Kuala Lumpur, Malaysia - November 26, 2010: Local women dressed in a religious burka
Veto al burka y freno a las ayudas sociales a inmigrantes sin arraigo en la Comunidad Valenciana
El pacto entre PP y Vox para la Ley de Acompañamiento exige hasta tres años de empadronamiento para optar a prestaciones, prohíbe ocultar el rostro en espacios públicos y consolida una rebaja fiscal
La Comisión de Economía de las Cortes Valencianas ha aprobado las enmiendas conjuntas de PP y Vox a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2026. Este acuerdo afianza un cambio de rumbo en la normativa autonómica, estructurado sobre tres pilares fundamentales: la aplicación del principio de prioridad nacional en la concesión de prestaciones, el refuerzo de la seguridad en edificios públicos y una rebaja de impuestos dirigida a reducir la presión fiscal sobre las familias.
La portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Vox, Teresa Ramírez, ha sido la encargada de defender estas iniciativas, subrayando que el principio de «prioridad nacional» se incorpora por primera vez en el marco legislativo de la comunidad.
Según la diputada, la medida busca evitar que los ciudadanos nacionales se vean postergados en el acceso a las coberturas públicas, articulando un modelo que valora la aportación previa y la trayectoria de cotización en España.
Mayor exigencia para el acceso a ayudas
El nuevo texto legal modifica de forma sustancial las condiciones de acceso a la vivienda pública y a las ayudas sociales. Entre los cambios más significativos figura el aumento de los plazos de empadronamiento para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, que pasa de los 15 meses exigidos hasta ahora a un mínimo de tres años. En el caso de la vivienda pública, se baremará el arraigo mediante un acumulado histórico de residencia de al menos 15 años en cualquier municipio español.
Con estos nuevos criterios, la normativa restringe el acceso inmediato a las coberturas sociales a las personas recién llegadas o con poca trayectoria de residencia en el país. Las enmiendas aprobadas priman la cotización acumulada, la escolarización obligatoria en España y las circunstancias familiares o de discapacidad, priorizando el reparto de los fondos públicos entre quienes cuentan con un historial prolongado de contribución al sistema.
Prohibición del burka en la Administración
En el ámbito de la seguridad y la convivencia, la ley introduce la obligación de mantener el «rostro sustancialmente descubierto» en la red de transporte autonómico, hospitales, centros educativos, dependencias administrativas y recintos de espectáculos.
Mujer cubierta por un niqab en un autobús
Esta modificación impide de la práctica la utilización del burka o el niqab en espacios públicos, encomendando a la Policía Local el control y sanción de las infracciones, que pasarán a considerarse de carácter grave.
La restricción de portar prendas u objetos que oculten la cara se extiende de forma directa a los empleados públicos durante su jornada laboral y atención al ciudadano. De forma complementaria, el texto ratifica medidas en el sector educativo para garantizar la neutralidad ideológica y lingüística en las aulas, al tiempo que limita la oferta de menús especiales en los comedores escolares exclusivamente a prescripciones médicas debidamente acreditadas.
Alivio fiscal en el IRPF y Patrimonio
En el plano tributario, la norma consolida una rebaja directa del IRPF para los ejercicios 2026 y 2027 aplicable a todos los tramos de renta, junto con la elevación del límite de exención del Impuesto sobre el Patrimonio hasta los dos millones de euros.
Desde Vox han justificado esta rebaja impositiva al defender que la disponibilidad directa de los recursos en el ámbito privado estimula el consumo y beneficia el tejido productivo regional.
El acuerdo entre el Partido Popular y la formación que encabeza Santiago Abascal ha permitido sacar adelante la práctica totalidad del paquete normativo frente al rechazo del PSOE y Compromís.
Los partidos de la oposición han cuestionado el procedimiento tramitado en las Cortes Valencianas al considerar que se han introducido reformas de gran calado por la vía de urgencia, mientras que el bloque de la mayoría defiende el texto como un marco de gestión orientado al arraigo, la seguridad y la contención fiscal.