Valencia se suma a la red antiokupación con los votos del PP y Vox y la negativa de la izquierda

Con la vivienda como el mayor problema para la mayoría de españoles, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes, con los votos del Partido Popular y Vox, la adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Okupación (Red MAO). Del mismo modo, el equipo de gobierno ha rechazado la urgencia de una moción antidesahucio presentada por Compromís.

En este sentido, el concejal responsable de Movilidad y Seguridad, el 'popular' Jesús Carbonell, ha defendido la adhesión a la Red MAO porque si se da seguridad jurídica a los propietarios de los inmuebles se promueve que salgan viviendas al mercados de alquiler y ha recalcado: «Los propietarios de las viviendas tienen el derecho y la expectativa legítima a que los poderes públicos hagan algo en defensa de sus derechos de propiedad».

Por contra, los grupos de PSPV-PSOE y Compromís han criticado han criticado que la capital regional haya cerrado la oficina antidesahucios para «abrir una oficina antiokupación» con «un falso relato para legitimar la especulación inmobiliaria» y han exigido «un escudo social para todas las Mari Carmen» que hay en la ciudad. «Debemos estar a la altura de las circunstancias, se desahucia a una familia cada tres horas», han advertido.

Carbonell ha reivindicado la política de vivienda de la alcaldesa, María José Catalá, porque «abarca ambas medidas; ayuda al que busca vivienda y da seguridad para el que la tiene y pretende alquilarla porque si no, no la alquilará y no facilitará el alquiler para el que la necesita».

Así, ha señalado que el objetivo de la red MAO, del cual ya forman parte 45 municipios, es «facilitar asesoramiento, asistencia, instrumentos de coordinación para los departamentos afectados en materia de okupación, que no es sólo con carácter policial, es que afecta también a servicios sociales y también a las competencias de vivienda, por tanto, son tres delegaciones las afectadas: Servicios Sociales, Policía, y Vivienda».

Además, ha destacado que esta red «carece de personalidad jurídica, y no va a generar un gasto, recibirá y recabará información sobre problemáticas, las iniciativas realizarán un mapeo para conocer los lugares de más incidencia y constituirá servicios de asesoramiento y asistencia».

El edil también ha reprochado a la oposición que digan que la ocupación no es un problema: «Al inicio de esta legislatura, solamente en el barrio de Orriols había 60 viviendas okupadas. En el primer semestre de 2025, en la totalidad de la ciudad había 82». «Se está reduciendo la ocupación, desde luego, claro, gracias al trabajo que se está desarrollando», ha recalcado Carbonell.

Por su parte, el portavoz socialista ha criticado que el Pleno «haya rechazado en muchas ocasiones declarar a Valencia zona tensionada porque la gente no puede pagarse una vivienda» y «ahora se vaya a declarar municipio afectado por la okupación ilegal» cuando es «una situación que no tiene nada que ver con la realidad».

«Cuando llegaron al Ayuntamiento había una oficina por el derecho a la vivienda que cuando la cerraron tenía 6.000 expedientes pendientes de vecinos que estaba siendo expulsados del mercado y extorsionando, y decidieron dejarlos de atender para abrir una oficina antiokupación que presumen que atiende a 59 casos en una ciudad donde hay más de 400.000 inmuebles, es el 0,0001 % de problema», ha recriminado.

Por ello, ha subrayado que el problema de Valencia «no es la okupación sino la especulación inmobiliaria y por la avaricia de unos pocos, una sola persona física acumula 318 viviendas mientras para la gran mayoría, los precios son absolutamente impagables». «Es un problema de corte democrático que unos pocos hagan mucho dinero con el sufrimiento de la mayoría y las Administraciones deben hacerse cargo de este sufrimiento», ha reivindicado Sanjuan que ha puesto el ejemplo de Mari Carmen, la mujer de 87 desahuciada en Madrid.

«El problema solo se ha solucionado cuando se le ha puesto nombre y apellidos, las instituciones democráticas deberíamos estar señalando en estos momentos a las personas que están vaciando nuestras ciudades de vecinos para llenarse los bolsillos y ustedes lo que están haciendo, aprobando esta moción, es darles una coartada, son el tonto útil de quien está echando a los valencianos de València», les ha reprochado.

«Fanatismo ideológico»

En cuanto a Compromís, Ferran Puchades ha criticado que esta moción es «una absoluta expresión de fanatismo ideológico y de sectarismo doctrinario» y ha señalado que es «un acto casi pornográfico» que al Gobierno de Catalá la presenten coincidiendo con el debate social generado desahucio de Maricarmen. "El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda.

«¿Qué tipo de compasión, de caridad, de misericordia, demuestra este Gobierno municipal en todas las cuestiones relacionadas con la política de vivienda y, en concreto, con los desahucios?», ha cuestionado Puchades, que ha recalcado que son «virtudes absolutamente ligadas a la fe cristiana, pero también a la dignidad humana».

El nacionalista ha ironizado con que Valencia sí que se necesita «estar en esta red» porque «desde que está este Gobierno ya se han okupado cuatro locales municipales» y ha cuestionado «qué credibilidad tiene este gobierno cuando un de sus concejales -en referencia a Juan Manuel Badenas- está investigado un presunto delitos de allanamiento del domicilio de una persona jurídica» por su entrada a la sede del Sindicat d'Estudiants del País Valencià.

Carbonell le ha replicado que este Ayuntamiento «estará siempre del lado de la legalidad, lo que comporta apoyar a los propietarios y también apoyar a los concejales que en el ejercicio de sus competencias pues también acceden a los locales, salvo que un juez diga lo contrario».

Escudo social

Asimismo, PP y Vox han rechazado la Urgencia de una moción de para que el Ayuntamiento garantice un escudo social real para las personas vulnerables y frene la especulación de los fondos buitre.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha censurado, en declaraciones previas al Pleno: «El caso de Mari Carmen ha sido la chispa que ha despertado la conciencia de miles de personas en todo el Estado y, especialmente en el País Valencià, que es la segunda autonomía con más desahucios -741 en lo que llevamos de 2026-» porque «no le va a desahuciar la falta de dinero, sino la falta de herramientas públicas». Además, ha lamentado que la ampliación de las ayudas al alquiler que el propio Pleno aprobó continúa, meses después, sin concederse a nadie.

El concejal Javier Mateo ha convenido que el caso de Maricarmen de «ha desencadenado una respuesta social y civil que nos exige a los políticos estar a la altura de las circunstancias» y «cada uno desde su competencia tratar de poner su granito de arena para solucionar un problema que ocurre a diario en muchas ciudades, también la nuestra».