Imagen de Agustín Almodóbar durante una intervención en el Senado
El PP exige la suspensión inmediata del registro de viajeros tras el expediente de infracción de la Comisión Europea
El portavoz de Turismo en el Senado, Agustín Almodóbar, califica de «severo varapalo» la decisión de Bruselas y acusa al Gobierno de ignorar las advertencias del sector y el mandato de la Cámara Alta
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha solicitado al Gobierno la paralización urgente del Real Decreto 933/2021, que regula el sistema de registro de datos de viajeros. La reclamación llega tras confirmarse que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por esta normativa, impulsada originalmente por el Ministerio del Interior y fuertemente contestada por las principales organizaciones del sector turístico.
El portavoz de Turismo del PP en la Cámara Alta, el alicantino Agustín Almodóbar, ha recordado que el Senado ya había aprobado una iniciativa para frenar la aplicación de este decreto con el fin de acordar un texto consensuado con los agentes económicos implicados. Según el senador, el Ejecutivo central desoyó por completo esta resolución parlamentaria.
«Lo primero que debería hacer el Gobierno es cumplir con el mandato del Senado y suspender inmediatamente la aplicación del Real Decreto 933/2021. Lo segundo, pedir perdón al sector turístico español por haber ignorado durante años sus advertencias».
Un conflicto prolongado
La normativa en cuestión impone obligaciones de recogida y comunicación de datos de usuarios a agencias de viajes, hoteles, empresas de alojamiento y compañías de alquiler de vehículos. Desde su publicación, estas actividades han denunciado de forma unánime que el sistema genera una enorme carga administrativa, adolece de fallos de viabilidad operativa y plantea serias dudas sobre su proporcionalidad y encaje legal con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.
Almodóbar ha señalado que la apertura del expediente por parte de las autoridades europeas valida las quejas que los profesionales del turismo llevan meses exponiendo de forma pública. «Durante meses trataron al sector como si estuviera exagerando. Le acusaron de alarmista. Le ignoraron. Hoy sabemos que quienes tenían razón eran los profesionales del turismo y quienes se equivocaban eran los responsables políticos que impusieron esta normativa», ha criticado el parlamentario alicantino.
Señalamiento directo a Hereu y Sánchez
El Partido Popular ha dirigido sus críticas más duras hacia el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a quien acusan de pasividad y de no ejercer la defensa de los intereses de las empresas españolas frente a las decisiones tomadas por el Ministerio del Interior.
El portavoz del PP ha calificado la labor del titular de Turismo en términos muy estrictos: «Hereu ha demostrado ser el ministro más irrelevante que ha tenido el turismo español en décadas: cuando el sector le pidió ayuda, guardó silencio; cuando le pidió liderazgo, desapareció; y cuando le pidió defensa, miró hacia otro lado».
Asimismo, la formación de la oposición ha hecho extensiva la responsabilidad política al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentando que la situación actual es el resultado directo de una dirección política que prefirió mantener el decreto a pesar del rechazo generalizado del mercado.
Batería de preguntas
Como consecuencia de la acción fiscalizadora, el Grupo Popular ha registrado una detallada batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que aclare los términos exactos del requerimiento de la Comisión Europea. Entre las cuestiones planteadas, la oposición exige saber qué aspectos específicos del Real Decreto han motivado las objeciones de Bruselas, si el Ejecutivo dispone de informes jurídicos que avalen la legalidad del tratamiento de datos y si se ha calculado el impacto económico real y los costes de implantación que las empresas turísticas han tenido que soportar.
El conflicto se sitúa ahora en un escenario de incertidumbre jurídica internacional para una de las industrias clave de la economía española. Almodóbar concluye insistiendo en el impacto institucional de la medida: «Este nuevo revés de Bruselas demuestra que el sector tenía razón. Marlaska impulsó la norma, Hereu guardó silencio, Pedro Sánchez miró hacia otro lado y hoy es la Comisión Europea quien confirma lo que el Partido Popular y el turismo español llevan años denunciando. Estamos ante un fracaso que el sector advirtió, que el Senado denunció y que hoy Europa confirma».