No puede haber reparto, debe haber retorno
El interés del menor no es ser tutelado por los servicios sociales españoles y estar en un centro de acogida fuera de su entorno familiar y social. Su interés «superior» es volver con sus padres y en el caso de no ser encontrados, ser tutelado por los servicios sociales de su país de origen
El Gobierno de Sánchez debe garantizar el retorno de todas las personas, mayores o menores, que invadieron Ceuta el pasado 30 de julio. No puede seguir intentando enfrentar a las comunidades autónomas y a los ciudadanos utilizando a los más de 80.000 invasores que entraron de forma violenta a Ceuta y que hoy en día, miles de ellos, deambulan por sus calles poniendo en peligro la seguridad, la higiene, la economía y los derechos de los españoles residentes en la ciudad a autónoma.
Nuestras fronteras deben ser inviolables y así lo exige el artículo 8 de la Constitución Española, que regula la misión de las Fuerzas Armadas de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Igualmente, según el artículo 97 del texto constitucional, es al Gobierno al que le corresponde la defensa del Estado y, evidentemente, esa defensa incluye garantizar la soberanía de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Afirmar que no puede haber reparto sino retorno no es una frase xenófoba, como pretende la izquierda española, sino un principio jurídico fruto de nuestro Estado de Derecho: el que entra irregularmente en España violentando nuestra legalidad no puede obtener el triunfo de lograr permanecer en nuestro país sin control alguno porque supone poner en riesgo nuestra convivencia y alimentar el «efecto llamada».
Con respecto a los menores, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor fija los principios rectores de la acción administrativa y la intervención pública ante la situación de riesgo de los menores. Por eso se establece el principio de que la Administración debe actuar persiguiendo siempre y en todo caso «el interés superior del menor». Evidentemente, el interés del menor no es ser tutelado por los servicios sociales españoles y estar en un centro de acogida fuera de su entorno familiar y social. Su interés «superior» es volver con sus padres y en el caso de no ser encontrados, ser tutelado por los servicios sociales de su país de origen y así conseguir su estabilidad emocional que, no podemos olvidar, debe ser el objetivo de la protección de dichos menores.
En la Comunidad Valenciana, los centros de acogida de menores están al 200 % de su capacidad. Es muy difícil acoger a más menores ya que la saturación pone en peligro lo que exige la ley: «el bienestar» de los menores. Esa saturación es fruto de la irresponsable política del Gobierno de Pedro Sánchez que, con su efecto llamada, está haciendo que España se convierta en la puerta de entrada de la inmigración irregular, provocando, incluso, que muchos menores sean traídos por sus padres y abandonados en España para que se hagan cargo los servicios sociales, en nuestro caso, los valencianos.
La realidad es que el sistema de protección valenciano no puede recibir a más menores, por lo que es imposible asumir los traslados que exige el Gobierno que, una vez más, está utilizando a estos menores como medio de enfrentamiento político. Para Sánchez los menores son meros números en un relato que es simplemente una piedra más en el muro de división de los españoles. Si verdaderamente le interesara el bienestar de los menores estaría negociando con los países de origen para su retorno. No olvidemos que la estancia de estos menores en los centros de protección solo puede ser hasta que alcancen la mayoría de edad y cuando cumplen 18 años se ven abocados a irse a la calle a 'buscarse la vida', cayendo, en muchas ocasiones, en redes delincuenciales y de prostitución. Por eso lo mejor para ellos es volver a sus países de origen y contar con la protección de su red familiar.
La política migratoria de Sánchez está basada en la descoordinación y el enfrentamiento, careciendo de los recursos necesarios que garanticen una atención digna de los menores. El Gobierno se limita a a exigir a las comunidades autónomas que reciban cupos de menores y se desentiende del problema. El ejemplo más evidente es la propuesta de la ministra de Infancia, Sira Rego, que habla de la «protección» de 500 niñas vulnerables que se encuentran en Ceuta y propone su reparto por la península. Esta ministra olvida que los centros de menores no están preparados para un tratamiento específico de estas menores que han estado en riesgo de abusos y no pueden prepararse de la noche a la mañana. Vergonzosamente, la ministra propone el reparto de niñas sin reparto de fondos para su protección. Y si te opones eres un «facha xenófobo».
La Comunidad Valenciana es solidaria pero no puede poner en peligro nuestro sistema de protección social recibiendo a más inmigrantes irregulares, tanto mayores como menores. Ese es el principio fundamental, por eso no puede haber reparto, debe haber retorno, ya que no se solucionará el problema de Ceuta generando problemas en nuestra Comunidad.
Los 1.260 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado a Marruecos desde 2018 deben utilizarse para evitar la entrada irregular y, si tienen otra finalidad, el Gobierno debe cerrar el grifo y emplear ese dinero en proteger nuestras fronteras.
