Los sindicatos ignoran el fallo judicial y piden «presionar» para arrinconar el castellano en las aulas valencianas

La RAE tiene recogida la expresión «Hacer oídos sordos» para los casos de «no atender, no darse por enterado de lo que se dice». Esta locución verbal va como anillo al dedo a la situación vivida en la reunión de este lunes entre los sindicatos y la Conselleria de Educación: a la misma hora que se conocía la sentencia del TSJCV a favor de la actual ley de libertad educativa, los sindicatos exigían su «reversión», e incluso «derogación», como parte del conglomerado de medidas para poner fin a la huelga indefinida en la educación pública de la Comunidad Valenciana.

El varapalo se lo llevó Compromís, quien alegó contra la norma aprobada por la mayoría política del parlamento valenciano. Sobre dicha norma el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera ajustado a Derecho que sean los padres los que elijan el idioma principal de la educación de sus hijos.

La formación catalanista incluso esgrimía en su argumento jurídico dos cuestiones que el tribunal regional ha desechado por completo. Por una parte se señalaba que la norma había sido desarrollada «sin memoria económica», cuestión que en la sentencia se descarta al considerarse el texto como «procedimental», por lo que no tiene un motivo de gasto.

Por otra parte se encontraba el gran argumento que sostiene la izquierda, tanto política como sindical. Es más, esta segunda afirmación es una de las bases de la huelga indefinida convocada contra el actual gobierno de la Generalitat Valenciana: la presencia del valenciano en las aulas.

Al respecto el TSJCV estima que no queda acreditado que el valenciano deje de ser lengua vehicular ni en los territorios de predominio histórico valencianohablante ni en los castellanohablantes. Es decir, que de una misma sentencia se desacreditan las principales cuestiones políticas contra la gestión educativa del actual gobierno valenciano, pero eso a los sindicatos, aparentemente, les da igual.

Reclamaciones contra la ley

Mientras se conocía la sentencia, en la sede de la Conselleria de Educación en Valencia se celebraba la enésima reunión entre los gestores administrativos y los representantes sindicales. El punto del valenciano es uno de los aspectos que más escaman entre los representantes de los docentes.

En ningún momento han escondido que su propósito inicial era «derogar la Ley de Libertad Educativa» por la que los padres pueden elegir la lengua vehicular para la educación de sus hijos. Los sindicatos querían que se mantuviera la normativa inicial aprobada por Compromís por la que la administración regional arrinconaba de forma tajante el castellano, dejándolo en inferioridad incluso en las zonas claramente castellanoparlantes.

Durante cuatro semanas el punto del valenciano ha protagonizado buen parte de la negociación y ha sido expuesto por parte de los sindicatos en protestas, manifestaciones y hasta en la acampada ilegal en la plaza de la Virgen de Valencia.

Este lunes se conocía la sentencia del TSJCV por la que se amparaba judicialmente la normativa de libertad educativa, considerándose ajustado a Derecho que sean los padres los que elijan el idioma principal de la educación, revirtiendo el modelo impositivo de la lengua de la izquierda.

Pero, por lo que sea, ni una sentencia judicial sirve para que los sindicatos intenten armarse para expresar su perfil más político. Mientras el TSJCV avala la norma, STEPV, CCOO y UGT exigían ante la Conselleria de Educación que la ley fuera «derogada» y «revertida».

Así se pudo ver en la señal en directo de la reunión en la Conselleria de Educación. En un primer lugar el representante de STEPV, Marc Candela, lamentó que «el bloque del valenciano es el que menos novedades tiene desde la primera propuesta de Educación» e incluso valoró que las medidas señaladas actualmente son «aún negativas». Es por ello que el sindicato afín al ideario político de Compromís mantuvo su postura para la «derogación de la ley», aunque asumiendo sin tapujos que ese movimiento depende de las Cortes Valencianas: «No somos el parlamento y sabemos que no podemos derogar la ley, pero ello no implica que subsidiariamente pidamos intentar poder enmendar la ley y que las Cortes decidan finalmente sobre los cambios».

Tras este tirabuzón para blanquear que el propósito final es que los sindicatos, o su fuerza laboral, implique un cambio en una ley emanada y aprobada por el parlamento valenciano, llegó el turno de CCOO. Sin tapujos reconocieron que «esta ley, ni nos gusta ni la queremos, por lo que proponemos su reversión. Tenemos claro que desde aquí -en referencia a la negociación- se puede hacer presión para conseguir la reversión y proponemos que no se segregue a los alumnos por la lengua». Justamente ese punto es uno de los que avala la ley, aunque premeditadamente lo quieran ignorar desde el citado sindicato.

En último lugar habló la representante de UGT quien dijo defender «la lengua propia», sin hacer referencia inicialmente a que ese idioma en cuestión fuera concretamente el valenciano, y pidió «presionar para cambiar esta ley».

Justamente la presión sindical con este tema, que es ajeno a las condiciones laborales de los docentes, es el principal sustento del motivo político de la huelga. Empezaron utilizando la lengua para convocar la huelga educativa indefinida, incluso llegaron a solicitar «el cambio del modelo lingüístico actual» y ahora que hay que «presionar». Ahora una ley avala dicha norma y la postura de la Generalitat Valenciana. Los sindicatos piden revertir una ley emanada del parlamento valenciano y avalada por la Justicia.