Edificio en obras en Castalla (Alicante)
Compromís exige vetar la compra de vivienda a no residentes en Alicante para frenar la escalada de precios
El diputado Alberto Ibáñez registra una ofensiva en el Congreso ante el encarecimiento del 16,8 % en el mercado inmobiliario y la brecha del 76 % en el gasto entre compradores locales y extranjeros
En un contexto de tensión y encarecimiento del mercado inmobiliario generalizado en toda España, la coalición Compromís ha puesto el foco en la provincia de Alicante con una propuesta de corte restrictivo. La formación ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Vivienda en el Congreso de los Diputados en las que exige que se prohíba la compra de inmuebles a la población no residente, argumentando que es la única vía para garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos empadronados.
La iniciativa parlamentaria, registrada por el diputado y portavoz de Vivienda de la formación, Alberto Ibáñez, se sustenta en los últimos datos estadísticos esgrimidos por el partido sobre el mercado local.
Según sus cifras, en junio de 2026 el precio de la vivienda de segunda mano en Alicante creció un 16,8 % en comparación con el mismo mes del año anterior.
Junto a esto, la formación destaca una notable diferencia en el volumen de gasto: aseguran que el comprador no residente pagó aproximadamente un 76 % más que el comprador español.
Basándose en estos números, Ibáñez ha calificado la situación de «subida bestial de precios» y responsabiliza de ella, entre otros factores, a la adquisición de inmuebles por parte de población foránea.
Para contrarrestar esta dinámica, el diputado exige al Gobierno central la adopción de «medidas urgentes, tanto regulatorias como fiscales», con el fin de intervenir el mercado y reducir la presión inmobiliaria en las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana.
Para justificar esta limitación, la coalición nacionalista argumenta que el peso de la demanda extranjera en la región es desproporcionado. Según las declaraciones de Ibáñez, la Comunidad Valenciana concentró en 2025 un 40 % de todas las compraventas realizadas por no residentes a nivel nacional.
Compromís sostiene que esta tendencia ha ido a peor durante el presente ejercicio, por lo que consideran «intolerable» mantener el escenario actual si se pretende facilitar el acceso habitacional a la población local frente a la compra con fines de inversión o segunda residencia.