Niños entre pólvora y jornadas de 12 horas: la mortal explosión que destapó la explotación laboral en la cuna del juguete

Este domingo se cumplen 58 años desde que una brutal deflagración paralizara el pulso de la población alicantina de Ibi. Alrededor de las ocho y media de la tarde de 1968, la conocida popularmente como «fábrica de la pólvora», situada en la partida de La Pileta a un par de kilómetros del casco urbano, desaparecía bajo las llamas en cuestión de segundos.

El estruendo fue de tal magnitud que reventó cristaleras, deformó persianas metálicas y sumió a gran parte del centro de la localidad en un apagón repentino, anticipando la enorme escala del desastre.

Quienes acudieron rápidamente al lugar se toparon con un escenario de absoluta devastación. El fuego devoraba las frágiles instalaciones y la violenta onda expansiva había diseminado restos humanos en un radio de casi 200 metros.

En medio del caos y el dolor, la iglesia local tuvo que ser habilitada de urgencia como morgue improvisada para albergar los cuerpos, mientras que los heridos eran trasladados a contrarreloj al Hospital Oliver, en la vecina población de Alcoy. El recuento histórico de la catástrofe ha oscilado tradicionalmente entre los 33 y 34 fallecidos, además de dejar tras de sí decenas de heridos mutilados.

Este episodio negro irrumpió en pleno auge económico de la ciudad. Durante esa década, Ibi experimentaba un crecimiento demográfico vertiginoso, duplicando su censo -de apenas 6.000 a casi 14.000 habitantes- y mutando su antigua piel agrícola por el músculo de una imparable industria del juguete. Sin embargo, detrás del escaparate de éxito, dinamismo y modernidad, se escondían profundas grietas laborales que la explosión dejó dolorosamente al descubierto.

El perfil de los aproximadamente 60 empleados de Mirafé evidenciaba sobre quiénes recaía la peor parte de este desarrollo acelerado. Las investigaciones posteriores confirmaron que en la nave trabajaban 31 mujeres, 20 hombres y nueve niños menores de catorce años. Soportaban jornadas agotadoras de hasta doce horas manejando materiales altamente volátiles -fabricaban fulminantes para armas de juguete- sin las más mínimas medidas de seguridad. Su vulnerabilidad era extrema: tan solo ocho trabajadores contaban con un seguro en regla.

Gran parte de estos obreros encarnaban el éxodo rural de la España de la época. Eran migrantes llegados desde pequeños pueblos de Almería, Ciudad Real o Granada, atraídos por el magnetismo y la promesa de empleo de la zona.

La paradoja resultó macabra: aquello que para muchos era la puerta de entrada a la prosperidad industrial les costó la vida, hasta el punto de que algunos operarios murieron sin haber llegado siquiera a cobrar su primer salario.

Clandestinidad a plena luz del día

La realidad administrativa de la instalación agravaba aún más la tragedia. Mirafé había comenzado a operar de forma extraoficial en 1960. Aunque tres años más tarde la Subdelegación de Industria de Alicante le otorgó un permiso de carácter provisional, este acabó caducando sin que nadie tramitara su renovación. Lejos de cesar su actividad, la mercantil incrementó su ritmo de producción, engrosó la plantilla e incluso, en el mismo instante de la detonación, se encontraba levantando de manera irregular una nueva nave.

A pesar de que la ubicación del recinto era de dominio público, las autoridades miraron hacia otro lado. Los legajos y expedientes de la época demuestran una escandalosa inacción institucional. El informe de la Guardia Civil llegó a incurrir en la flagrante contradicción de catalogar la actividad como «debidamente autorizada», al mismo tiempo que confesaba un nulo control sobre la producción y manejo de los explosivos.

De hecho, la Dirección General de Industria no evaluó formalmente la peligrosidad del negocio hasta que ya era demasiado tarde. La Justicia tampoco ofreció consuelo: el sumario 12/1968 instruido en los juzgados de Alcoy se cerró sin dirimir responsabilidades concretas que apaciguaran la indignación de las familias.

Durante mucho tiempo, el trauma social quedó sepultado bajo el silencio institucional. El duelo se vivió de puertas hacia adentro, ausente del relato público de la ciudad. Hubo que esperar casi medio siglo para que la memoria oficial abrazara a las víctimas con la inauguración, en abril de 2017, de un monumento conmemorativo en el Paseo de los Heladeros.

Con motivo de este 58º aniversario, el alcalde de la localidad, Sergio Carrasco, ha tenido un recuerdo para los fallecidos a través de una emotiva publicación en su perfil personal de Facebook, en la que ha enfatizado la necesidad de mantener viva la memoria de una tragedia que «cambió para siempre la historia» de la población.

Sin embargo, este homenaje contrasta con el silencio de los canales institucionales: la cuenta oficial del Ayuntamiento de Ibi no ha publicado ningún mensaje ni recordatorio para honrar la memoria de las víctimas en esta fecha clave.