Imagen del abogado Rubén Gisbert en las Cortes Valencianas.
El abogado que elevó una queja contra la jueza de la dana acusa a Nuria Ruiz Tobarra y su marido de prevaricación: «Corruptos»
El letrado Rubén Gisbert afirma que el procedimiento responde a «intereses políticos» y subraya que semejantes «irregularidades» anularían cualquier actuación judicial en un «país serio»
El letrado Rubén Gisbert, que ejerce una de las acusaciones particulares en el procedimiento judicial por las consecuencias de la dana, ha atribuido un presunto delito de prevaricación a la jueza instructora de la causa, Nuria Ruiz Tobarra, y a su marido, también magistrado.
La reacción del abogado se ha producido a través de un vídeo difundido en sus canales públicos, en el que tilda a ambos de «corruptos» tras conocerse la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de desestimar las denuncias planteadas contra la magistrada.
En la grabación, realizada en el barranco del Poyo a su paso por Catarroja y titulada 'El CGPJ: la última defensa y encubrimiento de los criminales de la dana y sus cómplices', el abogado arremetió con dureza contra el fallo del órgano de gobierno de los jueces.
Gisbert aseguró que «el CGPJ ha terminado de exonerar la indignidad y arbitrariedad de la prevaricación de la juez de la dana» y afirmó que existe una intencionalidad institucional en la instrucción: «Hay una dirección política. Hasta tal punto que el propio marido de la juez ha participado de las diligencias. El propio marido de la juez ha tomado declaraciones a víctimas, a testigos. La ha sustituido. Esto en sí mismo serviría para invalidar cualquier proceso judicial en un país serio».
Siguiendo esta línea, el letrado aseveró en su intervención que «hay que construir un relato oficial que requiere de organismos jurisdiccionales corruptos como la juez de la dana, su marido... para que no se sepa que hay una dirección política detrás por parte del PP y del PSOE», tildando la actuación de los juzgados como «una pata más de la tragedia de la dana».
Asimismo, dirigió alusiones a Rosa Álvarez, presidenta de la 'Asociación de Víctimas Mortales dana 29-O' -entidad que también ejerce la acusación-, reprochándole que «ha utilizado la muerte de un familiar» y sosteniendo que se incorporará a la actividad política con el Partido Socialista.
El origen del conflicto se sitúa en el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ, que decidió archivar las quejas presentadas por dos de los investigados en la causa: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Ambos cargos cuestionaban la supuesta intervención no oficial del cónyuge de la instructora, el magistrado Jorge Martínez Ribera, en la toma de declaración a familiares de las víctimas mortales del episodio meteorológico del 29 de octubre de 2024.
Para acordar el archivo, el órgano de gobierno de los jueces asumió el criterio del promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde. La resolución concluye que la grabación sonora aportada por las defensas no reúne las condiciones de solidez y certeza requeridas legalmente.
Al haberse obtenido de forma subrepticia sin autorización judicial ni conocimiento de las partes, el CGPJ considera que la prueba queda invalidada.
Asimismo, se señala que las actas procesales no recogen presencia alguna del segundo magistrado y se remarca la incertidumbre derivada del amplio margen temporal transcurrido desde las declaraciones hasta la divulgación del audio.
Resolución «prematura»
La decisión de la institución judicial ha sido criticada por la representación legal de Salomé Pradas, que la ha tachado de «precipitada y prematura».
Imagen de archivo de Salomé Pradas
Según un comunicado difundido por sus letrados, el archivo no puede descartar de forma concluyente la participación del cónyuge de la jueza sin haber tomado declaración previa a las víctimas que afirman que este intervino directamente en los interrogatorios.
La defensa de la exconsellera recordó que ha solicitado formalmente en diversas ocasiones la comparecencia de los afectados identificados y del abogado asistente para verificar los hechos.
Tras indicar que agotarán las vías de recurso disponibles, la representación letrada subrayó que el esclarecimiento de lo sucedido resulta fundamental para garantizar derechos constitucionales como el juez predeterminado por la ley y la tutela judicial efectiva.