El exalcalde de Valencia Joan Ribó, en una imagen de archivo
Antifraude amplía la investigación sobre la ayuda del PSOE y Compromís a UGT al Ayuntamiento y la Diputación de Valencia
El sindicato recibió 255.000 euros en subvenciones de las Administraciones de izquierdas para la celebración de su congreso
La Agencia Valenciana Antifraude ha decidido ampliar sus pesquisas sobre la financiación del congreso nacional de UGT, celebrado en Valencia en el año 2021. La investigación, que inicialmente apuntaba a la Generalitat, abarca ahora también las subvenciones tramitadas por el Ayuntamiento de Valencia y la Diputación provincial. En total, el sindicato más cercano al PSOE recibió 255.000 euros de dinero público procedentes de estas tres instituciones, que en aquel momento estaban dirigidas por ejecutivos de izquierdas formados por socialistas y nacionalistas.
En concreto, el reparto de las ayudas se distribuyó entre las tres administraciones gobernadas por el bloque de izquierdas: la Generalitat -encabezada por el socialista Ximo Puig en el pacto del Botánico junto a Compromís- inyectó 80.000 euros; el Ayuntamiento de Valencia -dirigido por Joan Ribó en coalición con el PSOE- aportó 100.000 euros; y la Diputación de Valencia -bajo el mandato del socialista Toni Gaspar- otorgó otros 75.000 euros.
El origen de esta fiscalización enlaza con las diligencias abiertas en 2023 por la sección de delitos económicos de la Fiscalía tras una denuncia anónima idéntica a la que maneja Antifraude. Puesto que la agencia no puede investigar asuntos judicializados, solicitará al Ministerio Público el estado y alcance de sus actuaciones antes de proseguir.
El núcleo de las sospechas reside en la concesión directa de las ayudas sin salir a concurso público, ignorando las advertencias de los habilitados nacionales -los altos funcionarios imparciales encargados de velar por la legalidad-.
Al igual que ocurrió en el Gobierno autonómico, en el Consistorio también se encendieron las alarmas. Tal como ha publicado Las Provincias, el Informe de Control Financiero Permanente de Gastos de 2022, emitido a posteriori por la Intervención General Municipal, concluyó que la ayuda «debió tramitarse mediante el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva», ya que cualquier otra entidad podría haber reunido condiciones equivalentes para organizar un evento así.
Clausura del congreso de la UGT en Valencia en 2021
Antifraude considera este dictamen técnico un indicio objetivo de una posible utilización inadecuada de la adjudicación a dedo.
A estas reservas de la Intervención se sumaron las de la Secretaría municipal, que durante la tramitación planteó observaciones sobre la adecuación de la subvención a la materia turística, su compatibilidad con otros fondos y el régimen singular de financiación de UGT.
Aunque consta un informe favorable de la Asesoría Jurídica municipal de mayo de 2021 que dio luz verde formal al proceso, la Agencia Antifraude exige analizar si los reparos de la Secretaría fueron resueltos materialmente y si la motivación final del Ayuntamiento satisfacía las exigencias legales.
Informe jurídico y sospechas de patrocinio
En esta línea, el organismo fiscalizador pondrá la lupa sobre la verdadera naturaleza del convenio municipal. El expediente vinculaba la aportación pública a los efectos de promoción, retorno mediático e imagen de la ciudad. Por ello, Antifraude quiere verificar si se trataba de una verdadera actividad de fomento o si, por el contrario, la operación presentaba características propias de un patrocinio publicitario encubierto, el cual está sometido a la normativa de contratación pública.
Respecto a la ayuda otorgada por la Diputación de Valencia, la investigación detecta dos puntos críticos. Por un lado, la orden provincial justificó de nuevo la concesión directa basándose en el supuesto carácter excepcional y único de la entidad y del evento. Por otro, constan irregularidades en los plazos de justificación: aunque la fecha límite fijada era el 31 de octubre de 2021, en el expediente figuran entregas de documentación realizadas en diciembre.
A pesar de que este retraso no exige de forma automática la devolución del dinero, Antifraude considera imprescindible examinar en detalle si la subvención se gastó correctamente.
