Quién es Ricardo Conde, el magistrado que pide el archivo de las quejas contra la jueza de la dana

Contra todo pronóstico, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no incluyó en el orden del día de su reunión de este martes la decisión sobre las quejas presentadas por los dos únicos imputados en la causa penal de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia, es decir, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, así como Rubén Gisbert, uno de los abogados personados en el procedimiento.

La primera en elevar protesta ante el órgano de gobierno de los jueces fue Pradas, hace ya más de un año, alegando que su derecho de defensa está «gravemente afectado» por resoluciones judiciales que, a su juicio, recogen frases categóricas sin suficiente base probatoria y «afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria», además de por la presencia del marido de la jueza instructora en interrogatorios a determinados testigos sin que sea parte de la causa.

Posteriormente, fue Argüeso quien se sumó a las quejas contra Nuria Ruiz Tobarra, insistiendo en el papel jugado por el cónyuge de la magistrada y reclamando que «continúe la instrucción su sustituto legal», mientras que Gisbert hizo lo propio por el mismo motivo ya más adelante.

Así, el debate al respecto fue excluido temporalmente y la discusión se ha aplazado sine die. La razón esgrimida fue más tiempo para un «mayor estudio» del caso. Esta decisión del CGPJ fue toda una sorpresa, ya que tanto el sector progresista como el conservador estaban de acuerdo en aprobar la propuesta de archivo de las quejas que había redactado el promotor de la Acción Disciplinaria de la institución, Ricardo Conde.

Funciones del promotor

Nacido en Madrid en 1964 y accediendo a la carrera judicial en la promoción de 1990, Conde ocupa el cargo de promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ desde 2017. Aunque cesó por imperativo legal en 2024 con motivo de la renovación del Consejo, en diciembre de 2025 fue nombrado por unanimidad para desempeñar las mismas funciones, cuyo titular tiene el rango de magistrado honorífico del Tribunal Supremo (TS).

Éstas, según establece el artículo 607 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) le encomienda «la recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios y la presentación de los cargos ante la Comisión Disciplinaria».

Miembro de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Conde ha ejercido en juzgados de Almendralejo (Extremadura), Barcelona y Madrid, siendo titular de la Plaza de lo Mercantil número 11 de la capital de España, además de haber trabajado en las audiencias provinciales de Cuenca y Toledo.

Su trayectoria no se limita únicamente a las togas, dado que también ha estado en la Administración. En concreto, entre 2001 y 2004, bajo el último Gobierno de José María Aznar, Conde fue asesor de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, organismo dependiente del Ministerio del ramo. Su superior inmediato fue Carlos Lesmes, quien de 2013 a 2022 fue presidente del CGPJ y del TS. En esa etapa, de hecho, participó en la reforma de la LOPJ.

Precisamente, el cargo de director general que ostentaba Lesmes es que el que el ahora promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial asumió entre 2012 y 2016, fecha en la que cesó a petición propia. Justo antes de ese puesto, de 2010 a 2012 el CGPJ le nombró jefe de sección de Servicio de Formación Continua de la institución.

El de la dana no es el único caso mediático con el que le ha tocado lidiar al magistrado. Sin ir más lejos, son varias las quejas que le han llegado a su despacho en relación a la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en relación con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Cuatro de ellas ya han acabado en archivo, si bien todavía quedan algunas por resolverse.