La «pasividad» del Gobierno con el Imserso pone en «riesgo» 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana

A falta de los últimos coletazos de agosto y de parte del mes de septiembre para terminar la temporada turística de verano, empresarios y comerciantes ya tienen la vista puesta en los viajes del Imserso, que alcanzan su apogeo durante el otoño. Sin embargo, la cercanía a esta etapa no se está viviendo con especial entusiasmo en determinadas zonas de España debido a la política del Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, la patronal hotelera valenciana Hosbec ha cuantificado este lunes el impacto económico y social que tendría la ausencia de los hoteles de la Comunidad Valenciana en la próxima edición del programa Imserso, ante la «pasividad» del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la «insuficiencia» de los precios ofertados para la temporada 26/27 para hacer «viable» la operación.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la no participación de los hoteles de la región en la próxima edición del programa Imserso «pone en riesgo» y supondría «la pérdida de en torno a 15.000 empleos» entre directos e indirectos, vinculados a la actividad y a toda la cadena de proveedores y servicios asociados al turismo sénior en temporada baja, con una «especial incidencia» en las zonas turísticas más estacionales.

Hosbec calcula que la facturación directa vinculada al programa en los hoteles de la Comunidad asciende a cien millones de euros, «una cifra que se perdería íntegramente en caso de no alcanzarse un acuerdo con precios que garanticen la sostenibilidad de la actividad».

A esta cifra, continúa la entidad, hay que sumar el «efecto arrastre» sobre el resto de la economía, que ha cifrado en más de 50 millones de euros adicionales, correspondientes al gasto inducido en comercio, restauración, transporte y otros servicios que dependen de la actividad turística generada por el programa durante los meses de menor ocupación.

En conjunto, la suma de ingresos directos y «efecto arrastre» sitúa el impacto económico total por encima de los 150 millones de euros para Castellón, Valencia y Alicante. Hosbec ha advertido de que esta pérdida de actividad se trasladaría «directamente» a las arcas públicas autonómicas, con «una caída de la recaudación fiscal de entre diez y 15 millones de euros, solo en concepto de IVA, derivada de la menor recaudación de estos impuestos ligados a la actividad económica y al empleo generado por el programa».

«Efecto desierto»

Por otro lado, la patronal hotelera ha apuntado que el «riesgo» de que no se desarrolle el programa del Imserso en la región afecta al conjunto del mapa turístico vinculado al programa, ya que municipios como Benidorm, Jávea, Guardamar del Segura, Torrevieja, Denia, Alfaz del Pi (Albir), Peñíscola, Oropesa del Mar, Vinaroz o Gandía históricamente han acogido establecimientos adheridos a la iniciativa.

Para la mayor parte de estos destinos, sobre todo «los de menor tamaño y más dependientes del turismo sénior en temporada baja», la no ejecución del programa «no supondría una simple reducción de ocupación, sino un auténtico efecto desierto», de acuerdo con Hosbec.

Igualmente, se encontrarían calles, comercios y establecimientos hoteleros vacíos durante los meses de otoño, invierno y principios de primavera, con el consiguiente «cierre temporal o definitivo de negocios que hoy sobreviven gracias a la actividad que genera este turismo».

Por ello, Hosbec ha incidido en que el Imserso constituye «una herramienta esencial para desestacionalizar la demanda turística y mantener la actividad y el empleo en los meses de menor ocupación, permitiendo a los establecimientos hoteleros sostener sus plantillas fuera de la temporada alta». Además, la entidad ha asegurado que los costes mínimos de producción sin contar amortizaciones del inmovilizado se cifran en 35 euros persona y día, mientras que el Imserso retribuye el producto hotelero entre 28-30 euros.

Colaboración

Finalmente, la patronal hotelera ha mostrado su disposición a colaborar con la administración para alcanzar una fórmula que garantice tanto «el acceso de las personas mayores a un programa social de primer orden» como «la viabilidad económica de los establecimientos participantes», al tiempo que ha reclamado «una revisión de los precios ofertados que refleje los costes reales de la actividad hotelera».