Susana Camarero asegura ante la jueza de la dana que se conectó al Cecopi para saber la situación de los centros en los que tenía competencia

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha declarado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que no sabía qué era un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y que el tiempo en que sí estuvo conectada percibió que Utiel estaba «bajo control».

Camarero se ha pronunciado así en su testifical en el procedimiento que investiga el juzgado de Catarroja en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La testigo, que ha acudido al órgano judicial sobre las 8.45 horas y ha entrado por el garaje previa autorización del presidente del tribunal de instancia, ha explicado que en el momento de la riada también ocupaba el cargo de consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y que se preocupó por los centros en los que tenía competencia.

Ha indicado que a mediodía del 29 de octubre recibió una convocatoria del Cecopi y se conectó telemáticamente. Ha aclarado que no era miembro del centro y que tampoco sabía qué era un Cecopi. «Yo estaba ocupada en el impacto de la situación que se estaba produciendo. Pero decidí conectarme porque tenía un momento», ha manifestado.

También ha señalado que se conectó al Cecopi para enterarse «en primera persona» de cómo iba la situación en relación a sus centros y a sus recursos. A las 17 horas, ha reproducido, comenzó a hablar el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, de la situación de Utiel, de que había gente en los tejados y que estaba la Unidad Militar de Emergencias (UME) y se esperaba poder hacer rescates en las siguientes horas.

Más tarde, ha continuado, se habló del riesgo en Forata. La entonces consellera propuso evacuaciones. En ese momento habló con Argüeso por chat por si había centros dependientes de su consellería afectados.

Cuando escuchó hablar de Utiel, ha agregado, preguntó si había algún centro afectado de sus competencias. Le contestaron que no. «No hubo un listado de centros anterior ni ese día de centros que pudieran verse afectados por la dana», ha señalado. Y ha apostillado: «Durante el tiempo en que estoy conectada en el Cecopi mi percepción es que Utiel está bajo control».

Los mensajes y el pleno de aquel día

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano le ha indicado a la jueza que «consultará y pensará» si entrega de forma voluntaria los mensajes de WhatsApp que mantuvo con el resto de consellers aquel 29 de octubre de 2024.

La jueza le ha hecho este requerimiento para que los aporte de forma voluntaria, al igual que ha hecho con todos los testigos que han prestado declaración en el juzgado de Catarroja donde se instruye la causa penal de la dana.

Según han informado fuentes de la causa presentes en la declaración, Camarero ha asegurado que no se dio ninguna información a los usuarios del servicio de teleasistencia de la Conselleria, puesto que no se dispone de un sistema para el envío de mensajes masivos y se trata de un servicio de asistencia, no de emergencias, ha subrayado.

Preguntada por el pleno del Consell que se celebró la mañana del 29 de octubre, ha explicado que la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, informó sobre la situación de alerta meteorológica y que Carlos Mazón, como president de la Generalitat, pidió que todos los miembros del Ejecutivo estuviesen atentos a sus «recursos y competencias», sin que se acordase ninguna medida concreta respecto de la dana.

Piden la imputación de Camarero

La declaración de la vicepresidenta ha estado precedida por una protesta de víctimas de la riada. Reunidas a las 09 horas ante el Juzgado de Catarroja, Camarero ha conseguido evitar el paseíllo tras recibir el visto bueno de la magistrada para acceder al edificio directamente por el aparcamiento. El hecho de no poder recriminarle en persona hechos ocurridos hace casi 20 meses se ha visto como una ofensa para las personas movilizadas: «Es una bofetada».

Con Susana Camarero ya en el interior del edificio judicial, los representantes de diversas asociaciones de afectados por la riada han pedido a la jueza que impute también a la vicepresidenta, quien durante la tragedia ocupaba el cargo de consellera de Servicios Sociales.

En la puerta del órgano judicial se han presentado una veintena de víctimas que coreaban «Camarero dimisión», «Camarero imputación», «justicia» y «asesinos, criminal». También portaban pancartas en las que se podía leer: «Menos mentiras, más justicia. Asesinos».

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, ha declarado a los medios de comunicación que Camarero «debería de ser una de las personas investigadas porque era responsable de las residencias --donde fallecieron varias víctimas--, de los centros de día y de la teleasistencia, y debería estar investigada. Esperemos que la jueza tenga a bien investigarla», ha reclamado.

«El día 29 de octubre Camarero abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas. Y murieron un número importante de personas mayores», ha insistido.

Además, ha lamentado que Camarero «no haya tenido la valentía de entrar por la puerta. Ni ha querido mirarnos a la cara». Por otro lado, se ha referido al abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, quien hoy ha acudido por primera vez a los juzgados después de que la Audiencia admitiese su personación en la causa, y Álvarez ha comentado: «Hemos visto entrar al abogado de Mazón, no sabemos en figura de qué, de testigo no ha querido estar, tampoco está como investigado, porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él. Hay que hacer un acto de fe casi en este país, en el Estado español, para creer en la justicia», ha dicho.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre, ha reprochado a Camarero que en el momento de la dana era la responsable de la gestión de las residencias y teleasistencia y «no estuvo donde debía de estar, estaba en una entrega de premios», ha lamentado.

«Estamos aquí --ha añadido-- para recordar que continúa un gobierno continuista --Camarero sigue siendo vicepresidenta del Consell actual-- para pedir su dimisión».

Sobre la entrada de la vicepresidenta por el garaje, ha manifestado que es una «vergüenza» que una responsable del Consell del 29 de octubre «entre por la puerta de atrás, que no pueda mirar a la cara a las personas que estamos reclamando justicia, verdad y reparación».

En esta línea, Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija en la riada, se ha sumado a la petición de dimisión de Camarero porque la consideran «responsable» de parte de los fallecimientos, sobre todo de las personas de la tercera edad, «sobre las que ella tenía responsabilidad de protegerlas y ayudarlas en un día tan nefasto», ha descrito.

«Y una vez estaba en una reunión del Cecopi --ha añadido--, de máxima urgencia y emergencia, no se le ocurrió otra cosa que irse a entregar o recoger un premio, dejando abandonadas sus responsabilidades. Y hoy, aquí, en el juzgado, una vez más la justicia nos vuelve a dar una bofetada porque entra por la puerta trasera. Eso no se debe permitir», ha reclamado.

En su opinión, «una persona que no tiene nada que esconder, que dice la verdad y quiere contribuir con la justicia, no entra por la puerta trasera. Da la cara a las verdaderas víctimas que estamos aquí en la puerta». «No hay derecho. Tiene muy poca vergüenza y no lo tenemos que admitir y en nuestras manos está», ha concluido.