Vía libre para la jueza de la dana: archivadas las quejas sobre su marido y seis meses más de instrucción

La vuelta a la actividad judicial en el mes de septiembre después del habitual parón en agosto ha traído buenas noticias a la instructora de la causa penal sobre la gestión política e institucional de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra. Nada que ver con cómo acabó el periodo previo a las vacaciones, ya que terminó el curso con un doble sonoro varapalo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al rechazar la imputación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, tal como pidió ella misma.

Sin embargo, esta nueva etapa ha traído consigo dos buenas noticias para la magistrada en cuestión de pocos días. Ambas se traducen en que tiene vía libre para seguir con las actuaciones. La primea tuvo lugar el pasado día 14, cuando se le concedió la prórroga que había solicitado en aras de llevar a cabo «diligencias de investigación pendientes de practicar como declaraciones de perjudicados, de informes forenses, o de nuevas testificales, entre otras».

Esta decisión adoptada por los órganos superiores supone que el sumario se alargará, cuanto menos, hasta el próximo 30 de abril de 2027. Esta fecha no es absoluto baladí, ya que supone que tan solo 23 días después se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas y el asunto de las riadas es algo que separarlo de la influencia política es del todo imposible. Por tanto, se da por seguro que mientras las pesquisas judiciales avanzan en Catarroja, los partidos de la oposición seguirán tomando la dana como bandera de su relato ante los comicios.

Interrogatorios de su marido

Ese fue el primer respaldo a la instrucción de la jueza. El segundo ha llegado el martes de esta misma semana. El motivo fue la decisión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar todas las quejas que contra Ruiz Tobarra se habían presentado, entre otros motivos, por la presencia y participación activa de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, en algunos interrogatorios a víctimas de la tragedia.

Eran varias tanto las quejas como las personas que las habían interpuesto ante el órgano de gobierno de los jueces. Quien antes dio el paso fue la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas. A ella le siguió el exsecretario autonómico de Emergencias y también imputado, Emilio Argüeso, y finalmente se sumó Rubén Gisbert, uno de los abogados personados en el procedimiento.

Grabación «sin previo consentimiento»

El argumento que los miembros del CGPJ esgrimen es que el audio en que se escucha a Martínez Ribera fue obtenida «sin previo consentimiento de la autoridad judicial ni del letrado de la Administración de Justicia» y «sin conocimiento del abogado que les asistía», una circunstancia que «invalida por sí misma la grabación, ya que la ley establece el carácter reservado de las diligencias de instrucción penal, por lo que su captación subrepticia introduce un elemento de irregularidad que proyecta serias dudas sobre su valor en un hipotético expediente disciplinario».

Estas explicaciones ni mucho menos convencen a Pradas, cuya defensa calificó el acuerdo del Consejo a petición del promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, como algo «precipitado y prematuro». No solo eso, sino que recurrirá el archivo de las quejas y propondrá que, en aras de esclarecer lo ocurrido con el cónyuge de Ruiz Tobarra, se llame a «declarar» a las víctimas: «Nada mejor que llamarlas para que la corroboren, lo que no se ha hecho ni parece que se quiera hacer, y ello pese a que la instrucción del expediente ha durado más de un año», lamenta el abogado de la exdirigente.

Ahora bien, que la jueza haya recibido espaldarazo para seguir las pesquisas y el CGPJ no vea nada reprochable a su quehacer no quiere decir que hasta que el sumario se cierre de manera definitiva todo vaya a seguir igual. El fantasma de la nulidad sigue estando ahí y no ha escampado en septiembre, ni total ni parcialmente. Y no solo por las acciones que en su día puedan plantear Pradas y Argüeso al respecto, sino también el propio Mazón en el caso de que pudiera probar que Ruiz Tobarra le ha investigado sin estar personado en la causa ni tener esa condición procesal.