La Generalitat Valenciana aprueba una subida del 7 % en el precio de la vivienda protegida para asegurar su construcción

La Generalitat Valenciana ha actualizado para 2026 el valor estándar del módulo aplicable a la determinación del precio máximo de venta de las viviendas de protección pública, con un incremento del 7 % y un valor máximo de 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil. Se trata de un ajuste «proporcionado a la evolución acreditada de los costes» de construcción.

Así se ha publicado este viernes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), a través de una resolución de conformidad con la disposición transitoria sexta del Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell.

Esta norma regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana, en el que se configuró un nuevo sistema para la determinación del precio máximo de venta de las viviendas protegidas.

Este modelo se basa en un módulo dinámico integrado por un valor estándar, calculado a partir del módulo básico de edificación publicado por el Instituto Valenciano de la Edificación, y por un valor ajustado en función de las circunstancias objetivas de cada municipio.

En este sentido, la Generalitat sostiene que se trata de un «instrumento esencial al servicio de la política pública de vivienda que garantiza la construcción de vivienda pública protegida».

La Administración expone que «los estudios técnicos elaborados por organismos especializados y por el ámbito académico de la Comunidad Valenciana ponen de manifiesto que el sector de la edificación residencial ha experimentado durante los últimos años un incremento extraordinario y sostenido de los costes de construcción como consecuencia de diversos factores de alcance internacional», como la pandemia, la guerra de Ucrania y las recientes tensiones en Oriente Medio. También se ha referido al «progresivo encarecimiento de la mano de obra especializada y de otros factores de producción».

El impacto de la dana

Además, la institución añade que debe considerarse la «presión adicional» sobre la disponibilidad de mano de obra y los recursos a raíz de los trabajos de reconstrucción y rehabilitación desarrollados tras la dana de octubre de 2024. «Estas circunstancias han consolidado un nuevo escenario estructural en el que los costes de construcción continúan incrementándose», señala la resolución.

Por todo ello, la memoria económica justifica la firme necesidad de actualizar el valor estándar porque queda «acreditada una evolución de las condiciones económicas que inciden en la promoción y construcción de vivienda de protección pública».

El objetivo es claro: «Con esta medida se pretende consolidar la recuperación experimentada en los últimos años en el desarrollo de nuevas promociones de vivienda de protección pública y garantizar la efectividad de las políticas públicas de vivienda dirigidas a incrementar la oferta de vivienda de protección pública en la Comunidad Valenciana», indica el texto. La resolución entrará en vigor este mismo sábado.

El aval de la universidad

La actualización del Consell cuenta con el aval y el respaldo de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), cuyo informe técnico se ha incorporado como anexo a la memoria económica. En él se documenta un incremento del coste de construcción del 57 % desde 2019.

«Es la decisión correcta y llega respaldada por datos, no por intuición», ha valorado el director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón. «La vivienda protegida no protege si no se construye, y durante los últimos años el módulo se había quedado por debajo del coste real de construirla. Esta actualización no es un capricho normativo: es la constatación de una realidad que llevábamos meses documentando», ha destacado.

Los datos de la UPV confirman el acierto de la Generalitat al actualizar el módulo. El propio informe de la Cátedra reconstruye la evolución histórica en la Comunidad Valenciana y advierte de que el periodo en el que el precio se mantuvo congelado coincidió con la ausencia total de promoción privada de VPP entre 2019 y 2022.

Además, según la Cátedra, «el nuevo módulo resiste, además, la prueba del acceso joven». Con el nuevo módulo, una vivienda joven VPP de 60 m2 se sitúa en 154.080 euros. Esto representa una ratio de 3,33 veces la renta de un hogar de dos jóvenes con salario medio, es decir, una cifra «dentro del umbral sano y muy lejos de las 6,88 veces que exige hoy el mercado libre, donde esa misma vivienda cuesta ya 318.000 euros».

«No se trata de encarecer la vivienda protegida, se trata de hacerla posible», insiste Cos-Gayón. «Un módulo artificialmente bajo puede parecer socialmente deseable sobre el papel, pero si impide construir, su resultado es profundamente antisocial», ha añadido el director.

En su análisis técnico, la Cátedra incluso valora que este 7 % es una corrección prudente que queda por debajo del 17,1 % acreditado en costes de construcción desde 2023, proponiendo a futuro actualizaciones automáticas por IPC.