Imagen de los efectos de la dana de Valencia

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La jueza de la dana prorroga medio año la causa hasta la víspera de las elecciones autonómicas

Nuria Ruiz Tobarra tiene para seguir con las actuaciones hasta el 30 de abril, menos de un mes antes de los comicios

Hasta el 30 de abril de 2027, como mínimo. Ese es el nuevo plazo que la jueza que investiga la causa penal por la gestión política e institucional de la dana de Valencia del 29 tiene para seguir con la instrucción y practicar las actuaciones que todavía restan y crea convenientes, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras serle aprobada la prórroga solicitada. Todo ello sin descartar que, llegada esa fecha, pueda solicitar otra más, que sería la quinta ya.

Esto significa que el sumario seguirá abierto al menos hasta vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 2027. Así, el TSJCV señala que a Nuria Ruiz Tobarra le quedan por llevar a cabo «diligencias de investigación pendientes de practicar como declaraciones de perjudicados, de informes forenses, o de nuevas testificales, entre otras».

En otro auto, la magistrada deniega la inclusión como víctima mortal de una mujer fallecida en el Hospital de Manises el 25 de noviembre de 2024, «a la vista de que el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Valencia concluye que no existe una relación de causalidad directa entre las lesiones que sufrió esta mujer en el contexto de la dana con su posterior fallecimiento». Por tanto, el número total de muertos sigue en 232.

Además, en una providencia la jueza acuerda, entre otros extremos, «incorporar a la causa principal el testimonio de las declaraciones prestadas por varios perjudicados».

Finalmente, en una diligencia de ordenación da cuenta de la «recepción del informe presentado por el Ministerio Fiscal por el que solicita la no inclusión como víctima mortal de la dana la mujer sobre la que resuelve el auto» notificado este lunes, así como de la «recepción de un informe con vídeos presentado por la Policía Judicial en contestación a un oficio del órgano judicial del pasado 18 de mayo».

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