Imagen de una de las viviendas que han intentado okupar en Burriana, Castellón
La Generalitat Valenciana dará hasta 1.500 euros a propietarios afectados por la okupación ilegal de viviendas
Las ayudas cubrirán gastos de asesoramiento jurídico para recuperar el inmueble y reparaciones por los daños ocasionados; podrán solicitarse hasta el 10 de septiembre
La Generalitat ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas dirigida a propietarios y usufructuarios de viviendas okupadas ilegalmente en la Comunidad Valenciana. La convocatoria permitirá financiar tanto el asesoramiento jurídico necesario para recuperar el inmueble como los gastos derivados de la reparación de los daños que se hayan podido producir.
La iniciativa, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), cuenta inicialmente con 250.000 euros, aunque esta cantidad podrá incrementarse en otros 750.000 euros. Cada beneficiario podrá recibir hasta 500 euros para gastos legales y un máximo de 1.500 euros para reparar desperfectos en la vivienda.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que el objetivo es «proteger a los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal» y avanzar en la garantía del derecho a la propiedad. La medida figura también en los presupuestos autonómicos de 2026, donde esta partida alcanzará un millón de euros.
«Frente a una Ley de Vivienda del Gobierno de España que protege más al okupa que al propietario, este Consell actúa con firmeza frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, proporcionando seguridad jurídica y apoyando al propietario. Y todo ello, sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda», ha defendido Camarero.
Quién puede solicitar las ayudas
Podrán acogerse a esta convocatoria las personas propietarias o usufructuarias de una vivienda situada en la Comunidad Valenciana que haya sido objeto de okupación ilegal. Además, deberán contar con vecindad administrativa en la Comunidad Valenciana durante al menos un año en el momento de presentar la solicitud.
El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 10 de septiembre. Las solicitudes deberán tramitarse preferentemente a través de la sede electrónica de la Generalitat, acompañadas de la documentación exigida para acreditar tanto la titularidad o usufructo de la vivienda como la existencia de la okupación ilegal y los gastos asumidos.
Entre los documentos requeridos se encuentra el título que acredite la propiedad o el derecho de usufructo, la denuncia o demanda que demuestre la okupación y un justificante del coste de los servicios profesionales o reparaciones para los que se solicita la ayuda.
Dos millones para reforzar las medidas frente a la okupación
La convocatoria forma parte del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas impulsado por el Consell. Camarero ha asegurado que la okupación ilegal y la inquiokupación se han convertido en «un problema de primera magnitud» con consecuencias sobre los propietarios, la convivencia y el deterioro de los barrios.
Los presupuestos de la Generalitat para 2026 elevarán hasta un millón de euros la partida destinada al asesoramiento jurídico, recuperación de viviendas y reparación de daños. Paralelamente, las ayudas para fomentar el alquiler y cubrir impagos de arrendamiento alcanzarán otro millón de euros.
Camarero ha defendido que «la okupación y la inquiokupación son síntomas de un problema mayor: la falta de vivienda» y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico trabaja al mismo tiempo en la construcción de vivienda, la movilización de suelo, el acceso de los jóvenes y la protección de los propietarios.
