Imagen de archivo de un centro social de Valencia
La Comunidad Valenciana, primera autonomía en consagrar por ley la 'prioridad nacional' en sus presupuestos para 2026
Las nuevas cuentas, que ascienden a 33.305 millones de euros, vinculan el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales al arraigo en el territorio y a la contribución al sistema
El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este lunes los presupuestos del Consell para el ejercicio 2026 y la conocida como ley de acompañamiento, normativas que sitúan a la Comunidad Valenciana como la primera autonomía de España en regular por ley la 'prioridad nacional'. Ambos textos legislativos han entrado en vigor tras salir adelante con los votos a favor de los socios de gobierno, PP y Vox, y la oposición de PSOE y Compromís.
El pleno de las Cortes Valencianas aprobó definitivamente las cuentas el pasado 22 de julio. Se trata del primer proyecto económico rubricado por Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell y del tercer presupuesto consecutivo acordado por 'populares' y Vox desde el cambio de gobierno en 2023.
En términos financieros, las cuentas alcanzan un montante histórico de 33.305 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1 % respecto al año anterior, e incorporan un aumento específico de 450 millones de euros para la partida de Educación.
La introducción de la 'prioridad nacional', un criterio defendido por Vox para priorizar a los ciudadanos españoles en la adjudicación de políticas sociales, se ha plasmado en el articulado gracias al respaldo del Partido Popular a las correspondientes enmiendas.
En este sentido, la ley dictamina a partir de ahora una «asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable» en el territorio valenciano. Este principio rector regirá también para garantizar el acceso a la vivienda, aplicándose siempre de manera adecuada «a la legalidad vigente».
Por su parte, la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat -habitualmente denominada ley de acompañamiento- fue validada en el parlamento autonómico el pasado viernes 31.
Este texto complementario es el encargado de asentar normativamente las condiciones exactas mediante las cuales se materializará el acceso a las prestaciones.
Nuevos requisitos para la concesión de ayudas
En la práctica, la nueva regulación exigirá un «periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio» para que los solicitantes puedan recibir ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. A la hora de baremar y conceder dichos recursos, la Administración autonómica valorará de forma explícita «la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sostenimiento del sistema» del ciudadano.
Asimismo, la ley estipula que el futuro desarrollo reglamentario debe contemplar la exclusión del acceso a los servicios sociales y prestaciones de carácter estructural para aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular. Para este grupo demográfico, la asistencia de la Generalitat quedará limitada exclusivamente a los supuestos de urgencia vital que procedan conforme al ordenamiento jurídico.
A lo largo del proceso de tramitación parlamentaria, la estabilidad del acuerdo presupuestario entre PP y Vox apenas reflejó fisuras.
La única discrepancia en las votaciones se produjo a raíz de una propuesta del partido de Santiago Abascal, que planteaba recortar en casi un millón de euros los fondos destinados a la Academia Valenciana de la Lengua (AVL). Dicha iniciativa fue finalmente rechazada al contar con el voto en contra del Partido Popular, que optó por mantener intacta la asignación a la institución normativa.
