Antifraude detecta «irregularidades» en las ventas de sendos locales al PSOE y al hermano de Ximo Puig durante su etapa como alcalde

El expresidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig vive su particular retiro dorado en París. En la capital francesa ejerce de embajador de España ante la Organización parra la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), puesto por el que percibe anualmente en torno a 150.000 euros y dispone de coche oficial y vivienda en el centro de la ciudad. Sea en ese agradable lugar o en cualquier otro, es de suponer que no le habrá sentado bien conocer que la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha emitido un informe en el que constata «irregularidades administrativas» durante su etapa como alcalde de Morella, en la provincia de Castellón.

El Debate tiene en su poder dicho documento, que, concretamente, hace mención a dos operaciones de compraventa de sendos inmuebles públicos, uno que acabó siendo la actual sede del PSPV-PSOE en la localidad, y el otro que terminó en propiedad de Francis Puig, hermano del exmandatario y a la espera de juicio por el supuesto cobro de subvenciones ilegales.

En cuanto a este último, Antifraude explica que la transacción se produjo el 29 de diciembre de 2014 entre Inprotint S.L.U., compañía pública del Consistorio de Morella, y la mercantil Comunicacions dels Ports, S.A., propiedad de Francis Puig junto con otro socio, por una finca que era un local comercial «tipo dúplex» con una «superficie total construida de 276,87 metros cuadrados», siendo útiles 221,49.

Sin «criterio técnico objetivo»

El primer punto de controversia AVAF lo advierte en que la compañía privada «es una sociedad en la que en el momento de la enajenación era consejero Francis Puig y hermano del número uno en la lista electoral por el Partido Socialista en las elecciones de 2011 y alcalde de Morella durante el periodo comprendido entre el 18 de junio de 1995 y el 30 de junio de 2012». Es por eso que considera que se incurrió en una «situación objetiva de riesgo de conflicto de interés», así como de «menoscabo de patrimonio público».

Pero no es la familia el único punto sobre el que sostiene lo anterior. También alude el informe, que se inició tras una denuncia del concejal del Partido Popular Jesús Lecha, a que el precio de la compraventa fue muy inferior al de mercado. De hecho fue particularmente bajo, hasta un «53,15 %» menos. El cálculo la Agencia lo hace basándose en datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. En 2014, el coste medio en la Comunidad Valenciana era de 999 euros el metro cuadrado, mientras que el hermano de Ximo Puig abonó tan solo 531 euros, llegando al montante de 147.095 euros.

Además, señala que la tasación aportada no fue más que una «mera cobertura formal sin que el órgano decisor dispusiera» de «un criterio técnico objetivo que justificara el importe pactado directamente con la parte compradora».

Respecto a la sede del PSPV-PSOE en Morella, el escrito analizado por este periódico indica que el valor acordado en 2005 para la venta del local fue de 400 euros el metro cuadrado, una cantidad bastante menor de lo que entonces se estaba pagando, que se situaba en 1.128,78 euros, «por lo que la enajenación al PSPV se situó un 34,44 % inferior al precio medio de la Comunidad Valenciana». Esta circunstancia llama más poderosamente la atención todavía cuando, citando literalmente el documento, «se comprueba que la enajenación efectuada al grupo político municipal lo fue por un precio/metro cuadrado de 400 euros al día siguiente de otra enajenación efectuada a 600 euros el metro cuadrado».

Pero no se queda ahí la ristra de reproches e irregularidades, ya que Antifraude ve otra «situación objetiva de riesgo de conflicto de interés» porque, para colmo, «la falta de actas impide verificar los asistentes, la motivación y el tenor literal del acuerdo societario adoptado y las facultades desplegadas y su competencia», a lo que habría que añadir que no hubo subasta pública del inmueble ni principios de publicidad y concurrencia:

«Todo apunta a que se trataría de una venta predestinada a un único comprador a precio muy favorable al no haberse acreditado el envío a otras asociaciones municipales y mediante una forma de enajenación no habilitada por la normativa de aplicación, lo que supone una vulneración de la legalidad en la actuación de la sociedad municipal». Para redondear la faena, tampoco se respetó la «imparcialidad» porque un alto cargo del PSPV-PSOE «ostentaba a su vez la condición de concejal del Ayuntamiento y vicepresidente del Consejo de Administración de Improtint S.L.».

Pleno extraordinario

Pese a todo lo anterior, AVAF ha archivado la denuncia presentada por el PP por prescripción de los hechos detallados, si bien establece una serie de «recomendaciones» a la empresa pública «una vez advertidas las irregularidades advertidas».

No obstante, el PP de Morella ha forzado para este viernes la celebración de un pleno extraordinario cuyo único punto del día es la «toma de conocimiento del alcance de la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude sobre las irregularidades en la empresa municipal Improtint S.L. y adopción de medidas».

«Decisión política y ética»

En la solicitud remitida, los ediles Jesús Ortí y el mencionado Lecha consideran oportuno el debate por la «grave conclusión» del organismo, algo que, a su juicio, requiere la «imprescindible» adopción de medidas ante el «daño objetivo al patrimonio» de la localidad, a la par de la necesidad de expresar «el más absoluto rechazo y el grave perjuicio económico e institucional».

Igualmente, los 'populares' pretenden «instar al alcalde de Morella a iniciar de inmediato negociaciones con el PSPV-PSOE y con la mercantil Comunicacions del Ports, S.A. con el onjeto de pactar una indemnización económica a favor del Ayuntamiento». También piden a los «servicios jurídicos municipales» que analicen «con detenimiento todas las vías judiciales procedentes, incluyendo la remisión formal de las actuaciones ante la jurisdicción del Tribunal de Cuentas».

Finalmente, se dirigen a los concejales socialistas en Morella para que realicen «una profunda reflexión institucional sobre los hechos que han quedado plenamente acreditados por la Agencia Antifraude, adoptando en conciencia la mejor decisión política y ética en aras de restablecer la integridad, el buen nombre de este Ayuntamiento y la dignidad de nuestro municipio».