Silencio ante la corrupción. Ruido contra la Justicia

La teoría de la espiral del silencio, desarrollada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann en 1974, explica cómo las personas ocultamos nuestras opiniones cuando percibimos que son minoritarias. Es el miedo al rechazo lo que nos empuja al silencio, reforzando la percepción de una opinión dominante, que no coincide con la propia. Esta debe ser posiblemente la única explicación razonable para que, el socialismo en su totalidad -salvo alguna cuestionable excepción-, siga defendiendo lo indefendible y siga invidente hacia lo evidente.

En demasiadas ocasiones, estamos escuchando la palabra lawfare en boca de los mal llamados progresistas. Una muletilla argumental cuando no pueden justificar lo injustificable ni defender políticamente los escándalos que les rodean. Las causas abiertas contra ellos son ya demasiadas, claramente insoportables hasta para cualquiera de sus socios. En una democracia con casi medio siglo de historia, como la nuestra, no tiene cabida el continuo menoscabo hacia la labor de los jueces y tribunales por parte del poder ejecutivo. Sencillamente, no tiene cabida.

Lejos quedó la imperiosa necesidad de separar los poderes públicos en aras de la libertad de un pueblo que hoy en día asiste atónito al espectáculo de la corruptela continuada y demagoga del mal denominado socialismo. Sin embargo, parece que esta incuestionable necesidad de separación de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo está hoy más en boga que nunca. Al gobierno de las primeras veces, no le ha temblado la mano a la hora de disolver al equipo ARES de nuestra benemérita que operaba desde hace más de una década en Barajas. La unidad de seis guardias civiles que Marlaska disolvió recientemente, al revelar irregularidades en el tonelaje de Plus Ultra.

A los asiduos inmersos en la espiral de su propio silencio -seguramente mayoritario- tampoco les ha parecido relevante el fulminante relevo de la juez clave para perseguir los delitos económicos en Francia y Suiza. Ni tan siquiera, que se haya hecho antes incluso de cumplir con el mandato de dos años mínimos que el propio Gobierno había establecido en su nombramiento. Una pieza clave en la persecución de los delitos financieros en un enclave de vital trascendencia, como se ha visto en el caso Plus Ultra, ya que fueron las solicitudes de cooperación judicial internacional procedentes de Francia y Suiza las que dieron origen al procedimiento que ha logrado la imputación de Rodríguez Zapatero.

Porque la realidad es que el respeto a la independencia judicial no puede depender del resultado de las resoluciones. No se puede hablar de lawfare cuando las investigaciones afectan a los propios y, al mismo tiempo, reivindicar la fortaleza del Estado de Derecho cuando las decisiones judiciales resultan favorables. La Justicia no puede ser legítima únicamente cuando coincide con los intereses políticos de quien gobierna. O se respetan siempre las instituciones y la labor de jueces y tribunales, o se erosiona deliberadamente la confianza de los ciudadanos en uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.

Y así, mientras unos ansían seguir hablando de lawfare desde su espiral de silencio y sus socios empiezan a sacar el pie de esta, nosotros seguiremos a lo nuestro, cumpliendo con la responsabilidad de quiénes ostentan la representación del pueblo, siempre con el máximo respeto a la independencia judicial, sea quien sea el justiciable.

Laura Chulíá. Síndica adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts