El Gobierno valenciano alza la 'Casa de la Concordia' en Alicante frente a la imposición de la Memoria Democrática de la izquierda

El camino hacia una concepción de la historia reciente sin exclusiones ideológicas en la Comunidad Valenciana vive un hito fundamental en su consolidación material. Casi dos años después de la aprobación de la Ley de Concordia en las Cortes Valencianas en julio de 2024 -sacada adelante con el respaldo de la mayoría parlamentaria de PP y Vox frente al rechazo del bloque de izquierdas (PSPV-PSOE y Compromís)-, el Gobierno autonómico materializa ahora los frutos de un marco legal que derogó la Ley de Memoria Democrática de 2017.

Esta norma en vigor busca superar los sesgos del pasado al abarcar con el mismo respeto y amparo institucional a las víctimas desde la Segunda República (1931) hasta el terrorismo etarra e islámico en la actualidad, consagrando el principio de que el sufrimiento humano no entiende de bandos ni de trincheras ideológicas.

En perfecta sintonía con este nuevo espíritu de reconciliación, el Gobierno valenciano asume la puesta de largo de uno de sus proyectos más significativos de la legislatura. El próximo lunes 1 de junio, la consellera de Justicia, Nuria Martínez, inaugurará en Alicante la que se conocerá oficialmente como 'Casa de la Concordia'.

Ubicada en el antiguo edificio de Sanidad del puerto, situado en la rotonda de la avenida Perfecto Palacio de la Fuente, las instalaciones abrirán sus puertas con la exposición titulada «Alicante, Transición y Concordia», un hito sobre el cual el departamento autonómico ha reservado los detalles para la presentación oficial de este lunes, generando una notable expectación sobre su futura oferta.

La apertura de este centro de convivencia supone un giro de 180 grados que supera definitivamente el proyecto del Instituto de la Memoria Democrática, un organismo planificado por el anterior Gobierno del Botánico bajo el mandato de Ximo Puig y la Conselleria de Rosa Pérez Garijo.

Aquel plan pretendía concentrar a funcionarios dedicados exclusivamente a la visión histórica de la izquierda en una parcela de 630 metros cuadrados mediante una inversión de 1,5 millones de euros, utilizando la carga simbólica de Alicante -por haber sido la última ciudad española en ser tomada por las tropas franquistas en 1939- bajo un prisma unidireccional. Con el cambio en la Generalitat, el Ejecutivo decidió reorientar el destino del inmueble para poner fin al relato oficial excluyente y abrir el espacio a toda la sociedad.

Consenso frente a una historia de parte

Bajo la gestión de las actuales competencias de «concordia», un concepto que sustituye de manera unificadora al divisivo término de «memoria democrática», la Conselleria de Justicia ha configurado un espacio expositivo y administrativo de uso polivalente. El objetivo esencial es promover el consenso democrático y dar visibilidad a cuantas personas y colectivos hayan padecido cualquier tipo de violencia, sin asimetrías morales ni distinciones partidistas. Esta filosofía responde a los preceptos de la Ley de Concordia, cuyo texto afirma con rigor que la Guerra Civil debe enseñar que «no importa el bando, ni el origen, ni las creencias, el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos», estableciendo que las víctimas lo son con total independencia del lugar donde cayeron.

La norma valenciana no solo equipara la atención y el respeto a las víctimas de la contienda civil y el franquismo con las de la etapa de la Segunda República (1931-1936), sino que añade la protección explícita frente al terrorismo de ETA y el yihadismo. Su aplicación práctica supuso la paralización de los procedimientos anteriores que fragmentaban el reconocimiento institucional según la ideología de los afectados, disolviendo las comisiones del anterior régimen legal pero salvaguardando estrictamente los procesos de exhumación de fosas comunes, demostrando así el compromiso humanitario de la ley.

El aval del Tribunal Constitucional

La materialización de la 'Casa de la Concordia' se consolida, además, con el respaldo de la Justicia frente a la oposición del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista recurrió la ley autonómica buscando su paralización total en los tribunales, en paralelo a las protestas de la izquierda parlamentaria valenciana. Sin embargo, en octubre de 2025, el Alto Tribunal dictó una resolución determinante que avala la acción del Consell: el pleno de doce magistrados acordó levantar la suspensión sobre el artículo 1.3 de la Ley de Concordia.

Este apartado clave es el que otorga pleno blindaje legal al régimen de protección y memoria de las víctimas de la Segunda República y del terrorismo, legitimando el marco bajo el cual se inaugura la exposición de Alicante. Aunque el Constitucional mantiene suspendidos cautelarmente el artículo 2 y parte del 3 (relativos a la Unidad de la Concordia y ciertos aspectos de reparación), la decisión de levantar la suspensión parcial contó con cinco votos particulares de magistrados que defendían la plena vigencia de toda la norma valenciana, lo que evidencia la contundencia jurídica del texto frente a la injerencia estatal.

Superación de deficiencias

El camino técnico para culminar el edificio no ha estado exento de dificultades. Las obras de rehabilitación arrancaron en agosto de 2023 con un plazo inicial de nueve meses, pero la aparición de fallos estructurales imprevistos, como graves grietas ocultas y un deterioro del armazón, obligó a prorrogar los plazos para garantizar la total seguridad del recinto.

Tras sucesivas ampliaciones que extendieron los trabajos hasta mayo de 2025 y sus posteriores remates, el espacio queda finalmente listo para su uso público. Queda atrás también aquella antigua propuesta del año 2016 que pretendía convertir el histórico inmueble portuario en un gastrobar gourmet. Con la inauguración de la 'Casa de la Concordia' este lunes, Alicante se convierte en el epicentro de un nuevo modelo de convivencia institucional basado en la concordia real y el respeto integral a la verdad histórica.