La jueza de la dana prorroga medio año la causa hasta la víspera de las elecciones autonómicas

Hasta el 30 de abril de 2027, como mínimo. Ese es el nuevo plazo que la jueza que investiga la causa penal por la gestión política e institucional de la dana de Valencia del 29 tiene para seguir con la instrucción y practicar las actuaciones que todavía restan y crea convenientes, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras serle aprobada la prórroga solicitada. Todo ello sin descartar que, llegada esa fecha, pueda solicitar otra más, que sería la quinta ya.

Esto significa que el sumario seguirá abierto al menos hasta vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 2027. Así, el TSJCV señala que a Nuria Ruiz Tobarra le quedan por llevar a cabo «diligencias de investigación pendientes de practicar como declaraciones de perjudicados, de informes forenses, o de nuevas testificales, entre otras».

La jueza concluye que la causa es de «gran complejidad» y su objeto es de «extrema gravedad», lo que ha exigido la práctica de un gran número de pruebas y puede exigir que sea preciso acordar otras más allá del 30 de octubre de 2026, que es cuando vence el plazo marcado inicialmente por la ley.

Así lo acuerda en un auto de este lunes en el que la jueza adopta esta decisión tras el informe del ministerio fiscal, favorable a la prolongación del plazo de instrucción por otras seis meses, desde el 30 de octubre de 2026, y de otras 17 acusaciones más, entre particulares y populares, como ACPV, FETAP-CGT, PSPV, Compromís, Ciudadanos, Valores, Vox, Mai Més València o la Associació Víctimes Dana 29 octubre de 2024.

La instructora entiende que debe seguir tomando declaración a perjudicados que «se refieren de forma frecuente a otras personas que ostentan igualmente dicha condición, quienes habrán de ser igualmente oídos», así como a testigos, y señala que las declaraciones de perjudicados pueden derivar en la práctica de informes médico-forenses sobre su estado y las declaraciones testificales pueden aportar datos de otros testigos y hacer necesaria la práctica de nuevas diligencias.

Además, señala que los informes y oficios acordados derivan tanto en la solicitud de nuevas pruebas documentales como en nuevas declaraciones testificales, y que el estudio de inclusión de fallecimientos como objeto de investigación exige igualmente la prórroga de la instrucción para, si son considerados parte del procedimiento, determinar las circunstancias de su muerte, lo que puede derivar en que se haya de acordar nuevas testificales o extender la condición de perjudicados a otras personas diferentes de aquellas que instaron la solicitud.

En esta línea, la magistrada recuerda que se ha acordado igualmente recuperar los mensajes de WhatsApp y Telegram del testigo José Manuel Cuenca, el ex jefe de gabinete del que fuera 'president' de la Generalitat en el momento de la dana, Carlo Mazón, en relación con los contactos que autorizó, relacionados con la emergencia, y referentes al 29 de otubre de 2024.

En otro auto, la magistrada deniega la inclusión como víctima mortal de una mujer fallecida en el Hospital de Manises el 25 de noviembre de 2024, «a la vista de que el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Valencia concluye que no existe una relación de causalidad directa entre las lesiones que sufrió esta mujer en el contexto de la dana con su posterior fallecimiento». Por tanto, el número total de muertos sigue en 232.

Además, en una providencia la jueza acuerda, entre otros extremos, «incorporar a la causa principal el testimonio de las declaraciones prestadas por varios perjudicados».

Finalmente, en una diligencia de ordenación da cuenta de la «recepción del informe presentado por el Ministerio Fiscal por el que solicita la no inclusión como víctima mortal de la dana la mujer sobre la que resuelve el auto» notificado este lunes, así como de la «recepción de un informe con vídeos presentado por la Policía Judicial en contestación a un oficio del órgano judicial del pasado 18 de mayo».