de la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024 que arrastra el Ejecutivo autonómico y se llevó por delante la carrera política de Carlos Mazón, o la controvertida actuación del Gobierno central de Pedro Sánchez -del que es ministra la candidata Diana Morant- combinada con el goteo de casos de corrupción que asedian a las siglas socialistas a nivel estatal.
Para añadir mayor complejidad al cartel electoral de la líder del PSPV, estos últimos días ha cobrado una incómoda relevancia en el debate político un vídeo en el que Morant se declaraba explícitamente una «hija política» de José Luis Rodríguez Zapatero, ensalzando su figura como su principal referente.
Esta estrecha vinculación se ha tornado en un severo contratiempo estratégico tras conocerse que la Audiencia Nacional ha situado formalmente al expresidente bajo investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del rescate de la aerolínea Plus Ultra. De este modo, el asalto a la Generalitat entra en su recta definitiva condicionado tanto por las cicatrices de la gestión de la tragedia climática en el territorio como por el complejo frente judicial que flanquea a las terminales de Ferraz.
