Seis cartas sin responder y 4.000 millones sin pagar
Veinte años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, la diferencia entre unos y otros no está en los discursos. Está en los hechos
La Ley de Dependencia cumple veinte años. Dos décadas desde que España decidió reconocer un derecho fundamental para miles de personas que necesitan apoyo para desarrollar su vida cotidiana. Nadie discute la importancia de aquella decisión. Lo que sí merece debate es algo mucho más sencillo: quién está sosteniendo realmente el sistema y quién se limita a apropiarse del discurso.
Porque si algo ha demostrado la experiencia es que los derechos no se garantizan con declaraciones ni con estrategias de marketing. Los derechos se garantizan con presupuestos, con gestión y con recursos. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas contradicciones difíciles de explicar.
Llevamos años escuchando al Gobierno de Pedro Sánchez presentarse como el gran defensor de los colectivos más vulnerables. Sin embargo, cuando hablamos de dependencia, los números cuentan una historia bastante distinta. La ley establece un principio de corresponsabilidad financiera para que el Estado asuma el 50% como sí sucede en autonomías como el País Vasco o Cataluña mientras se desprecia a la Comunitat Valenciana… Una vez más.
El Gobierno de España apenas aporta el 20%, frente a una Generalitat que asume en solitario cerca del 80% restante. Dicho de otra forma: quienes más hablan de dependencia son precisamente quienes menos contribuyen a financiarla, al menos mientras sean dependientes valencianos.
Y, por si fuera poco, tampoco parecen especialmente interesados en abordar el problema. La consellera de Servicios Sociales ha remitido ya seis cartas a los ministerios competentes reclamando una reunión para analizar la financiación del sistema y establecer un calendario que permita cumplir la ley. Seis cartas. Seis peticiones institucionales. Seis oportunidades para dialogar. Y la respuesta ha sido exactamente la misma en todas ellas: ninguna.
Resulta llamativo que un Gobierno que encuentra tiempo para opinar sobre prácticamente cualquier asunto no haya encontrado todavía unos minutos para responder a una comunidad autónoma que reclama algo tan revolucionario como el cumplimiento de la ley y el pago de lo que se debe, nada menos que 4.000 millones de euros que ha adelantado el Consell. Ni contestan ni pagan. Todo muy edificante.
Mientras tanto, la Comunitat Valenciana sigue haciendo su trabajo. Y conviene recordar desde dónde partíamos. El Gobierno del Botànic dejó un déficit de 24.000 plazas residenciales y una situación que exigía decisiones urgentes. Frente a esa herencia, el Consell ha optado por gestionar en lugar de lamentarse.
Los resultados están ahí. La inversión en dependencia alcanza ya los 1.474 millones de euros, 651 millones más que hace tres años. Cerca de 190.000 valencianos tienen reconocido este derecho y la lista de espera se ha reducido en más de un 27%. A finales de este año se espera alcanzar las 200.000 personas atendidas. Además, los presupuestos de 2026 de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia vuelven a crecer hasta los 2.732 millones de euros, con más recursos para las familias, nuevas plazas para mayores y más atención social.
Veinte años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, la diferencia entre unos y otros no está en los discursos. Está en los hechos. Mientras la Generalitat aumenta presupuestos, crea plazas, reduce listas de espera y atiende a más personas que nunca, el Gobierno de España acumula silencios, incumplimientos y una deuda que supera los 4.000 millones de euros con la Comunitat. Quizá por eso la dependencia se ha convertido en la prueba del algodón de la política social. Aquí ocurre como en la vida: no demuestra más compromiso quien más habla, sino quien está cuando llega la cuenta.
Elena Bastidas es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas
