Imagen de archivo de las obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia
El exjefe de Policía de Aguas confirma a la jueza de la dana que el Gobierno no ordenó ninguna vigilancia especial
El testigo asegura que el 29 de octubre se limitaron a realizar tareas «ordinarias» y advierte de un servicio «muy deficitario de personal»
El exjefe de la Policía de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha comparecido en calidad de testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, la cual dejó 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
Durante su declaración, el excargo ha confirmado que el organismo no ordenó ninguna vigilancia especial del dominio público hidráulico el día de la riada, añadiendo que tampoco existió «ninguna instrucción interna de la CHJ con anterioridad al 29-O».
El procedimiento judicial mantiene como investigados a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su exnúmero dos, Emilio Argüeso, con el fin de esclarecer las decisiones tomadas durante la emergencia. Según el testimonio del exjefe -cuya función en el momento de la tragedia era la gestión de los colectivos de guardias fluviales y agentes medioambientales de la CHJ-, la jornada transcurrió bajo gestiones estrictamente «ordinarias».
El testigo ha relatado que durante la mañana llevó a cabo una revisión «rutinaria» en la zona de Gandía y que, posteriormente, pasó a vigilar lo que ocurría «en el ordenador».
En este sentido, ha subrayado que desde el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) «no pidieron ayuda». Asimismo, ha indicado que no recibió ninguna instrucción del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y ha negado haber mantenido contacto alguno con Pradas, con Argüeso o con los alcaldes de las zonas afectadas. Tampoco estuvo conectado a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
Monitorización de Forata
Respecto al control de la situación hidrológica, el exjefe ha explicado que a través de su ordenador pudo observar los valores de la presa de Forata, los cuales eran 10 veces superiores a lo normal, datos que confirmó posteriormente con la Comisaría de Aguas.
Las comunicaciones de aquella jornada también fluyeron por vías informales. El testigo ha admitido que estuvo activo en un grupo de WhatsApp denominado 'Los del Río' y que habló por la tarde con la Comisaría de Aguas sobre la situación de Forata.
Al ser preguntado sobre si recibió en ese chat fotografías y vídeos en tiempo real de las crecidas -como el desbordamiento del barranco de Llombai por la mañana o la crecida del río Magro por la tarde-, ha afirmado no recordarlo con precisión, aunque sí tenía claro que «llovía mucho».
Sobre el manejo de esa información gráfica, ha matizado que habitualmente reenvía el material llamativo a la Comisaría de Aguas, pero «más a nivel informativo que por otra cosa».
Cauces sin vigilancia y falta de personal
El compareciente ha sido tajante al aclarar que desde la CHJ no se envió a los agentes a vigilar expresamente los barrancos, argumentando que la función de la Policía de Aguas es la gestión y protección del dominio público hidráulico.
Sin embargo, ha evidenciado las limitaciones de su departamento al señalar que, si bien la vigilancia de los cauces se realiza durante todo el año, «el servicio es muy deficitario de personal».
Los fallos en el flujo de información técnica también han quedado de manifiesto en su declaración. El testigo ha asegurado que «nadie» le comunicó la caída de las estaciones de aforo, un hecho del que no tuvo conocimiento hasta el día siguiente.
Finalmente, ha aportado una observación técnica sobre los daños en las infraestructuras, apostillando que los arrastres generados por la riada que terminaron obstruyendo las obras de paso «eran elementos que no estaban dentro de los cauces».